El camino de la libertad arrebatada al Estado

Javier Bautista y Citlalli Hernández

patishtan familia completa

México, Distrito Federal. La libertad del profesor Alberto Patishtán es resultado de 13 años de lucha y una respuesta del Estado mexicano ante la indignación que el poder judicial generó. La libertad por cualquier vía siempre fue necesaria y urgente; Patishtán es la representación de más y más presos políticos, es el rostro de más indígenas a quienes les violan sus derechos, es la encarnación de las injusticias a las que este sistema racista condena a los más pobres y ya de por sí excluidos.

La libertad de Alberto Patishtán abre la brecha para continuar en el camino. No se trata de alguna concesión, no es buena voluntad, es la lucha de 13 años que no ha sido fácil y que no se resume en un indulto. Cuando Alberto sea libre aún quedarán muchos más por los que hay que luchar con el mismo coraje, la misma entereza y la misma valentía, pero ahora esta lucha será acompañada por quien, a pesar de todo, nunca perdió la esperanza de que un día la libertad lo alcanzara.

La construcción de la libertad

La exigencia por la libertad de Alberto Patishtán comenzó desde el 19 de junio del año 2000, fecha en la que este profesor tzotzil fue detenido y acusado de participar, días antes, en la emboscada a una camioneta propiedad del ayuntamiento de El Bosque, Chiapas, en la que resultaron muertos siete agentes de seguridad pública del estado. En los primeros meses posteriores a su detención, diversas organizaciones -pero en particular los habitantes de la comunidad El Bosque- sumaron esfuerzos para demostrar su inocencia, al tiempo que evidenciaron las irregularidades en su detención.

Conforme la exigencia de libertad creció y más organizaciones se sumaron a ella, los agravios cometidos contra el profesor Patishtán se hicieron más evidentes: la detención se dio de manera arbitraria, a Alberto Patishtán lo mantuvieron incomunicado mientras le negaron al pueblo de El Bosque información sobre su paradero y, durante su detención y las primeras etapas del proceso jurídico, no se consideró su condición de indígena: en sus declaraciones no participó ningún traductor y por si esto fuera poco, a siete días de la emboscada, se le tomó una prueba de radizonato de sodio que supuestamente resultó positiva, sumando a todo esto las declaraciones contradictorias del único testigo.

Mientras esto sucedió, la noticia sobre la detención de Alberto Patishtán, el líder comunitario y crítico del presidente municipal Manuel Gómez Ruiz y la gestión de Ramiro Miceli Maza, diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se conoció en otras comunidades, quienes reconociendo en la figura del profesor a un luchador social, se dieron a la tarea de conformar diversos espacios dedicados a la lucha por su libertad.

Una de las labores que los diferentes grupos organizados asumieron fue probar la inocencia de Patishtán, primero ofreciendo las pruebas que demuestran la falsedad de las declaraciones que lo inculpaban y segundo, evidenciando  que todo se trató de una revancha política que Manuel Ruiz emprendió para contener al profesor y a todo el pueblo de El Bosque. Pero como siempre el pueblo conoce y confía más en el pueblo que en sus gobernantes, quedó claro que en el caso Patishtán las acusaciones fueron fabricadas.

Desde ese primer día, hace ya más de 13 años, quedó claro que Alberto Patishtán es un preso político, un inocente que sufrió una cadena de agravios que el Estado mexicano cometió contra su persona. Los agravios comenzaron ese 19 de junio del 2000, y se sumaron hasta el 18 de marzo del 2002, día en que el Juez Primero de Distrito del Vigésimo Circuito dictó sentencia condenatoria contra el profesor Alberto Patishtán, considerándolo penalmente responsable de los delitos de lesiones y homicidio calificado, robo calificado y daños, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea, y lo condenó a una pena de 60 años de prisión.

Amparado en el Derecho y argumentando que las pruebas presentadas fueron producto de un montaje, Alberto Patishtán interpuso el recurso de apelación contra la sentencia y la respuesta fue la confirmación de la condena. A partir de ahí, diversos procedimientos como la solicitud de amparos y presentación de inconformidades fueron la constante, y la constante de la justicia mexicana fue la negación de estos recursos.

El 1 julio de 2004, el preso tzotzil fue trasladado del Centro de Readaptación Social (CERESO) número 1 al CERESO número 14 “El Amate”, recién construido. En este lugar, junto con otros presos políticos, Patishtán conformó la organización “La voz del Amate”, que alcanzó su primera victoria en 2008 con la liberación de todos sus integrantes excepto uno: Alberto Patishtán.

