La exigencia de libertad de los presos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), fue medular en la audiencia intermedia de este miércoles pasado. En esta audiencia fueron admitidos los medios de prueba que serán usados en el juicio oral, en la defensa de campesinos que defienden su territorio del megaproyecto hidroeléctrico la Parota, desde el año 2003. Uno de los costos por defender sus tierras fue la privación de su libertad.

En retrospectiva, el 7 de enero de 2018 en la comunidad de La Concepción, enclavada en la zona rural de Acapulco, Guerrero, se suscitaron hechos violentos entre un grupo armado auspiciado por el Comisario Municipal, Florentino Melchor León, aliado del gobierno y policías comunitarios. Desde que se ha intentado imponer la presa la Parota ha dividido a las comunidades a tal grado que ha polarizado el conflicto propiciado por el mismo gobierno del estado de Guerrero, así como por parte de los intereses empresariales, en su necedad de implantar el proyecto hidroeléctrico. La pelea entre campesinos es por el proyecto de desarrollo que el gobierno del estado de Guerrero les vendió, para forzar la implementación de la presa la Parota como la panacea del florecimiento humano en la zona, sin importar el rompimiento del tejido social comunitario. En varias comunidades que forman parte del CECOP se ha continuado con la división del movimiento como una forma de terminar con la resistencia que ha durado por más de 15 años. El conflicto escaló cuando en la comunidad de La Concepción, durante una fiesta, una persona intentó agredir a los policías comunitarios que estaban en la Casa Enlace y al buscar detenerlo, éste salió corriendo rumbo a la comisaría donde aguardaban sus compañeros quienes estaban armados y desde ahí dispararon contra dos Policías Comunitarios, Eusebio Elacio Martínez y Ulises Martínez García, quienes perdieron la vida al instante. Así empezó todo. Estos actos dieron lugar a un fuego cruzado en el que también fallecieron 6 personas del grupo armado del Comisario. Los habitantes del pueblo dicen que todo estaba planeado para desmantelar la lucha de los integrantes del CECOP.

En la mañana como a las 11:00 horas más de 200 elementos de diversas corporaciones de seguridad del Estado  -policía estatal, policía federal, policía ministeriales y elementos del ejército- arribaron a la comunidad como parte de un operativo masivo con aproximadamente 35 vehículos y un helicóptero del gobierno del estado que sobrevolaba el pueblo. Después del intercambio de palabras con algunos integrantes del CECOP, entre ellos Marco Antonio Suástegui Muñoz, el coordinador de la policía Ministerial ordenó el desarme de la policía comunitaria, utilizando el uso desmedido de la fuerza letal que dio como resultado tres ejecuciones extrajudiciales de los policías comunitarios, Feliciano Ascencio Sierra, Alexis Santo Castillo  y Crescenciano Everardo Lorenzo, hasta el momento no se ha abierto ninguna carpeta de investigación. Varios testimonios dan cuenta de 25 cateos ilegales a los domicilios, la mayoría integrantes del CECOP y 38 detenciones arbitrarias de las cuales 25 fueron vinculados a proceso. Actualmente de los 25 presos en el penal de Las Cruces, en la ciudad de Acapulco, 9 de ellos han obtenido su libertad y aún siguen el proceso en contra de 16 personas acusadas de homicidio.  A un año y un mes de haber sido detenidos exigen su liberación inmediata, pues sólo son defensores de sus tierras, del río que será destruido, sus costumbres y principalmente su forma de vida tal como la conocen, si se construye la presa la Parota.

Se han celebrado dos audiencias importantes ante el Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del distrito Judicial de Tabares, en Acapulco en donde se ha dado la batalla jurídica por la libertad de los presos del CECOP. La primera audiencia que queremos destacar, fue la  de vinculación a proceso donde se le hizo saber a la Juez las inconsistencias de los datos de pruebas que los fiscales hacen valer para inculpar a los procesados, 8 de ellos con signos visibles de tortura. Hubo detenciones arbitrarias donde los policías que las llevaron a cabo recabaron declaraciones a los detenidos aún sin leerles los derechos que les asisten, acto que a la luz del nuevo sistema de justicia penal es ilegal y trae como consecuencia la nulidad de los datos de pruebas. En esta tesitura de inconsistencias, se hizo notar la demora injustificada a lo referente a la puesta a disposición ante la autoridad ministerial, pues fueron detenidos a las 11 de la mañana y los ponen a disposición del Ministerio Público a las 7 de la noche. En la misma tónica, la prueba en materia de rodizonato de sodio (prueba con la que se puede determinar si una persona disparó un arma de fuego) les fue practicada únicamente por la perito químico sin que estuviera presente su defensor, aún cuando en los formatos que los mismos fiscales entregaron a la defensa aparece que deben estar asistidos por un defensor y debe ser en presencia del Ministerio Público para que se recaben muestras de esta naturaleza.

En esa audiencia 9 personas obtuvieron su libertad,  en la cual se ofrecieron y desahogaron medios de pruebas que acreditaron que no participaron en esos hechos. Sin embargo, ante la indebida valoración de los medios de pruebas en favor de los demás detenidos por parte de la Juez de Control se interpuso un amparo contra ese auto de vinculación ante el Juez de Distrito, el cual aún no se ha resuelto.

La segunda es la audiencia intermedia, que se llevó a cabo este miércoles 6 de febrero en el  Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares, en el Puerto de Acapulco, en la cual se admitieron y excluyeron los datos de prueba que serán utilizados para el juicio oral y así concretar la libertad de los defensores de la tierra y el río congregados en el CECOP. Esta audiencia fue trascendental dentro del proceso debido a que la defensa logró excluir varios medios de pruebas de la Fiscalía, entre ellos el dictamen en materia de rodizonato de sodio, por haberse obtenido con vulneración a los derechos humanos.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, afirma que:  “… Es una audiencia que se lleva por el proceso que se instruye a los compañeros del CECOP, que fueron detenidos el 7 de enero del 2018 acusados de un homicidio que no cometieron. Es un proceso que está en contra de los integrantes del CECOP y el miércoles tuvo ocasión esta reunión que fue muy importante porque se trató de qué pruebas se admiten y qué se excluyen. De nuestra parte se logró la exclusión de varias pruebas. Hoy en día la acusación del Ministerio Público (MP) queda debilitada e irá a juicio oral con pocas pruebas que sustentan la acusación o señalamiento que hay en contra de los compañeros del CECOP”.

“El caso se encuentra en la etapa intermedia el juicio que a ellos se les está instruyendo y próximamente se dará paso a la audiencia del juicio oral donde se estaría terminando el proceso y decidiendo la libertad de los integrantes del CECOP” asevera Rosales Sierra.  

Por su parte, hubo un bloqueo de las organizaciones sociales y familiares de los presos políticos del CECOP donde exigieron su libertad, ellos consideran que ha sido violados sus derechos humanos y que es injusta la detención de los campesinos del CECOP. “Ya queremos que salgan libres porque ya no tenemos dinero ya que somos pobres, ahora tengo que lavar ajeno para mantener a mis tres hijos. Mi esposo no hizo nada, lo fueron a sacar de mi casa sin cometer ningún delito. No sé por qué este gobierno se empeña en seguir torturándonos, matándonos y encarcelando a los que luchan por sus tierras y por la vida. Estar en la cárcel es el castigo de ser pobre, defender nuestros derechos y nuestro territorio”, dijo doña Xóchilt.

Publicado originalmente en Tlachinollan