El gobierno del derechista Mario Abdo desarrolla desalojos violentos contra familias indígenas. Desplazándolas de sus territorios, favorece además una política de extranjerización de la tierra destinada a acrecentar el poder del agronegocio. Aunque el país tiene numerosas condenas internacionales, su política contra los derechos populares y en favor de los intereses concentrados parece no tener fin.

Las imágenes de la policía expulsando violentamente a 70 familias de la comunidad indígena Hugua Po’i, del pueblo mbya guaraní, de sus tierras ancestrales en el este de Paraguay el jueves 18 de noviembre es la última ilustración de la política de desalojo que ya se ha convertido en marca registrada del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez.

El gobierno no escatimó esfuerzos en la acción y envió policiales montados y hasta un helicóptero para desalojar a los indígenas de tierras que ocupan desde 2014 en el departamento de Caaguazú, como explica el periódico Última Hora. Los mbyá guaraní afirman que esas son parte de sus tierras ancestrales, que incluye un cementerio de su gente, reasignadas a colonos en la década de 1960.

Como muestra un estudio de 1960 titulado «América Indígena», los mbyá guaraní tienen su origen en Caaguazú y siempre estuvieron ahí. De hecho, la simbología de esas tierras es central para ellos. Según su creencia, el centro de la tierra —o yvy mbuté en su lengua— se encuentra en Caaguazú y es ahí donde nació el padre de todos los guaraníes, Pa’í Reté Kuaray.

Pero las tierras hoy disputadas, según Última Hora, están aparentemente registradas a nombre de un grupo de menonitas, secta religiosa de origen europeo con fuerte presencia en Paraguay. Durante el proceso de colonización de las tierras que abarcan el departamento de Caaguazú (entre otros), la venta de propiedades muchas veces ocurrió con la presencia de indígenas en ellas. Con el pasar de los años y el desarrollo de políticas que favorecen a los compradores en contra de los habitantes originales, se produjo un éxodo masivo de indígenas de esa región y los mbyá guaraní perdieron la gran mayoría de sus tierras ancestrales.

Como el proyecto de usurpación de tierras en América Latina viene de larga tradición, las leyes han sido implementadas para proteger a los colonos. De esa forma, los actuales habitantes nativos de las tierras del distrito de Raúl Arsenio Oviedo son los invasores, y los invasores son las víctimas de ocupación. Eso fue lo que determinó el Estado paraguayo, como muestra otro artículo de Última Hora. Superados en mucho por la cantidad desproporcionada del contingente policial, los indígenas dejaron sus casas de forma pacífica.

Condenas internacionales

Aunque la acción del gobierno de Abdo no sorprende, viola la Constitución de Paraguay. La Carta Magna del país reconoce los derechos de las comunidades indígenas a tierras comunitarias, con extensión suficiente para que puedan vivir según sus tradiciones, además de prohibir el desalojo de indígenas. Los pactos internacionales firmados por Paraguay también estipulan que el país debe hacerse cargo de reubicar a las personas desalojadas, lo que según Base —un reconocido instituto de investigaciones sociales—, no ha sucedido.

Por sus frecuentes violaciones de los derechos territoriales indígenas, Paraguay ya ha sido condenado tres veces por la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH, además, ha otorgado una serie de medidas cautelares a favor de comunidades indígenas en Paraguay.

La CIDH no es el único organismo internacional que denuncia la política antiindígena de Paraguay. En octubre de este año, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó al Estado paraguayo por su fracaso en prevenir la contaminación de un territorio de los ava guaraní por pesticidas provenientes de plantaciones de las cercanías.

A pesar de esas condenas internacionales, Paraguay sigue avanzando en su agenda extractivista, y las comunidades indígenas y campesinas reportan un aumento significativo en el número de desalojos sin orden judicial en los últimos meses, según datos de Base. Estas acciones se producen después de que, en septiembre, Abdo promulgara una ley que aumenta la pena a 10 años de cárcel para los llamados invasores de tierras. Para muchos, la normativa, conocida como Ley Zavala-Riera, efectivamente criminaliza la lucha indígena y campesina por la tierra, un derecho reconocido por la Constitución.

Tierra de la soja y la extranjerización de Paraguay

Los hugua po’i habitaban tierras rodeadas de lo poco que queda de bosque primario en el departamento de Caaguazú. Entre 2002 y 2020, Caaguazú perdió 40% de bosque primario, según Global Forest Watch, lo que hace de él uno de los departamentos paraguayos que más sufre con la deforestación. El área alrededor de las tierras de la que fueron expulsados los hugua po’i está tomada mayoritariamente por plantaciones de soja.

Informes locales afirman que las tierras de los hugua po’i serán convertidas en plantaciones de soja. Según Base, los beneficiados por la acción judicial del 18 de noviembre son los propietarios alemanes, que están involucrados en el cultivo de soja en la región.

La política por la cual el gobierno paraguayo concede los derechos de sus tierras a explotadores de otros países no empezó hoy. Existe, por el contrario, un proceso de larga data de venta de propiedades agrícolas a extranjeros, especialmente procedentes de Brasil. Se estima que por lo menos 14% de las tierras del país ya están en manos de brasileños. En algunos departamentos, como Alto Paraná y Canindeyú, los brasileños son dueños de más de la mitad de las tierras. En otros, el porcentaje oscila entre 35% y 15%. De los 100 mayores propietarios de tierras de Paraguay, 16 son brasileños —y todos se dedican al agronegocio—. De manera similar, los menonitas también se encuentran en la lista de grandes propietarios de tierras en Paraguay para la producción agroindustrial.

Como muestra un estudio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), los departamentos más afectados por la llamada extranjerización del territorio paraguayo son Alto Paraná, Caaguazú e Itapúa, donde también están concentrados los niveles más altos de desplazamiento de comunidades. Ese proceso ha contribuido a hacer de Paraguay el país con el peor reparto de tierras de América del Sur, según un informe de investigación de Oxfam titulado «Los dueños de la tierra en Paraguay».

La criminalización de las disputas territoriales, además de violar los derechos indígenas reconocidos por el Estado paraguayo, favorece los intereses extranjeros frente a los de los paraguayos. Actualmente, 300.000 familias carecen de acceso a la tierra en un país con baja densidad de población. Con 40 millones de hectáreas para solo siete millones de habitantes (la superficie de Alemania es menor que la de Paraguay y alberga una población que multiplica por 11 la paraguaya, con más de 80 millones), el título de país con la peor distribución territorial de la región simboliza la incapacidad del Estado paraguayo de preservar los intereses de sus propios ciudadanos, especialmente los de los pobladores originarios.

Este artículo es producto de la alianza entre Nueva Sociedad y DemocraciaAbierta.

Publicado originalmente en Nueva Sociedad