Fotos: Noé Pineda
Chiapas | México. Desinformémonos. Después del temblor del 7 de septiembre de 8.2 grados Richter con epicentro en Pijijiapan, en la costa de Chiapas, varias comunidades, colonias, barrios y rancherías de distintos municipios quedaron afectados de muy diversas maneras. Oficialmente se reconocen 97 municipios con declaratoria de emergencia, aunque algunas fuentes aseguran que han sido censados 107 municipios por presentar daños materiales.
En los municipios de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan, en la región Costa, se constatan parte de esos daños materiales. En Paredón, la destrucción de barrios completos es brutal, casas que de un minuto a otro cayeron completamente, vecinos que como pueden intentan reconstruir su vida. La presencia de los actores que se disputan el territorio es palpable. Por un lado, la Marina y el ejército mantienen su presencia como aparato institucional, por otro, las iglesias evangélicas reparten despensas y ropa a diestra y siniestra, sin apelar a la colectividad o a la organización ciudadana. Todos continúan con el asistencialismo paternalista.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa promueve la colaboración junto a algunos vecinos y vecinas, quienes se han dado a la tarea de realizar un comedor colectivo, idea por demás necesaria, pues el tomar en sus manos de a poco y de forma colaborativa la reconstrucción de sus vidas es no sólo algo favorable sino indispensable, pues la constitución de la ciudadanía se construye con la colaboración, ayuda mutua y la implementación de propuestas concretas, a diferencia del asistencialismo que apela a la dependencia y pasividad ciudadana.
Lo que vemos en la televisión nacional hoy, son imágenes de muchos edificios derrumbados en la Ciudad de México, sobre todo de las colonias Roma, Narvarte, Condesa; y en segundo término las de colonias menos comerciales como Iztapalapa que prácticamente no aparece. Lo mismo ocurre en la costa de Chiapas, en comunidades alejadas de las carreteras o que sufren daños aparentemente menos impactantes para los medios convencionales. En Cenisero, en el municipio de Pijijiapan, el daño a casas y escuelas fue menor, le dicen en la categorización oficial, es decir, que aparentemente no se van a derrumbar o que no se derrumbaron, aparentemente porque en muchas escuelas de la costa, desde antes no se podían recibir clases por el material en que fueron construidas y el calor que encierran y hace insoportable estar dentro.
En el caso de Cenicero, comunidad de pescadores, los efectos del temblor son daños en casas, todavía no tienen veredicto de daños estructurales. La primaria y el jardín de niños no pueden ser utilizados por sus condiciones de afectación y, por si fuera poco, la temporada de tormentas tropicales y huracanes ha provocado que se inunden algunas partes de la comunidad, poniendo en más angustia a las familias, quienes vieron inundadas sus casas después del temblor.
El temblor ha provocado otro impacto en la vida cotidiana, la ausencia de pesca, siendo una comunidad de pescadores, en Cenicero el desabasto de alimento y de mercancía animal para vender en el mercado hace que las cosas se vuelvan “sutilmente” preocupantes, pues el temblor no sólo destruye casas o sepulta vidas humanas, afecta otras dinámicas como la economía de la zona.
Casi todos los lugares fuera de las cabeceras municipales tienen un trato diferenciado. Por ejemplo, en Nuevo Urbina, Pijijiapan, los pobladores comentan que los censores del gobierno estatal les decían que muchas de sus casas que no tenían pérdida total difícilmente entrarían al padrón para recibir apoyo económico por sólo tener daños parciales. Hasta hoy se sabe que los gobiernos federal y estatal lo más que han podido proponer es dar dinero, 120 mil por perdida total y 30 mil por daños parciales. No existe un plan de atención a la diversidad de daños y mucho menos para que sean formas colectivas y adecuadas a las condiciones y materiales locales.
El terremoto ha hecho evidente, nuevamente, las disputas por el territorio. Por un lado, los gobiernos estatal y federal, que con la presencia del ejército, Marina y Protección Civil han intentado mantener una imagen de atención expedita, aunque ninguna de estas tres instituciones participa de la reconstrucción. Protección Civil sólo ha realizado censos, el ejército y la Marina han participado de actividades de demolición y limpieza, así como de “seguridad”; en algunos casos han colocado algún comedor empleando a las mujeres del lugar para hacer las labores de la cocina.
Por otro lado, el actor conformado por las iglesias evangélicas encuentra en la desgracia un buen espacio y margen de maniobra para el asistencialismo, repartiendo sin ton ni son acopios y dando el nombre de su iglesia al entregarlos; ante la percepción popular de castigo divino o voluntad divina, las iglesias evangélicas aprovechan el momento para ganar más adeptos.
