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La Comisión Nacional de Búsqueda es un dique construido con burocracia e incompetencia

Texto y fotos: Gerardo Magallón

El censo de personas desaparecidas publicado en las páginas web de la Estrategia y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas es “apenas un ejercicio, el real no es público”, dijo Xasni Pliego, directora general de Vinculación y Políticas Públicas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a la madre buscadora Ana Enamorado y su abogado, Sandino Rivero, previo a una reunión no programada a la que accedieron los funcionarios luego de la protesta de varias familias de víctimas en las puertas de dicha institución.

Ana es madre del hondureño Óscar Antonio López Enamorado, quien fue desaparecido en México el 19 de enero del 2010 en Jalisco. El subregistro de migrantes desaparecidos en el país es una de las inconsistencias más graves denunciadas por madres y colectivos de búsqueda, y según diversas fuentes las víctimas podrían ser hasta 35 mil personas.

Con la designación de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como nueva titular de la CNB, en octubre del 2023, inició el desmantelamiento de su estructura y el nombramiento de personal no apto para dichas funciones, como el caso de Pliego Granillo, quien según el portal DeclaraNet cuenta con una constancia de términos de estudios en Ciencias de la Comunicación e inició su trabajo como servidora pública apenas el 1 de marzo del 2019 en la Secretaría de Desarrollo Social, y antes formó parte de MORENA en la área de afiliación y organización de militantes.

Esta reestructura se realizó en paralelo a la elaboración del nuevo censo de personas desaparecidas ordenado por el gobierno federal, en el que se cambiaron las nomenclaturas y diversos criterios de clasificación, lo que tuvo como resultado la eliminación de miles de desaparecidos.

Antes, en el país se tenían 110 mil 964 registros de personas desaparecidas, de los cuales, de acuerdo con el nuevo censo, 16 mil 681 (15 por ciento) fueron personas localizadas; 17 mil 843 (16 por ciento) fueron personas ubicadas; 26 mil 90 (24 por ciento) son registros sin datos suficientes para identificar; 36 mil 22 (32 por ciento) son registros sin indicios para la búsqueda; y sólo 12 mil 377 (11 por ciento) están con confirmaciones de desaparición.

A partir de estos cambios en el censo publicado, centenares de familias han denunciado la “desaparición de desaparecidos”, además de errores y omisiones graves. En el caso de Óscar Antonio López Enamorado, su búsqueda está detenida desde octubre del 2023, cuando despidieron a la entonces directora de Búsqueda de Migrantes. López Enamorado apareció con nacionalidad mexicana, edad equivocada y sin contacto de “denunciante”, aunque su madre, Ana, es una de las personas más activas en los colectivos de búsqueda.

El 31 de enero pasado Ana Enamorado y Lucía Baca, madre del también desaparecido Alfonso Moreno Baca, encabezaron una acción pacífica en las puertas de la Comisión para exigir la corrección de los errores. Ahí fueron atendidas por Carlos Alberto Reyes, director general de Acciones de Búsqueda, quien señaló que “existe un corre electrónico para aclaraciones y solicitar citas”.

La protesta derivó en una reunión horas más tarde encabezada por Reyes Campos, biólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y cuyo empleo anterior fue en el programa gubernamental Jóvenes Construyendo el Futuro, también según el portal DeclaraNet.

A la reunión asistieron la representante de la Dirección de Asuntos Internacionales, Itzel Sánchez, un asesor jurídico de la institución, un técnico de sistemas con acceso a la base de datos y una funcionario de la Dirección de Planeación, todos encabezados por Reyes Campos. Previo al inicio de la reunión, los funcionarios no permitían la entrada de un acompañante de Ana Enamorado porque se iba a manejar “información muy sensible del caso”.

La información sensible es que las acciones de búsqueda están completamente paralizadas, en el caso de Óscar Antonio desde el 2023; que a la base de datos de personas desaparecidas pueden acceder tanto las fiscalías y comisiones estatales de búsqueda como la General de la República y que no cuentan con un sistema que priorice la información con base en fechas de actualización.

Se acordaron reuniones individuales con las dos víctimas ahí presentes, y para ello Alberto Reyes solicitó que le enviaran “toda la información posible para tenerla a la mano y poderla revisar”. Reyes Campos también insistía en que para “cualquier duda o apoyo” se podría recurrir a la experiencia y conocimiento de Gerardo Baltazar, exdirector de la CNB y extitular de la Comisión de Búsqueda en Nayarit, pero que ese mismo 31 de enero era su último día laboral, ya que forma parte de los centenares de despidos y desmantelamiento de la institución.

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