Hace 25 años, el 26 de Noviembre de 1993, el entonces Secretario del Interior Manfred Kanther declaró una prohibición a cualquier activitad relacionada con el PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdistán) en Alemania. El canal de televisión Medya Haber habló con el abogado Lukas Theune de Berlín sobre la actual práctica de represión en Alemania y la dimensión política de la prohibición del PKK. Por su naturaleza política, tal prohibición se puede eliminar únicamente en el ámbito político, dice el jurista. Aún así, el próximo paso legal será un juicio ante el Tribunal de Justicia Europeo para determinar si el conflicto entre el PKK y el ejército turco debería ser tratado bajo el Derecho Internacional Humanitario.

Usted defiende kurdas y kurdos en juicios en Alemania desde hace años. ¿De qué se tratan esos procedimientos legales?

He defendido a varios activistas kurdos. Se trata sobre todo de accusaciones según el párrafo 129 a/b del código penal alemán, es decir “la pertenencia a un grupo terrorista extranjero”. Esos juicios son tan absurdos, porque mis clientes no han cometido un delito penal.

Tampoco están acusados de eso, sino que la acusación dice que han organizado una manifestación, el festival kurdo de Nevroz o un acto cultural. Todas esas son cosas que normalmente queremos en una democracia, porque forman parte de la libertad de reunión. Pero justo esas acciones se criminalizan y se castigan, aunque mis clientes no hayan hecho nada prohibido. Eso es lo absurdo del párrafo 129 a/b. Alguien está castigado y encarcelado, aunque no haya hecho nada. Esa es la primer razón que me hace pensar que tiene motivaciones políticas.

La otra cosa que me parece interesante, es que los tribunales alemanes tienen que tratar el tema sobre la situación en Bakûr, en la parte turca de Kurdistán y sobre lo que está pasando allá. Los tribunales no tienen idea de eso. Nunca han ido, ni conocen a personas que vivieron allá antes de tener que refugiarse en Alemania. Muchos activistas kurdos han sido torturados en Turquía, sus familiaras han sido desparecidos o asesinados, sus comunidades acabaron destruidas. Obviamente ponemos esos temas en la mesa ante las cortes alemanas y nos damos cuenta de que no pueden lidiar con esa situación porque no tienen las capacidades para ello. Es absurdo que la resistencia contra una política de exterminio en contra de un pueblo entero, como se puede observar en Turquía, esté siendo juzgada ante un tribunal alemán.

En un caso, hubo un testigo, Faysal Sarıyıldız. Era diputado del partido HDP (Partido Democrático de los Pueblos) en Şirnex (Şırnak) y contó que había pasado en Cizîr (Cizre) durante el asedio turco. Nos dimos cuenta de que las y los jueces no tenían idea de lo que hablaba. Lo eschucharon cuando contó como el ejército turco había atacado con helicópteros de combate y había destruido la ciudad con artillería. Al final preguntamos: ¿a quién quieren castigar ahora?

De los tribunales alemanes se dice que son independientes. En vista de los castigos que enfrentan activistas kurdos: ¿realmente se pueden calificar como independientes?

La justicia alemana no es independiente, sobre todo en esos procedimientos, más bien, está gestionada por la política. De eso nos damos cuenta cuando hay visitas oficiales de miembros del gobierno, por ejemplo cuando Erdoğan o Davutoğlu vienen a Alemania o cuando Heiko Maas va a Turquía. En las fases previas a esas visitas se pueden observar muchas veces detenciones masivas de activistas kurdos.

Lo particular de esos procesos penales, es que se trata de un “grupo terrorista extranjero” y el Ministerio de Justicia determina a quién castigar y a quién no. Eso quiere decir que no es decisión de los tribunales a quién perseguir, sino del Ministerio, es decir del poder ejecutivo. El mismo gobierno dice: “Queremos que esa persona sea castigada y esa no”, lo que demuestra el carácter político de esos procesos. Los tribunales solamente implementan lo que el gobierno exige.

Para tratar los juicios en contra de activistas kurdos fuera del contexto de las normas del párrafo 129 a/b, Usted recurrió a la Corte Constitucional de Alemania. ¿Cuál es la situación de este conflicto?

