I

En 1995, un año después de la firma del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Canadá y nuestro país, Adolfo Gilly, soldado de la patria, envió al General Lázaro Cárdenas el siguiente parte de Guerra:

Mi General:

Tengo la pena de comunicarle:

1.- que hemos perdido una guerra y el gobierno mexicano ha firmado un tratado de rendición;

2.- que por ese tratado queda hipotecado el subsuelo mexicano y en especial nuestra riqueza petrolera;

3.- que las decisiones y los proyectos económicos de este país, conforme a las draconianas estipulaciones de este tratado, quedan bajo el riguroso control del gobierno de los Estados Unidos y de su Departamento del Tesoro”.

El informante tenía razón. Al usar una forma de comunicación militar y dirigirla al General que siendo Presidente de la república defendió de patrimonio nacional, no solo denunciaba la manera en que los gobiernos posrevolucionarios habían entregado los destinos del país a los intereses extranjeros, sino que de ahí en adelante ellos serían los que dictaran su futuro. Eso era la guerra porque como ha sucedido en la historia de México, cuando las clases dirigentes abandonan la lucha, quedan hombres y mujeres, pueblos enteros, que no estaban dispuestos a rendir la plaza y continuarían la guerra.

De eso hace más de dos décadas y conforme el tiempo fue pasando la guerra de profundizó: de un lado la oligarquía nacional y extranjera, con el apoyo incondicional de los gobiernos; del otro los de abajo; unos queriendo apoderase de las riquezas nacionales, otros dispuestos a no permitirlo. La guerra se libró en distintos frentes: unos cambiando las leyes y las instituciones que las operaban para facilitar el despojo, otros organizando sus fuerzas propias y preparando el campo de batalla.

Las bajas, sobre todo de los de abajo han sido cuantiosas. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la institución encargada de velar por la paz interior, es decir, de aparentar que en el país no hay guerra, en los primeros cinco años del anterior sexenio se presentaron 335 conflictos entre pueblos indígenas, todos por despojo de recursos naturales, 123 involucran el agua. De los 335 que la Secretaría de gobernación registró en el gobierno anterior 16 se ubicaron en el Estado de México.

Uno de ellos es el de la comunidad nahua de San Pedro Tlanixco, ubicada en el municipio de Tenango del Valle.

II

San Pedro Tlanixco es una comunidad nahua, se ubica en el municipio de Tenango del Valle, Estado de México y cuenta con alrededor de 4500 habitantes. En los años ochenta llegaron al municipio de Villa Guerrero -vecino de San Pedro Tlanixco- grandes empresas floricultoras, con las cuales, desde el año 2002 la comunidad mantuvo una disputa por el uso y disfrute del agua del río Texcaltenco, el cual nace en Tlanixco. El problema comenzó el 14 de mayo del 2001, cuando la Comisión Nacional del Aguan (CONAGUA) canceló la concesión que años antes había otorgado al pueblo para que usara el agua del río para sus labores domésticas y de agricultura tradicional y en cambio extendió una concesión a los empresarios floricultores del municipio vecino. De este hecho los afectados se enteraron meses después.

Es importante notar que la actuación de la autoridad estaba fuera de la ley. La legislación internacional, por un lado, la obligaba a respetar el derecho humano al agua, pero además y tratándose de pueblos indígenas, a respetar su derecho de usar, administrar y beneficiarse de esos recursos; además de que La Ley Nacional del Agua era tajante al disponer que “el uso doméstico y el uso público urbano [del agua] siempre serán preferentes sobre cualquier otro uso”. Eso decía la ley, pero a los funcionarios no les importaba. Y con su actitud dieron origen a un problema entre comunidad y floricultores.

Esta situación generó un gran descontento en la población de Tlanixco, quienes insistían en la necesidad de usar el agua para uso personal, de la comunidad y para el riego de sus cultivos. Para salvar esa situación la CONAGUA les otorgó una concesión para el uso de cuatro manantiales de agua: el Salitre, el Vellotal, el Tronconal y Puente de Trozo. Sin embargo, años después, desconociendo todo acuerdo y sin previo aviso se les advirtió que las concesiones de los cuatro manantiales estaban nulificadas, y que eran propiedad del municipio floricultor de Villa Guerrero.