Esta lucha por los derechos humanos le costó al profesor tzotzil diversos traslados como castigo, por ejemplo, al cumplir 21 días en huelga de hambre el profesor fue trasladado al penal de máxima seguridad en Guasave, en el estado de Sinaloa.

Además, la salud de Patishtán se vio severamente lastimada como resultado de la propia reclusión, y diversas organizaciones de derechos humanos exigieron al gobierno que garantizara la atención médica para el profesor.

“Que el Estado lo saque, que ellos vean cómo pero que lo saquen”

A lo largo de los 13 años, dos cosas quedaron claras: por un lado, que el poder judicial mexicano no fue capaz de procurar justicia y por el otro, que la sociedad mexicana sí fue capaz de reconocer en Patishtán a un inocente, y por eso se organizó para exigir su libertad.

La organización en un primer momento se dio en la comunidad de El Bosque, y con el paso de los años sembró semillas a lo largo y ancho de México e incluso fuera de las fronteras. Así, existen diferentes espacios que levantaron la voz y que con diferentes acciones dejaron claro que no hay duda de la inocencia, pero sí de las responsabilidades: Alberto Patishtán es inocente, y el poder judicial fue el responsable de no reconocerlo y violentar sus derechos humanos.

Diferentes voces manifestaron que liberar a Alberto Patishtán era responsabilidad del Estado mexicano, y que no importa quién y qué tuviera que hacer, pero que era urgente hacer justicia. Es así que la reforma al Código Penal aprobada el 29 de octubre por el Congreso de la Unión es mucho más que una simple modificación a una ley secundaria como las que todos los días aprueban en las Cámaras: es resultado de la lucha de todas las organizaciones sociales, colectivos y personas en México y en todo el mundo que evidenciaron a nuestro sistema de justicia. Esta es una reforma contradictoria y con dedicatoria, pues fue aprobada como el mecanismo que eligieron el Estado y sus instituciones para liberar a Alberto Patishtán.

El 12 de septiembre pasado, cuando el primer tribunal colegiado de circuito declaró infundado el incidente de reconocimiento de inocencia, algunos encontraron sentido en esta resolución argumentando que el poder judicial temió generar antecedentes que significaran la libertad de cientos de presos. Hoy vemos lo absurdo de su decisión, pues prefirieron reformar una ley para permitirle al Congreso de la Unión solicitar al presidente que otorgue un indulto cuando se acredite la violación al derecho a un debido proceso. Su apuesta fue construir un acuerdo de la clase política en conjunto, un acuerdo en unanimidad de todos los partidos políticos para liberar a Patishtán y corregirle la plana al poder judicial. La reforma en los hechos reconoce que el poder judicial no sólo puede equivocarse, y que se equivocó con Patishtán.

El indulto quiere decir “perdón”, es un perdón que otorga el presidente de la República a una persona que cometió algún delito. Con la reforma esta condición cambió, el indulto ya no sólo es para quienes cometieron un delito, es también el último recurso para quienes son víctimas de un proceso judicial viciado, tramposo y que violentó sus derechos humanos. Este cambio sustantivo en la figura del indulto es probablemente la aportación más importante del caso de Alberto Patishtán. No es el resultado de pronto de que los diputados y senadores hayan clarificado su perspectiva. No, el cambio que se hace ahora es porque saben que la dignidad de Patishtán es inquebrantable y que la sociedad mexicana hubiera cuestionado severamente que un hombre inocente fuera perdonado por un crimen que no cometió. Así, para cuidar la cara de la institucionalidad del Estado mexicano, hicieron explícito en una ley que su sistema de justicia tiene profundas deficiencias.

La libertad

La libertad otorgada hoy es resultado de 13 años de lucha y una respuesta del Estado mexicano ante la indignación que el poder judicial generó. La libertad por cualquier vía siempre fue necesaria y urgente, Patishtán es la representación de más y más presos políticos, es el rostro de más indígenas a los que les violaron sus derechos, es la encarnación de las injusticias a las que este sistema racista condena a los más pobres y ya de por sí excluidos.

La libertad de Alberto Patishtán abre la brecha para continuar en el camino. No se trata de alguna concesión, no es buena voluntad, es la lucha de 13 años que no ha sido fácil y que no se resume en un indulto. Cuando Alberto sea libre aún quedarán muchos más por los que hay que luchar con el mismo coraje, la misma entereza y la misma valentía, pero ahora esta lucha será acompañada por quien, a pesar de todo, nunca perdió la esperanza de que un día la libertad lo alcanzara.

Publicado el  31 de octubre de 2013

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