Hablar de democracia no siempre es fácil en aquellos contextos en los que muchas comunidades siguen estando excluidas de sus derechos fundamentales. Tampoco lo es cuando la configuración social ha estado marcada por una historia de conflictos, asimetrías y crisis. Mucho menos cuando reducimos el concepto a la acción electoral, casi siempre manida, desinformada y sin mucha consciencia, tal y como sucede en nuestro país.

Sin embargo, si hemos de admitir que la democracia, más allá de ser un sistema político, es también un encuentro de sentidos comunes, de exigencias y derechos humanos. Hemos de reconocerla entonces como un punto fundamental en la construcción de sociedades justas, cuyo progreso se mide en términos de inclusión social. Lo cual implica un reconocimiento real de los otros en sus diferencias, diversidades, sexualidades y expresiones de vida.

Es tal vez ahí, en la inclusión social, donde vemos lo fundamental para definir si estamos hablando o no de democracia. Porque si las minorías no hacen parte constitutiva de un Estado social de derecho, ¿cómo podríamos hablar entonces de sociedades democráticas? Cabe resaltar que la Constitución de 1991 hizo un gran avance respecto a los principios de inclusión al dictar en su artículo 13 que todos nacemos libres e iguales ante la ley, por tanto, tenemos derecho a recibir “la misma protección y trato de las autoridades”, además de gozar “de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.

Y si bien la categoría de “otros” acoge a muchos, es importante dar a cada uno la identidad y la voz que por derecho les corresponde. En este sentido, detenernos en el movimiento LGTBIQ+ no solo es importante por el protagonismo que ha cobrado en los últimos años en el ámbito nacional, también porque es un actor colectivo que agrupa a múltiples organizaciones y expresiones que se apoyan en una causa común: el respeto a la vida y el reconocimiento de los derechos humanos, y cuya participación ha sido relevante en la movilización social de este 2021.

Breve historia de las luchas LGTBIQ+ en Colombia

Desde la fundación del primer “movimiento de liberación homosexual” en 1976 (liderado por León Zuleta) hasta nuestros días, se tienen registros de movilizaciones y luchas por la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+, las cuales han sido encabezadas por personas sexo diversas. El mismo León Zuleta, por ejemplo, creó a finales de 1977 el periódico El Otro, una publicación con una marcada influencia de León Trotsky y Sigmund Freud que se transformó en uno de los primeros escenarios políticos de pensamiento crítico y militante por los derechos homosexuales en Colombia.

Asimismo, Manuel Antonio Velandia junto a Guillermo Cortés y Alejandro Barón fundaron a finales de 1980 la revistaVentana Gay como otro espacio de discusión sobre la diversidad sexual que se amplió incluso a congresos, foros y eventos académicos.

León Zuleta, Manuel Velandia, Ernesto Rodríguez y Guillermo Cortés se reunieron el 9 de abril de 1977 para crear el Grupo de Encuentro por la Liberación de los Guéis -GELG- al que se fueron uniendo diferentes activistas, en especial del ámbito de las artes. Aquí es importante resaltar que el grupo usaba la palabra “Guéis” no el anglicismo Gays, con la intención de hacer explícito su rechazo al imperialismo norteamericano. En este orden de ideas, también surgió en 1978 el Grupo de Estudios de la Cuestión Homosexual -Greco-, liderado por León Zuleta, Fernando Alvear y diversos estudiantes de la Universidad Nacional. El Greco fue el primer colectivo que le permitió el ingreso a las mujeres y fue pionero en crear lazos con grupos feministas.

Pero fue solo hasta 1994 (cuando la International Gay and Lesbian Human Rights Commission -Comisión Internacional Gay y Lesbiana de Derechos Humanos, IGLHRC por sus siglas en inglés- le otorgó el premio Felipa de Souza al activista colombiano Juan Pablo Ordóñez por su investigación sobre los homicidios de homosexuales en Bogotá) que surgió concretamente el Movimiento LGBT en Colombia.

Fue Juan Pablo Ordóñez quien convocó, a propósito de los 25 años de Stonewall, la primera reunión ampliada de activistas y personas LGTB del país, con la firme intención de articular vocerías, crear agendas comunes y tramitar la personería jurídica. Pero, aunque la propuesta fue bien recibida y contó con una notable participación, el proyecto de una asociación nacional LGTB no pudo llevarse a cabo por muchas razones.

