En Argentina, los rumores sobre la reactivación del acuerdo porcino con China, desmentido por la Cancillería solo con un mensaje por Twitter, pone sobre la mesa la falta de información pública respecto del diseño de las políticas extractivistas. El investigador del Conicet Guillermo Folguera propone pensar esa falta de información como “un sostén fundamental para que la política pública se haga negocio” y repasa las promesas publicitarias de los distintos proyectos.

1. La falta de información en las políticas extractivistas

En los últimos días, una nota del periódico El Cronista aseguraba que el acuerdo con China por las megafactorías de cerdos era un hecho. A las pocas horas, Cancillería decidió responder. Pero lo hizo (otra vez) de una manera curiosa: mediante un tweet, apenas negando y sin dar información oficial. Aún cuando no sorprenda esa estrategia (ni por la presencia de Felipe Solá, ni por el modo en que manejó este mismo asunto el año pasado), queda la pregunta acerca de por qué hay una falta de información completa y confiable en respecto de las políticas extractivistas y sus consecuencias socioambientales. Justamente, esta pequeña columna se hace esa pregunta: ¿a qué se debe la falta de información en estos asuntos?

Cuando nos desplazamos de las factorías de cerdos hacia otros asuntos que tuvieron lugar en los últimos meses también en nuestro país, la estructura difiere en cuanto a los nombres propios, pero conserva su esencia. Por ejemplo, el caso del trigo HB4 que surgió de la alianza entre la Universidad Nacional del Litoral (UNL)-CONICET y Bioceres representa también un escenario de celeridades, ocultamientos y parcialidades. No es muy diferente la historia cuando se trata de búsqueda de hidrocarburos en el mar bonaerense, la megaminería en Chubut, Mendoza, Andalgalá, las hidroeléctricas y la mayoría de los proyectos que involucran altísimos impactos socioambientales. 

Ahora bien, para comprender el por qué de este manejo de la información, vayamos un poco más lejos y veamos qué se dice y qué no se dice. 

La Cancillería argentina aclara que esta información es absolutamente falsa y carece de asidero. pic.twitter.com/7dJK1zS0fD

— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) July 13, 2021

2. Lo que se dice: el discurso publicitario 

En todos los casos mencionados, lo que se dice (cuando se dice) consiste básicamente en prometer supuestos beneficios. En todos los proyectos se multiplican las promesas de mundos mejores. En este momento, cuando al menos una de cada dos personas de nuestro país no tiene lo mínimo para vivir, la promesa de una fuente laboral aparece repetida. La estructura de promesa publicitaria infla números, reproduce esquemas. Siempre, el factor común y recurrente, junto con el ingreso de dólares, es la promesa laboral. 

En Tierra del Fuego, este último fue uno de los argumentos centrales para embestir la decisión que tomó la legislatura de esa provincia al prohibir la salmonicultura. Esto se sostuvo aún cuando los puestos laborales que podían concretarse eran bajos en relación con los que podían perderse. Pero esta situación no se limita a los salmones. Recordemos, por otro lado, que el número de habitantes de Jáchal, San Juan, que trabajan en la Barrick Gold tampoco superó los 30 luego de los derrames. En todos los casos las promesas laborales no incluyen análisis de cómo inciden sobre otras fuentes productivas. Quizás el ejemplo más notable de esto sean los agronegocios, con multiplicidad de efectos sociales y ambientales desde la aprobación de los transgénicosde la mano del propio Felipe Solá. 

La estructura publicitaria además de prometer mundos mejores, omite riesgos y costos. Vamos a otro ejemplo breve: aquellas personas que impulsan la aprobación del trigo HB4 repiten, una y otra vez, que el glufosinato de amonio no aumentará su presencia en nuestros campos y en nuestros cuerpos. Esto lo afirman a pesar de que el trigo transgénico tiene, entre sus características asociadas, la resistencia a dicho herbicida. También a pesar de la experiencia que hemos tenido durante los últimos 25 años. A pesar de la multiplicación de malezas resistentes. Un listado de promesas incumplidas, pero también de cuestiones que se ocultan. 

3. Lo que no se dice: accidentes, desastres, desigualdades

El lenguaje publicitario de este tipo de proyectos además de prometer, oculta. Oculta experiencias, saberes, percepciones. Así, las buenas prácticas agrícolas son, ante todo, la forma burocrática de decretar que no habrá problemas. O si acaso lo hay, que éstas sean marginales, superfluas, periféricas. Lo mismo sucede con la megaminería. Cuando la mina Veladero de la Barrick Gold tuvo su primer accidente en el 2015 la cadena de ocultamientos se reprodujo. Se cambiaron cifras, se mintió sobre las consecuencias, se negó lo que estaba (lo que está) pasando. 

En el mismo sentido, el ocultamiento también refiere a experiencias más allá de nuestras fronteras. Las salmoneras buscaron llegar a Argentina aun a pesar del desastre consumado en Chile. Y ese desastre no sólo no fue considerado por sus promotores, sino que buscó ser sintetizado en una nueva oportunidad para el negocio empresarial y en la posibilidad de un negocio local. Lo mismo ocurrió cuando circuló la información de que Alemania tenía su primer caso de peste porcina africana en sus criaderos de cerdos. 

Pero lejos de verse como una evidencia para considerar los riesgos y peligros, se puso el acento en el negocio empresarial y se festejó dejar competidores en el camino de los negocios globales. Poco parece importar que China haya perdido la mitad de su producción por una situación similar. Donde hay desastres sólo ven oportunidades comerciales. 

4. Entre lo que se promete y lo que se silencia

La falta de información no es un asunto tangencial. Es un elemento fundamental en toda la política extractivista. Por un lado, con un lenguaje publicitario, se prometen mundos mejores. Mientras que por otro, se omiten experiencias y se visten sus consecuencias de accidentes excepcionales. Consecuencias negativas que el Estado y el sector empresarial se han encargado de no registrar, sistematizar, evidenciar ni circular. Desde el sector estatal prácticamente no hay registros confiables de estos asuntos, ni de la salud de las comunidades fumigadas, ni del cianuro en los ríos, ni de los apicultores perdidos, ni de los bosques arrasados. Pero eso no es sólo negligencia: es la condición de posibilidad de que todo esto sea posible. 

¿Y por qué? La falta de información no tiene sólo que ver con el saber. Tiene que ver principalmente con el decidir. Que no haya información transparente, oficial, completa, es la garantía de exclusión de una parte muy importante de las comunidades en la toma de decisiones. Es el modo de asegurarse que las decisiones las tomen un puñado de personas ocultando los objetivos que persiguen, aún cuando impliquen el sacrificio sistemático de territorios y cuerpos. 
Es la estrategia para considerar sólo algunos aspectos, mientras se omiten otros. O dicho de otro modo, no es un problema comunicacional la falta de información, sino que se trata de un sostén fundamental para que la política pública se haga negocio, para que las consecuencias socioambientales se hagan supuestos accidentes y para que el extractivismo se presente como la opción única de nuestro país.

Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva