Foto: Federación Rural
La Federación Rural denuncia cómo el plan de ajuste anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, favorece a las empresas exportadoras concentradas y perjudica, directamente, a las familias campesinas. La devaluación y el ajuste implicarán el incremento de precios en servicios, insumos y alquileres de la tierra, la paralización de las obras en zonas rurales y una insuficiente ayuda social.
Las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, de forma malintencionada y apelando al terror —y en concomitancia con el discurso de asunción del presidente Javier Milei, ocurrido hace solo 48 horas— confirman aquello que muchos denunciábamos: no se ajusta a los bancos, ni a los especuladores, ni a la bicicleta financiera, ni a los exportadores, ni a los dueños de las semillas, ni a los grandes comercializadoras. Nos ajustan a nosotros y nosotras, a los que trabajamos y tomamos transporte público, a los que las facturas de luz y agua le significan no solo un derecho humano sino un insumo necesario para la producción, a los que trabajamos de sol a sol para llegar a fin de mes.
La devaluación no solo hace más pobres a los pobres, también a aquellos que con su salario ahora no podrán comprar lo que sí podían hasta hace unas horas. Transfiere nuestros ingresos a los poderosos. Nos roban del bolsillo.
También tiene otro efecto: aumentan las ganancias de las empresas exportadoras concentradas, principalmente agropecuarias, que presionaron por esta medida. Por cada dólar, recibirán ahora más pesos.
Como pequeños productores y familias rurales, los anuncios nos afectan directamente y profundizan una situación de emergencia que ya hace tiempo venimos atravesando:
- El aumento de la luz y la electricidad, insumos necesarios para nuestra producción, impactará sobre nuestros costos.
- Ya estábamos endeudados y la devaluación solo provocará que nuestras deudas se agiganten, poniendo en riesgo nuestro ciclo productivo.
- La compra de insumos y maquinarias, que ya era casi imposible para nosotros, al menos sufrirá aumentos de más del 100 por ciento.
- Los precios de los alquileres de la tierra se dispararán aún más fruto de la devaluación, ya que están atados al precio del dólar.
- El cierre de la obra pública afecta principalmente a las poblaciones rurales y al arraigo de nuestras familias. Allí donde el Estado llegaba, era porque el mercado no quería. Sin obra pública no hay caminos rurales, ni escuelas, ni luz, ni conectividad. Condenan a los pueblos rurales a la desaparición, y a las familias, a no acceder a servicios básicos.
- La apertura de importaciones pone en riesgo a las pequeñas empresas, emprendedores e industrias, arrastrando a la desocupación a miles y miles de trabajadores.
- El congelamiento del salario social complementario (Potenciar Trabajo) significa que no habrá aumentos que acompañen o le ganen a la inflación.
- Un aumento de la Asignación Universal por Hijo y de la Tarjeta Alimentar NO podrán compensar la devaluación/inflación. Millones de familias pasarán a la pobreza e incluso muchas más ampliarán el porcentaje de familias indigentes, aquellas que no pueden comer ni una vez al día.
La soberanía y seguridad alimentaria de millones de argentinos está en peligro y como productores y productoras de alimentos denunciamos el daño profundo que estas medidas le hacen a nuestra actividad.
Estas y otras consecuencias de las medidas que se anunciaron demuestran que el nuevo gobierno cumple con su palabra, quieren que sufran los de abajo y los que trabajamos, y ganar ellos, quienes concentran la riqueza y serán cada vez mas ricos.
Quienes producimos alimentos no nos quedaremos de brazos cruzados ante esta amenaza sobre nuestra actividad productiva y convocamos en cada pueblo, en cada zona, en todo el país, a cooperativas, productores, pymes, comerciantes y familias, a conformar Asambleas por la Alimentación, la Producción y el Arraigo.
Nuestro trabajo es el alimento del pueblo.
Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva
