Se vienen tiempos difíciles para el movimiento de Ayotzinapa. En tan solo una semana, los estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos han estado en la boga criminalizadora de los medios de comunicación y en la punta de los toletes de granaderos estatales y federales. Todo, almizclado con las declaraciones del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien ha prometido investigar los presuntos nexos entre normalistas y crimen organizado. No importa que el grupo de expertos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, descartase esa línea de investigación en el caso Iguala, o que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos haya señalado que no se han atendido  ninguna de las 26 recomendaciones en la desaparición de los 43. Aquí el objetivo es relacionar a los estudiantes con temibles narcotraficantes y desacreditar todo un movimiento de cara a las navidades, cuando la desmovilización política es más evidente.

Para entender mejor la estrategia gubernamental respecto a estos últimos acontecimientos, hablamos con el investigador y sociólogo Armando Bartra, autor de varios libros como Guerrero Bronco o Los nuevos herederos de Zapata, y quien actualmente funge como profesor del Posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Gran conocedor de la historia de Guerrero y de sus movimientos sociales, le preguntamos respecto a la criminalización que los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa han recibido estos días.

“No creo que pueda haber ninguna duda que hay una campaña sistemática en estos dos últimos días con una violenta represión; de que hay un proceso de criminalización en Guerrero y en todo el país. Si seguimos la pista de Oaxaca, tenemos un fenómeno parecido: militarización, represión y particularmente contra los maestros organizados”. Bartra va directo al grano. Ve que el actuar del gobierno, con una audio filtrado y manipulado al diario Milenio hace tres días, donde relaciona al vocero de los normalistas, Omar García y varios alumnos con el grupo del crimen organizado Los Rojos, más la represión inusitada como la que se vivió en libramiento de Tixtla contra decenas de estudiantes dos días después, responde a una juego de legitimidad.

“En septiembre del año pasado se genera una movimiento de carácter nacional muy poderoso y duro. Para el mes de noviembre hay grandes manifestaciones en el interior del país y se empieza a corear “Fuera Peña”. Esto preocupa sin duda al gobierno federal  y preocupa a los poderes fácticos y se empiezan a implementar nuevas políticas. Una nueva política que se podía percibir en Guerrero contra el magisterio democrático, es no responder a las movilizaciones con acciones represivas. Una lógica que algunos veían permisiva: “¿cómo es posible que no respondan cuando les chocan autobuses contra un cuartel militar?, ¿Cuándo bloquean el tráfico?”.

Para el investigador de la UAM, no escapa del cálculo del gobierno cuando un movimiento empieza a radicalizarse o endurecerse. Ello provoca que los grupos se reduzcan y al mismo tiempo, que estos sean más contundentes en sus acciones. El académico pone sobre la mesa el caso del magisterio democrático de Oaxaca con la Sección XXII. “Hubo una permisividad que se hizo que se fueran de boca, que se fueran radicalizando, y no en el sentido de la ampliación o de aumentar, sino que se fueran reduciendo y extremando su actuar. Entendíamos que esto tenía un fin. Fue después de las elecciones intermedias cuando hubo la contraofensiva, justificada en términos de la opinión pública”.

Bartra arguye que dejar que los maestros y estudiantes “se pasen de la raya”, es un plan con maña que por una parte busca el desgaste y por otro sensibilizar la sociedad hacía la represión. “Con los maestros en Oaxaca dejaron que se desatara y se comenzaron a replegar porque ahora no hay negociaciones. Empezaron peleando contra la reforma educativa y ahora lo hacen por sus presos políticos. Eso es un retroceso para el movimiento que les hace estar a la defensiva. Con Ayotzinapa, el gobierno planeó esto en sentido de no reprimir de manera significativa hasta después de las elecciones, y después de ese momento, hay una opinión pública que lo estaba reclamando”.

“Los movimientos no están ascenso  indefinidamente. El caso Ayotzinapa no se olvidará pero otra es que la capacidad de movilización se mantenga en el mismo nivel”. El investigador apunta que en los meses posteriores a los sucesos de Iguala, el 26 de septiembre de 2014, el movimiento por los 43 adquirió una legitimidad abrumadora. Era un costo político muy elevado para el gobierno mexicano proceder contras las protestas, explica Bartra. Pasó un año, y a partir de un determinado momento, donde se acercan las navidades, empieza la escalada represiva. “Bajo el gobierno interino Rogelio Ortega, eran más difíciles las medidas represivas. Pero terminó pronto. Y con el cambio de gobernador electo y del PRI, hace que el proceso de criminalización se acelere con las protestas”.

El sociólogo pone otro ejemplo de este actuar gubernamental. “Con el movimiento pacifista de Javier Sicilia, era un movimiento intocable. Tenían una legitimidad bárbara. Mejor lo dejaron que se desplegara, que se decantara y se dividiera.”

En estos procesos donde empiezan las confrontaciones, la estrategia son las negociaciones y la represión por partes. “Lo ideal es tener órdenes de aprehensión. En México hay miles de personas con órdenes de aprehensión, es una espada de Damocles, se da en el momento que ellos quieran. Primero es la angustia, el siguiente paso es ejecutarlas”, explica Bartra

A finales de octubre, en Oaxaca se detuvo a cuatro dirigentes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, dos de ellos recluidos actualmente en penales federales de máxima seguridad. Su gobernador, como el de Michoacán, anunciaron sendas órdenes contra estudiantes y normalistas en sus entidades. Solo en el estado gobernado por Silvano Aureoles, hay 50 órdenes contra normalistas.

“El PRI es una corriente política que no respeta la democracia pero quieren legitimidad, mano dura y legitimidad. Esta carta es la que han buscado. Se fueron sin obstáculos hacías las reformas estructurales y a los dos años se desplomaron. El gobierno no pudo conseguir ese régimen de consenso y no creo que estuviera en sus posibilidades. Ahora, no queda otra que el autoritarismo y esta si es una actitud histórica, sin intento de convocar la credibilidad”, sentencia el profesor.