Carichic, Chih. Por la orilla del camino de terracería que atraviesa la sierra Tarahumara de Carichí, rumbo a la comunidad de Tehuerichi, transita a pie una familia rarámuri. El padre, al frente. De su mano derecha pende una botella de litro y medio de Coca-Cola. La madre lo sigue con una bolsa de frituras de conocida marca abrazada contra el pecho. Al final va un niño de ocho o 10 años que come de lo que le ofrece la mujer. En kilómetros a la redonda sólo se observa un vasto laberinto de montañas y barrancas.

En una región duramente castigada por la sequía (dicen las autoridades que la peor en 71 años) y amagada por una emergencia alimentaria que el gobierno en sus distintos niveles pretende resolver sólo con el reparto de despensas, el cuadro adquiere un irónico tinte surrealista: naturaleza muerta con refresco de cola y papas fritas (por supuesto, no se trata del surrealismo que el poeta francés Antonin Artaud buscaba cuando viajó a la Tarahumara en 1936).

La escena se desarrolla en los días posteriores al escándalo desatado por el rumor de que los rarámuris se estaban suicidando por hambre. La noticia (difundida en una televisora local y lanzada el mundo por Twitter y Facebook) resultó falsa, pero tuvo el efecto relativamente positivo de llamar la atención sobre la escasez de agua y el histórico rezago en la producción de alimentos en la región.

Con eso en mente, para el fuereño chabochi (así llaman los rarámuris a los mestizos) los productos mencionados, emblemas de la llamada comida chatarra, resultan a simple vista un lujo aberrante e incomprensible en ese contexto. No es, sin embargo, una anécdota aislada. Al contrario, según se dice, se está volviendo común: No es raro que en plena sierra te encuentres a un rarámuri con su Coca-Cola y su bolsa de Sabritas. Síntoma de una realidad que elude interpretaciones simples.

La emergencia alimentaria y la escasez de agua no son problemas coyunturales y, por tanto, no admiten soluciones de ese tipo. Lo vienen señalando desde hace tiempo investigadores, activistas sociales, líderes comunales, sacerdotes y todos los que conocen la región y mantienen una relación estrecha con sus habitantes.

Las políticas públicas asistencialistas aplicadas durante décadas, el otorgamiento indiscriminado de concesiones para grandes proyectos turísticos y mineros, la economía globalizada, la depredación del bosque, el cambio climático y ahora la omnipresencia del narcotráfico están causando estragos sin precedente en las estructuras sociales y en la cultura de los rarámuris.

Una voz de alarma es la de María Teresa Guerrero Olivares, integrante y cofundadora de la asociación civil Consultoría Técnica Comunitaria, quien pone un ejemplo reciente: el programa Oportunidades del gobierno federal actual, basado en la entrega de dinero en efectivo, presuntamente para sacar a los indígenas de la pobreza, es básicamente asistencialista, un paliativo que no ataca las causas estructurales del hambre.

Al repartir dinero en efectivo se desactiva la producción alimentaria y la gente se sienta a esperar el chequecito.

Refiere a estudios antropológicos que documentan que estas ayudas –entre otros factores– transforman dramáticamente las pautas de consumo y alimentación de los indígenas de la Tarahumara. En otras palabras, gradualmente van dejando de comer lo que comían y beber lo que bebían.

Por acá todavía está fresco el recuerdo de la visita que a finales de noviembre hizo Felipe Calderón a Batopilas, segundo municipio del país en cuanto a rezago, donde anunció la bancarización del programa Oportunidades, con la entrega de tarjetas bancarias a los más pobres para recibir los apoyos en un cajero automático (La Jornada, 1/12/11). El problema es que en Batopilas no hay bancos ni cajeros.

Al párroco de Creel, Héctor Fernando Martínez, la anécdota le resulta sintomática del desconocimiento y la falta de sensibilidad de las autoridades –de todos los niveles– respecto de la forma de vida y los problemas que enfrentan los indígenas: ¿Cómo se le ocurre venir a entregar tarjetas justo en las partes más profundas de las barrancas, a una de las comunidades más aisladas? Lo menos que se puede pensar es que está muy mal asesorado.

El programa –insiste por su lado María Teresa Guerrero– parte de un diagnóstico equivocado, que no toma en cuenta que la economía rarámuri gira en torno a la siembra del maíz, a la crianza de animales (gallinas, chivas y vacas), a la colecta de plantas y, en algunos casos, a la pesca y la cacería. Así han vivido por siglos, en una economía de subsistencia cuya prioridad no es la acumulación de bienes y dinero.

En un estudio de la agroecóloga Beatriz Arzacoya (La sierra Tarahumara, el bosque y los pueblos originarios), realizado por encargo de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y las Alimentación (FAO), se explica que los pobladores de comunidades muy marginadas consideran que ser rico es mantener su bosque en buen estado, ya que les proporciona bienestar.

Si no hay caminos de acceso, el chabochi no puede llegar hasta sus comunidades para llevarse el bosque; si no tienen drenaje, no se contaminan sus ríos y aguajes (manantiales); si no hay escuelas, no se pierde el costumbre; no les parece necesario entubar el agua, porque viven cerca de las fuentes de donde se obtiene. En pocas palabras, el bosque satisface las necesidades para llevar lo que ellos consideran una vida feliz.

Por supuesto que desde la perspectiva de la economía globalizada consumista, basada en la depredación y el arrasamiento de los recursos, esa forma de vida es absurda, primitiva, reacia al progreso y al bienestar.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua, entre el primero de mayo y el 30 de noviembre de 2011 la sequía ha sido severa en 37 de los 67 municipios de Chihuahua; nueve de los municipios más afectados se encuentran en la Tarahumara. De diciembre a la fecha, tampoco ha llovido.

Las autoridades la han denominado eufemísticamente sequía atípica, como si se debiera a un capricho de la naturaleza, omitiendo la relación que guarda con la sobrexplotación que han padecido los bosques durante décadas.

Aunque en el caso de la Tarahumara el gobierno del estado atribuye el deterioro forestal a la tala clandestina y a la extracción de los mejores árboles, dejando en pie los de menor calidad, el estudio de Beatriz Arzacoya reporta que durante más de un siglo se han otorgado permisos para la explotación maderable, lo que ha traído en consecuencia el deterioro de 50 por ciento del territorio forestal de la Tarahumara y en algunas zonas el bosque está totalmente destruido.

Sólo durante la década de los 90 del siglo pasado se deforestaron entre 370 mil y 680 mil hectáreas. Y a pesar de las constantes y fundadas advertencias sobre el impacto ambiental de esa práctica, en 2008 se autorizó la extracción de 2 mil 500 millones de metros cúbicos en 33 municipios de la Tarahumara.

Arzacoya observa que las políticas forestales de los distintos gobiernos y las prácticas depredadoras de la población mestiza, que sólo ven al bosque como productor de madera, contrastan con la concepción sistémica que los indígenas tienen de los recursos naturales: preservarlos es garantizar su sobrevivencia. En el bosque sano se encuentran venados, ardillas, leña, plantas medicinales; atrae la lluvia e impide la erosión; si llueve, hay agua para tomar y bañarse; hay maíz, frijol y pastizales para las vacas y las cabras.

Bosques-seguridad alimentaria

En consonancia con esa visión, la FAO reconoce que la salud o deterioro de los bosques guardan estrecha relación con la seguridad alimentaria. La caída de la producción de maíz y frijol –base de la dieta rarámuri– en la sierra tiene que ver con la falta de lluvia y con el empobrecimiento de los suelos provocado por la erosión.

Estudios de la asociación civil Consultoría Técnica Comunitaria (CTC) indican que una familia rarámuri de cinco miembros requiere una tonelada de maíz al año para cubrir sus necesidad de consumo humano y animal. Sin embargo, en condiciones normales la producción que obtiene de sus tierras (todas de temporal) es de 500 kilogramos, que hace rendir hasta por seis o siete meses.

Este año, explica María Teresa Guerrero, integrante y cofundadora de la CTC, ni siquiera alcanzarán a cubrir esa cantidad, lo cual supone que el resto lo tienen que adquirir en la tienda comunitaria, donde hace tres años se conseguía a 2.80 pesos el kilo y ahora está a siete. El frijol ya es, de plano, prohibitivo, pues en algunas partes de la sierra alcanza 35 pesos.

Es proverbial la capacidad de los rarámuris para vivir en la austeridad, en autonomía y en digna subsistencia. Durante siglos no necesitaron otra cosa que maíz, agua, plantas silvestres y algunos animales del bosque. Ellos lo cuidaban y éste los proveía. La emergencia alimentaria que se vive ahora y la sequía atípica son consecuencia de la ruptura de ese círculo virtuoso.