Foto: Cuartoscuro
Desde 2009, por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, cada 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social con el fin de fomentar aquellas medidas y acciones que tengan como objetivo erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todas las personas.
Al respecto, Vicente Moctezuma Mendoza, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, señala que, siguiendo al sociólogo francés Francois Dubet, la justicia social se entiende hoy en día bajo el paradigma de la “igualdad de oportunidades”, el cual es meritocrático e individualista y, por lo tanto, no pone en entredicho las grandes desigualdades socioeconómicas en tanto éstas no estén determinadas por desigualdades en el punto de partida.
“Este paradigma, que se articula mejor con la racionalidad neoliberal dominante, ha sustituido otro paradigma que en términos históricos le antecedió y que estaba vinculado a la idea del ‘estado de bienestar’: el paradigma de la ‘igualdad de posiciones’. Éste buscaba, con mecanismos redistributivos de la riqueza, reducir significativamente las desigualdades entre las diferentes posiciones dentro de la estructura social (por ejemplo, entre los obreros y los empresarios). Ello daba pie, en una forma más extensa aunque siempre limitada, a lo que bajo el paradigma de la ‘igualdad de oportunidades’ se pretende actualmente con nulo éxito: la movilidad social.”
Cabe apuntar que, durante el siglo XX, el comunismo y el socialismo, principalmente, cuestionaron que el mercado, caracterizado por la competencia, la libertad de empresa y los intereses privados orientados a la maximización de las ganancias, fuera compatible con la justicia social en términos socioeconómicos y político-democráticos.
“En cambio, el neoliberalismo ha sido exitoso en crear la falaz idea de que no hay alternativa al imperio de los mercados y que cuando éstos operan libremente, sin injerencias estatales y de colectivos sociales, son instrumentos óptimos para el desarrollo socioeconómico y la satisfacción de las necesidades sociales”, añade Moctezuma Mendoza.
En opinión del investigador universitario, otro ámbito donde en las últimas décadas se ha transformado nuestra concepción de la justicia social es el de las “luchas por el reconocimiento”, a partir de la movilización de grupos con identidades de género, sexuales, étnicas, racializadas, etcétera, que, al desplazar la centralidad que durante mucho tiempo tuvieron las dimensiones económicas y de clase, han mostrado dimensiones de injusticia social asociadas a la cultura.
“En este sentido, la filósofa estadounidense Nancy Fraser ha señalado que la lucha por la justicia social tiene que contemplar dos dimensiones de injusticias: la distributiva, que atañe a desigualdades socioeconómicas arraigadas en la estructura económica-política; y la de reconocimiento, que atañe a desigualdades simbólicas o culturales arraigadas en los modelos sociales de representación, interpretación y comunicación. Esta distinción, sin embargo, es analítica, pues ambas dimensiones suelen estar imbricadas en la experiencia social.”
Papel fundamental del Estado
Así pues, las injusticias sociales también son reproducidas por actores sociales. Sólo se debe pensar en la discriminación por cuestiones de género y étnicas, y en la racialización de los cuerpos, que se reproducen en interacciones sociales cotidianas y en los medios de comunicación, entre otros espacios.
Con todo, el Estado desempeña un papel fundamental en los procesos de (in)justicia social (distributiva o de reconocimiento) y en su institucionalización.
“El Estado ha sido productor y reproductor de injusticias sociales. No hay que olvidar que el Estado moderno surgió a la par y fue participe de la génesis y reproducción del capitalismo. Además, como ha planteado el geógrafo inglés David Harvey, lejos de la idea utópica neoliberal de los mercados libres e independientes de cualquier injerencia estatal, los mercados realmente suelen ser impuestos y sostenidos a partir de violentas intervenciones estatales con importantes dimensiones de coerción y represión. Por si fuera poco, como el sociólogo Pablo González Casanova y el historiador Federico Navarrete han mostrado, los Estados nacionales latinoamericanos que surgieron tras su respectiva independencia siguen reproduciendo formas de opresión, explotación y despojo contra los pueblos indígenas”, indica Moctezuma Mendoza.
No obstante, el Estado también es un importante espacio de contienda en la lucha contra las distintas injusticias sociales.
“Sólo por poner un ejemplo, regresemos al estado de bienestar. Si bien éste no transformaba la estructura económica-política central en la producción de las injusticias distributivas capitalistas (y, además, reproducía, como fue señalado por distintas feministas, la lógica familiar patriarcal), sí ponía límites a la acumulación en favor de las condiciones de los trabajadores y establecía, en cuanto a medidas redistributivas, cierto piso de igualdad, fuera de la lógica privativa del mercado.”
Escenario nada alentador
Moctezuma Mendoza cree que el escenario en torno a las injusticias sociales en México no es nada alentador. Según él, las transformaciones neoliberales profundizaron las injusticias de clase, es decir, las que están relacionadas con aspectos socioeconómicos como la desigualdad de ingresos, de condiciones de explotación y de exclusión (de la producción y el consumo).
“Las grandes riquezas de unos cuantos y los contingentes de población en condiciones de vulnerabilidad o pobreza dan cuenta de esto. A pesar de todo, se debe resaltar que en los últimos dos años ha habido algunas iniciativas a favor del trabajo, como las vinculadas a los salarios mínimos, los sindicatos y el outsourcing. Ahora bien, las medidas redistributivas de las políticas sociales responden a lógicas ‘afirmativas’ más que a lógicas ‘transformadoras’, para usar, de nueva cuenta, términos de Fraser. Esta filósofa plantea que puede haber dos tipos de soluciones de las injusticias sociales: las ‘afirmativas’, que buscan revertir los efectos injustos del sistema social sin alterar este último; y las ‘transformadoras’, que, por lo contrario, pretenden reestructurar el sistema social que genera dichos efectos.”
Por otro lado, si bien las luchas reivindicativas vinculadas a diferencias sexuales, de género y étnicas han aumentado en las últimas décadas y en algunos frentes políticos (sociales y estatales) han logrado que disminuyan ciertas injusticias de reconocimiento y, también, redistributivas, este avance ha sido, en realidad, superficial y parcial.
Las preferencias sexuales, las diferencias de género, las identidades étnicas y la clasificación racializada de los cuerpos siguen estando firmemente asociadas a injusticias sociales como la dominación cultural, la discriminación, el desprecio, la desigualdad de ingresos y la explotación.
“En definitiva, el avance de la justicia social en México se ve sinuoso. En los últimos años se ha hecho evidente que el capital nacional e internacional detenta un inmenso poder político y económico, y ejerce la hegemonía en la conservación del sistema social que se estructura alrededor de él y que reproduce distintas injusticias redistributivas y de reconocimiento”, concluye el investigador.
Recuadro
La frase: “La justicia social se define en la lucha. Es decir, lo que entendemos por justicia social se encuentra en las transformaciones sociales e históricas; está inscrita en procesos políticos disputados”
Vicente Moctezuma Mendoza
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
Publicado originalmente en Gaceta UNAM
