“Hace 10 años que tuvimos una gran lucha en este mismo sentido  y les demostramos de manera fehaciente que nosotros somos los dueños de los panteones, e independientemente de que no lo fuéramos, somos los posesionarios de los mismos”, señaló Jesús Sebastián Guzmán, miembro de la Unión Autónoma de Pueblos y Barrios originarios del Distrito Federal en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO a propósito de la Ley de Cementerios de la Ciudad de México, aprobada el pasado 9 de junio por el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en espera de observaciones de Miguel Ángel Mancera para volver a ser votada.

La lucha por defender los panteones de los pueblos originarios, a decir de la Unión, se remonta a los años 2002, 2004 y 2006, cuando de manera sistemática la ALDF pretendió, “mediante artimañas”, “arrebatarles” la administración de los panteones de los pueblos del Distrito Federal, tal y como advierten, podría pasar de un momento a otro al no habérseles consultado en la nueva legislación.

En esos años de lucha por sus panteones comunitarios, señalaron, se instruyó a la Consejería Jurídica y de Gobierno para que en complicidad con la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario realizaran los trámites relativos para la formal asignación de los Cementerios Oficiales del Distrito Federal a las 16 Delegaciones Políticas, incluidos, a decir de los mismos, los cementerios de los pueblos. Una situación que orilló a la Unión Autónoma a tomar cartas en el asunto.

En octubre del 2006, la Unión ingresó un escrito de queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), solicitando la suspensión inmediata “del proceso de despojo que gestaba la Dirección General de Estudios Legislativos y la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario […] para quitarnos la administración de nuestros cementerios”.

La CDHDF cuatro meses después, dio respuesta al solicitar a la Dirección Jurídica –hoy Jefatura de Unidad de Acervo Histórico adscrita a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos- que le informara sobre la queja, a lo cual ésta respondió que los Cementerios Vecinales “serían excluidos de la investigación que se había solicitado sobre los antecedentes registrales”.

La Unión Autónoma de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal señaló en uno de los documentos entregados el pasado 20 de junio a la ALDF que en aquel momento “el oficio señala que toda propuesta de modificación a las disposiciones que regulan la administración, conservación y preservación de los Cementerios Vecinales como los llama el Gobierno del Distrito Federal, aunque en realidad son los cementerios comunitarios de los pueblos y barrios,deberá ser consultada con las organizaciones vecinales, pueblos originarios y demás formas de organización autónoma de aquellos que mantienen vivas nuestras tradiciones y cultura mortuoria, a través de los mecanismos establecidos en las disposiciones legales”.

Del mismo modo, el documento señala que “el Gobierno del Distrito Federal no puede declarar que los inmuebles destinados al servicio público de Cementerios en los mal llamados Panteones Vecinales sean propiedad de los vecinos”, es decir; el Gobierno no puede disponer de inmuebles que no son de su propiedad, señaló la Unión Autónoma en el oficio.

El último intento “privatizador de los cementerios comunitarios”, fue el 17 de octubre del 2013 cuando la legisladora Polimnia Romana Sierra Bárcenas promovió ante la ALDF una iniciativa de Ley de Cementerios, poniendo en alerta a los pueblos y barrios originarios del Distrito Federal.

Los pueblos originarios no procedieron a la movilización sino al diálogo.

La Unión Autónoma de Pueblos y Barrios del D.F. se reunió con la legisladora el día 3 de noviembre del mismo año en el cementerio de los Reyes, Coyoacán para explicar su propuesta.

“Al término de su exposición, le expresamos nuestra preocupación porque la iniciativa no se había consultado con los pueblos. La contestación de la asambleísta fue clara y dijo ante aproximadamente 1000 personas habitantes de los pueblos y barrios de 10 Delegaciones en el Distrito Federal: ‘la ley no pasa sin antes consultar a los pueblos y barrios originarios del Distrito Federal’. Por desgracia, no cumplió su palabra”, señaló la Unión Autónoma a través de un documento emitido.

Hoy los pueblos aseguran, esto jamás sucedió.