El día 1 de abril del año 2003 representantes de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero ingresaron al territorio de Tlanixco sin autorización del pueblo y sin siquiera avisarles. Los habitantes que se dieron cuenta de la invasión dieron cuenta a las autoridades y estas avisaron al resto de los pobladores mediante el repique de las campanas de la iglesia. Se reunieron más de trecientas y cuando discutían acaloradamente el empresario Alejandro Isaak Basso cayó accidentalmente por un barranco y murió. En lugar de abrir una averiguación previa sobre los hechos, Procuraduría General de la República usó el suceso como pretexto para perseguir y encarcelar a los representantes del pueblo, con la firme intención de que dejaran de reclamar el agua.

Fue así como detuvieron, pusieron en prisión, sometieron a proceso judicial y condenaron a seis personas.

1. El Sr. Pedro Sánchez Berriozábal, campesino de profesión, era el principal vocero del Comité de agua potable de San Pedro Tlanixco. Fue detenido el 22 de junio de 2003 y sentenciado el 13 de junio de 2006.

2. El Sr. Teófilo Pérez González, albañil de profesión, era integrante del Comité del Agua. Fue detenido el 22 de julio de 2003 y sentenciado el 13 de junio de 2006.

3. El Sr. Rómulo Arias Mireles, mecánico de profesión, integraba la asociación civil para la protección del agua de Tlanixco. Fue detenido en julio de 2006 y sentenciado el 13 de junio de 2006.

4. El Sr. Lorenzo Sánchez Berriozábal, obrero de profesión, participó en las mesas del agua. Fue detenido el 12 de diciembre de 2006 y sentenciado el 27 de noviembre de 2017. Pasó prácticamente once años detenido sin sentencia.

5. El Sr. Marco Antonio Pérez González, albañil de profesión, había participado en reuniones comunitarias sobre el tema del agua. Fue detenido el 13 de diciembre de 2006 y sentenciado el 27 de noviembre de 2017. Pasó prácticamente once años detenido sin sentencia.

6. La Sra. Dominga González Martínez, campesina de profesión, firmó el amparo a través del cual la comunidad indígena de Tlanixco reclamaba su derecho al agua del río que nace en su pueblo. Fue detenida el 15 de junio de 2007 y sentenciada el 27 de noviembre de 2017. Pasó más de diez años detenida sin sentencia.

III

La embestida judicial contra los defensores del agua en San Pedro Tlanixco ha sido tan burda que, en un hecho sin precedentes, diez relatores de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, organización internacional de la de la que el estado mexicano forma parte, han tenido que salir a denunciarlo. De acuerdo con sus propias palabras.

Los juicios se habrían visto afectados por varias irregularidades, entre las cuales [pueden señalarse las siguientes]: ponderación basada exclusivamente en declaraciones de los testigos de cargo que no estaban presentes en el momento y lugar del hecho delictivo; valoración de testimonios incoherentes e inverosímiles; desigualdad frente a los tribunales y en el acceso a la justicia; no respeto del principio de individualización de la pena; verificación de una inversión del onus probandi y consecuentemente violación del principio in dubio pro reo.

Efectivamente, además de la obvia parcialidad de los denunciantes quienes tenían un interés contrario a los defensores del agua de Tlanixco, sus testimonios presentan notorias contradicciones e incongruencias entre ellos. Las declaraciones de los 11 miembros de la Asociación de Usuarios del río Texcaltenco tendrían en común señalar la participación, en el lugar del hecho delictivo, de los principales líderes del movimiento en defensa del agua. Los acusados habrían sido identificados por los testigos de manera arbitraria durante reuniones organizadas en el Municipio de Villa Guerrero para preparar declaraciones, gracias a minutas, fotos y videos tomados durante las Mesas del Agua.

Se destaca que, dentro de sus declaraciones, los 11 testigos señalan haber visto, en el lugar de los hechos, a personas que no estuvieron presentes. Estos testigos aseguraban, por ejemplo, que otro miembro de la comunidad, el Sr. Faustino Trujillo Perdones habría “pateado al occiso el Sr. Alejandro Isaak Basso”. El Sr. Faustino es una persona con discapacidad, que con anterioridad a los hechos ya se encontraba en la incapacidad de caminar. Igualmente, señalaron que, en el lugar de los hechos, estaba el Sr. Venancio Zetina González, quien había fallecido mucho antes de los hechos. Los 11 testigos también habrían asegurado la presencia en el lugar de los hechos y con particular protagonismo del Sr. Benito Álvarez Zetina, entonces presidente del Comité del Agua. Pero, el Sr. Benito Álvarez Zetina, maestro de profesión, pudo acreditar que se encontraba en Toluca dando clases durante los hechos.

Por otro lado, de varios de los testimonios se desprende que los denunciantes no podían estar presentes en el momento en que falleció el Sr. Alejandro Isaak Basso. Sin embargo, se tomaron sus declaraciones como ciertas y suficientes para sentenciar a los defensores. Unos de los testigos habría admitido que las declaraciones se preparaban colectivamente, y que la hermana del Sr. Isaak Basso les habría instruido sobre a quienes señalar como presuntos responsables del hecho delictuoso.

IV

Con todo y lo grave del caso y lo vergonzoso que resulta para un país que se reclama como de estado de derecho y pluricultural hay que advertir que los relatores de Naciones Unidas solo se refieren a la violación al derecho de debido proceso, no se ocupan de otros derechos violados, cuyas violaciones son tan graves o más que las que se denuncian, cometidas por las autoridades del gobierno mexicano. Me refiero a los derechos de los pueblos a los que los presos políticos representaban cuando fueron detenidos y procesados. Entre ellas, se pueden citar las siguientes:

• El derecho de los pueblos indígenas y comunidades indígenas a la libredeterminación a la autonomía y como parte de ella a la preservación de su identidad territorial.

• El derecho de los pueblos y comunidades indígenas de acceso preferente a los recursos naturales existentes en sus territorios

• El derecho de los pueblos a usar, aprovechar y administrar sus recursos naturales.

• El derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, antes de otorgar el aprovechamiento de sus aguas a terceros.

Al ignorar estas obligaciones el estado mexicano generó el conflicto entre la comunidad y los floricultores, que es el origen de los sucesos por los cuales después se incriminó a los seis presos políticos por los cuales estamos aquí exigiendo su libertad. Consecuentemente, es obligación del estado generar las condiciones para que de inmediato recuperen su libertad.

VI

Por su voluntad no lo va a hacer. Por eso es importante que sea la fuerza del pueblo organizado quien lo obligue a hacerlo.

Eso es lo que nos enseñó el general Emiliano Zapata.

El 6 de diciembre de 1911, desde su campamento en Morelos, el comandante del Ejército Libertador dirigió una carta al Teniente Coronel Gildardo Magaña, explicando porque no aceptaba las condiciones de rendición que el gobierno de Francisco I. Madero, que acababa de tomar el poder una vez se pactó con Porfirio Díaz su salida del poder y del país, en los siguientes términos:

Yo, como no soy político, no entiendo de esos triunfos a medias; de esos triunfos en que los derrotados son los que ganan; de esos triunfos en que, como en mi caso, se me ofrece, se me exige, dizque después de triunfante la revolución, salga no solo de mi estado, sino también de mi Patria… Yo estoy resuelto a luchar contra todo y contra todos sin más baluarte que la confianza, el cariño y el apoyo de mi pueblo.

Así hágalo saber a todos; y a Don Gustavo dígale, en contestación de lo que de mi opinó, que a Emiliano Zapata no se le compra con oro. A los compañeros que están presos, víctimas de la ingratitud de Madero, dígales que no tengan cuidado, que todavía aquí hay hombres que tienen vergüenza y que no pierdo la esperanza de ir a ponerlos en libertad.

Se requiere el esfuerzo y lucha de las personas decentes y dignas de este país para que los presos políticos de Tlanixco y los de todo el país vuelvan a la libertad. Cuando esto suceda se habrá ganado una batalla, pero no la guerra. Está continuará hasta que nuestra patria recupere su soberanía y podamos decir que hemos ganado la batalla.