Unión Hidalgo, Oaxaca. En la comunidad binnizá de Unión Hidalgo, Oaxaca, la lucha por el territorio no es nueva. Primero fue contra las eólicas, cuando el gigante energético “Electricidad de Francia” intentó instalar su parque en esta zona, y ahora es por el Cerro La Llovizna, conocido también como “Ciénega Lagartero”, donde opera una mina a cielo abierto que suministra material a la planta de Cementos La Cruz Azul en Lagunas.
La lucha comenzó en el 2022 y en este nuevo año, los defensores zapotecas aseguran que continúan en resistencia, porque este cerro es sagrado y representa su identidad.
El cerro “La Llovizna” está ubicado en los límites geográficos entre Unión Hidalgo y La Ventosa (agencia municipal de Juchitán), donde habita gran variedad de fauna y flora silvestre, la cual está en riesgo, y es uno de los motivos por el cual se lucha.
A pesar de la probable extinción de la biodiversidad por la explotación minera, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó a Leonardo Triay Cisneros una autorización de cambio de uso de suelo forestal. Pero los comuneros de Unión Hidalgo aseguran que ese permiso es insuficiente para extraer material en tierras de uso común y usando explosivos.
Edgar Martín Regalado es uno de los defensores que está en pie de lucha por su territorio, y por esta defensa ha sido amenazado.
“Vemos con indignación que ya hay deterioro del Cerro, y cómo no va a ocurrir eso, si vemos continuamente máquinas que están extrayendo material con explosivos, lo cual no está autorizado en ninguna manifestación de impacto ambiental”, denunció el ambientalista binnizá.
Dijo que denunciaron ante las autoridades la explotación clandestina, por lo que se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) y la Procuraduría de Protección Ambiental de Estado Oaxaca (Propaeo), quienes han preferido actuar con cautela. Sin embargo, el Ministerio Público determinó que en el caso del Cerro La Llovizna sí hay delito que perseguir con base en los artículos 149 y 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, pero también dijo desconocer de algún imputado.
“Aunque hay artículos de la Ley General de Bienes Nacionales que protegen al Cerro La Llovizna, el Ministerio Público dice que no sabe a quién perseguir, pero nosotros no claudicamos, tendremos audiencia próximamente ante un juez federal para decirle quién es el imputado”, señaló Edgar Martín.
El ambientalista zapoteco recordó que el trabajo de defensa se realiza de forma coordinada y colectiva con el representante de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo y con el acompañamiento de la organización civil Código DH.
“En abril del 2022 iniciamos con el proceso de documentación y en septiembre presentamos las denuncias. Las dependencias como la FGR, la Profepa y Propaeo ya realizaron visitas de inspección al Cerro La Llovizna y ahora falta determinar acciones para detener este daño a un cerro de alta biodiversidad que tiene derecho a existir, porque cumple con una función básica: da forma a la Ciénega El Lagartero porque represa el agua de sus propios escurrimientos y de otras fuentes de agua”, explicó el activista.
No sólo queremos la clausura, exigimos cárcel y castigo a los invasores
Con la ayuda de defensores de la tierra y el territorio y comuneros, Edgar ha logrado atraer la atención de las autoridades, que aunque le han dicho que clausurarán las obras que realizan, para ellos lo importante es castigar y restaurar la zona explotada de forma ilegal.
“Oponerse a las eólicas es riesgoso, pero oponerse a la minería es más riesgoso aún, por eso con la ayuda y el acomapañamiento de Código DH hemos podido avanzar. En mi caso, estoy incorporado al Mecanismo de Protección a Defensores de la Secretaría de Gobernación (Segob), porque he recibido agresiones y también criminalizaciones”, declaró Edgar Martín.
Además recalcó que con el gobierno saliente de Alejandro Murat no hubo acceso a la información pública, por lo que hizo un llamado urgente al gobierno en turno encabezado por Salomón Jara Cruz para que dé especial atención a esta invasión del territorio indígena de Unión Hidalgo que no fue consultado y cuyos bienes comunales pretenden privatizarse a través de notarios.
“Ojalá el gobierno de Jara nos apoye, nos dé su respaldo y se clausure esta invasión, pero también que se ejerza acción penal. Le han hecho mucho daño al Cerro La Llovizna usando explosivos, hoy el cerro agoniza, está acabándose poco a poco y eso no es justo, por eso lo defendemos”, concluyó.