Ese recurso de inconstitucionalidad trata sobre varios temas. Sobre todo denunciamos que el Ministerio de Justicia toma la decisión respecto a quién castigar y a quién no. También reclamamos que nosotros como abogados no tenemos acceso a los expedientes. Así no podemos evaluar las informaciones que usa el gobierno y cómo toma sus decisiones. Por lo tanto, esos procesos gubernamentales son secretos y eso, según nuestra opinión, no puede estar permitido en un Estado de derecho. Tenemos que tener el derecho de saber porque alguien está siendo castigado. Pero la Corte Constitucional rechazó este argumento.

Ahora la próxima estación es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para tematizar la pregunta, que ya está en la discusión internacional: ¿no deberíamos tratar el conflicto entre el PKK y el ejército turco en el marco del Derecho Internacional Humanitario? ¿No es en verdad un conflicto armado internacional para el cual, según el derecho internacional, no se puede aplicar el derecho penal anti-terrorista? Esa pregunta no nos la pueden contestar los tribunales alemanes, por lo tanto vamos a dar el paso hacia el nivel europeo.

Este año el Estado alemán intensificó su represión en contra de activistas kurdos. ¿Qué tiene que ver eso con la política del gobierno turco, que ha nuevamente declarado la guerra al pueblo kurdo?

No es enteramente cierto que la persecución ha aumentado a lo largo del último año. El nivel es más o menos constante. Lo que sí es cierto, es que la intensidad de la persecución había disminuido durante el proceso de paz entre 2013 y 2015. Un hecho que demuestra nuevamente que la persecución tiene una motivación política.

Durante el proceso de paz, el interés de persecución del Estado alemán era menor. Pero cuando tal proceso fracasó, la persecución aumentó de nuevo. Pero actualmente no se puede observar un incremento de detenciones, sino más bien la fragementación del aparato administrativo. Porque unos fiscales piensan: “Pues se entiende porqué la población kurda resiste al gobierno turco”, mientre otros piensan: “Me da igual, los perseguimos como terroristas, porque son izquierdistas y algo así no queremos en Alemania.”

Eso demuestra que hay conflictos de interés dentro de las autoridades alemanas. Nuestra tarea es de fortalecer el lado que reconoce el derecho a la resistencia del pueblo kurdo y trabajar consecuentemente para que esos procesos legales paren y que nadie tenga que ir a la cárcel debido a su activismo político.

¿Por qué está prohibido el PKK en Alemania?

Es una pregunta difícil. Creo que hay varios intereses detrás de la prohibición. Por un lado, la cooperación de Alemania con Turquía en el espacio geopolítico tan importante como lo es el Medio Oriente. Turquía siempre ha sido un aliado muy importante para Alemania. Por ejemplo, durante el genocidio contra el pueblo armenio, el ejército alemán actuó junto con las tropas turcas. Esos lazos llevan más de cien años y siguen vivos.

Por otro lado, el gobierno alemán también tiene un interés propio de perseguir movimientos izquierdistas y socialistas. Porque el movimiento kurdo está formulando una crítica en contra del capitalismo. Alemania es un Estado neoliberal y capitalista. Por eso, el gobierno alemán criminaliza a los activistas kurdos, pues también señalan alternativas para la sociedad alemana.

¿Se puede observar una intensificación de la prohibicón de símbolos kurdos en comparación con 1993?

Es difícil comparar esas dos situaciones. A veces hay más represión, otras veces menos. Por el momento hay menos activistas kurdos en las cárceles alemanas que en los años 90. Por otra parte, es cierto que la represión en contra de manifestaciones ha aumentado, sobre todo a través de la prohibición de mostrar símbolos de la YPG/YPJ [las unidades kurdas de autodefensa en Siria] o el rostro de Abdullah Öcalan [líder del PKK].

No hay duda que esas organizaciones que luchan en Rojava contra el Estado Islámico (IS) no están prohibidas en Alemania. Aún así, se siente la presión de la policía durante manifestaciones, porque por mostrar esos símbolos de resistencia hay represalias frecuentemente.

¿Cuál es la mejor estrategia para enfrentar esas prohibiciones?

Como abogadas y abogados intentamos mantener alta la presión legal. Hacemos denuncias a cualquier nivel. Por ejemplo una compañera de Ámsterdam que está litigando para sacar al PKK de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Y nosotros estamos activos en los distintos estados federales de Alemania.

Al mismo tiempo hay que darse cuenta que la prohibición del PKK es justificada políticamente, por lo tanto hay que eliminarla por la vía política. La presión en las calles y en la política tiene que ser tan grande, que el gobierno no pueda mantener vigente la prohibición. Y eso no será una lucha legal, sino política.

Esta entrevista ha sido traducida del alemán. Para leer el original, click aquí