Están por su parte las acciones del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, el Frente Cívico Tonalteco y el Consejo Autónomo Regional Zona Costa, si bien atienden primeramente a sus compañeros y compañeras, no exentan a otros miembros de las comunidades cuando pueden; también promueven las acciones colectivas y colaborativas en perspectiva de la reconstrucción, pues también ven la oportunidad de hacer crecer la organización local y el empoderamiento ciudadano.
Los daños del temblor, sumados a los daños del Estado Mexicano, en algunos casos ausente y en otros como fuerza opositora a la participación y empoderamiento ciudadano, han puesto de nueva cuenta en primera linea por un lado, la mala atención en el sistema de prevención y atención de desastres, no existe un plan, mucho menos atención adecuada; de igual forma, los daños en los planteles educativos dan fe del pésimo planeamiento para la región, ya que muchas están en malas condiciones no sólo por el temblor, sino por los materiales utilizados en su construcción y lo inapropiado para la zona, en alguna comunidad, nos comentaron, los niños han abandonado una aula desde antes del temblor por desprender con el calor, un olor a plástico quemado que hace insoportable la estancia de las niñas y los niños.
Al no existir un plan de prevención y atención en emergencia, la acción gubernamental apunta más, por un lado, a la eterna campaña electoral, basta ver la ausencia de información en los sitios de internet de las instancias de gobierno, nada sobre transparencia de recursos, pero mucho de fotografías promocionales de personajes de la clase política, gobernador, presidentes municipales, “primeras damas”; por otro, al paternalismo populista neoliberal que ofrece dinero para todo, insuficiente siempre y con la posibilidad de ser desviado o negado en un contexto electoral que aumenta la rapiña de políticos locales, negando promover la participación colectiva o el emporderamiento ciudadano, pues individualiza los “apoyos”, todos dependen de la voluntad del papá gobierno.
Los medios de comunicación convencionales, y en ocasiones hasta los medios alternativos y libres, también apuntalan la imagen de que los daños del temblor son sólo materiales, son sólo casas destruidas, sin tomar en cuenta que existe una experiencia postraumática que se vive en todas las comunidades, personas que viven con miedo a dormir, con miedo a estar en un espacio cerrado, con miedo “al castigo de Dios”; existen en otros casos, enfermedades en expansión, como la epidemia de hongos, la falta de atención a enfermedades específicas como la diabetes y la hipertensión, descontroladas por la falta de atención médica y de medicamentos apropiados.
La ayuda de la sociedad civil a cubierto muchas ausencias, pero con todo es insuficiente, pero necesaria, el acopio de víveres sigue llegando, pero en ocasiones para poder hacerlo efectivo falta que llegue hasta las comunidades menos atendidas o las más lejanas; el envío de ropa en muchas ocasiones no atiende al llamado, sino a otras motivaciones de quien lo “dona”, llegan abrigos y chamarras de invierno a zonas tropicales, pero no a zonas frías; la reconstrucción necesita de muchísimo esfuerzo y trabajo especializado, tanto externo como local, combatir la percepción de que el cemento, la varilla y el tabique son la solución, son tan errados en algunas comunidades como el que los materiales locales son la única solución en todos lados; en nuestra experiencia, cada comunidad tiene sus propias respuestas que en general requiere estrategias diversas y multiplicidad de acciones, así como de propuestas.
Por otro lado, la necesidad de trabajar con personas que han estado formadas en una cultura de dependencia o de clientelismo para trabajar proyecciones colectivas de reconstrucción es un reto para la sociedad civil, pues entre la percepción que el cemento es la respuesta, la actitud pasiva de que alguien (el gobierno) resuelva las necesidades es abrumadora.
Los gobiernos apuestan a la continuidad del clientelismo, al dominio territorial porque estas tierras ya se pusieron en el mercado con las Zonas Económicas Especiales, la clase política local, voraz y rapaz como se caracteriza, ve en la desgracia la oportunidad electoral que necesitaba para el 2018, las iglesias ven la posibilidad de hacerse de más fieles y extender su presencia con tantas iglesias y templos como se ven en las comunidades y rancherías; y la sociedad civil, en el caso de el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, el Frente Cívico Tonalteco y el Consejo Autónomo Regional Zona Costa encuentran una oportunidad para fortalecer el empoderamiento ciudadano y la construcción de una propuesta política fuera de los controles institucionales clientelares; estos actores tienen frente a ellos, un escenario de oportunidad y emergencia en el sentido de apostar a un proceso de reconstrucción participativo, no sólo con los fondos de la solidaridad, también con los recursos públicos que por ley les corresponden a la región.
Como decían algunos slogans en redes sociales o en medios alternativos: es el tiempo de la “Organización para la reconstrucción”, no sólo de viviendas, sino del tejido social, pues en un estado donde la política pública es una “broma de mal gusto” y la atención a las necesidades ciudadanas “un botín de guerra” de la clase política local, reconstruir una sociedad que participe del destino futuro de sus vidas es hoy, como ayer, urgente y necesario.