Es importante mencionar que en la actualidad la ONG Colombia Diversa, fundada en 2004 como una respuesta a los continuos fracasos de los proyectos de ley impulsados por la población LGTBIQ+, abandera las acciones del movimiento, en alianza con otras organizaciones feministas, étnicas y de DD.HH.

Una resistencia política que requiere afianzar otros vínculos

Aunque contamos con una historia de iniciativas y movimientos, en Colombia no hay todavía antecedentes conocidos y nombrados (como en otros países) en los que la población LGBTIQ+ haya tomado parte en manifestaciones sociales que no defienden precisamente derechos relacionados con su identidad sexual o de género. Ejemplo de esto fue la alianza entre personas sexo diversas y mineros contra el Gobierno de Margaret Thatcher, en Reino Unido, durante las huelgas de 1984. Esto no indica, por supuesto, que no existan personas LGBTIQ+ dentro de las movilizaciones nacionales, sino que, hasta hace poco, no había existido una representación visible y fuerte en articulación con una movilización social ampliada.

En la última década solo hay un caso documentado en el que la población LGBTIQ+ se ha integrado y visibilizado dentro de un movimiento social diferente al propio: la construcción del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, dado que ha sido una de las poblaciones más afectada dentro del conflicto armado. Asimismo, la población LGBTIQ+ se ha unido a las exigencias de los movimientos feministas a los gobiernos locales y nacional, con el fin de crear políticas públicas que garanticen el reconocimiento de los derechos de las diferentes poblaciones.

Del Paro Nacional al Día del Orgullo

Colombia ha encendido el fuego de la protesta desde hace más de dos meses, el combustible es la indignación de un pueblo que todos los días lucha por sobrevivir a una realidad injusta, que continuamente absorbe la libertad de expresión de aquellos que guardan la esperanza de encontrar un futuro mejor para el país. Los colombianos han unido sus voces en una sola y en ella las personas LGBTIQ+ han ganado un notorio protagonismo porque, a través de diferentes actividades artísticas, jurídicas y performáticas, han visibilizado su movimiento y han evidenciado la violencia sistemática que reciben del Estado.

Colombia es un país de democracias rotas en el que muchas voces son silenciadas por una marcada desigualdad social. Pero desde hace dos meses la movilización suma fuerzas individuales y colectivas en todo el territorio nacional para construir acuerdos sobre lo fundamental: la vida digna.

Y en esa construcción el Comité del Paro, que no representa a la totalidad de los manifestantes pero que es una instancia de participación importante, entabló una mesa de diálogo con el Gobierno en la cual la población LGBTIQ+ tuvo una importante participación. Un logro que tiene sus antecedentes en junio del 2020, en la creación del Pliego de Emergencia. Además, según Andrés Garay, representante LGBTIQ+ en el Comité, la coordinación del diálogo comprendió que la población LGBTIQ+ es un sector organizado con demandas propias y por eso se le permitió su participación, mediante el planteamiento de peticiones individuales y colectivas para el fortalecimiento de su papel político como movimiento.

De acuerdo con Garay, aunque la población LGBTIQ+ ha participado abiertamente de la movilización social, ha sido complejo posicionar sus demandas específicas dentro del diálogo nacional. Sin embargo, en el Pliego de Emergencia logró incluir la solicitud de implementación de mecanismos para eliminar la discriminación y toda violencia basada en género.

Y aunque el diálogo entre el Gobierno y el Comité de Paro quedó suspendido, la población LGBTIQ+ es enfática en continuar exigiendo la implementación de una política pública contra la violencia y la discriminación, “que el Ministerio del Interior no la tenga más allí engavetada como hasta ahora”, comentó Garay. Asimismo, las personas LGBTIQ+ demandan al Estado la renta básica universal, garantías al acceso a la salud y el tratamiento del Virus de Inmunodeficiencia Humana -VIH- como política de salud pública; la implementación del Acuerdo de Paz; el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad- y una reforma a la Policía, “pues hemos sido vulneradas por esta institución desde diferentes espacios propios y colectivos”.

Para escuchar a la comunidad que se encuentra en las calles, el movimiento LGBTIQ+ ha realizado reuniones desde la Plataforma LGBTI por la PAZ (organización vocera en el Comité) ya que cuentan con la participación de más de 250 organizaciones sociales, de base comunitaria y activistas independientes pertenecientes a estos sectores; lo cual evidencia un viraje del movimiento, de lo particular a lo general, sin olvidar las reivindicaciones propias que, por democracia, les pertenecen.

* Heterotopías es el semillero de investigación de género, memoria y paz; del Grupo de Investigación en Filosofía, del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, sede Medellín.

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