El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires emitió un fallo que ampara a que cualquier agente policial pueda requerir la identificación de una persona, sin que esta esté cometiendo un delito o esté en actitud sospechosa. Todo queda a criterio único del agente policial.

A pesar de que el fallo indique que la medida debe utilizarse de “razonablemente” y “con la finalidad de prevenir un delito” no son esas las características que abundan dentro de la corporación policial.

Según explica la Izquierda diario, el fallo del tribunal tomó como base la Ley Orgánica de la Policía Federal, que data de 1958, época de la dictadura del Gral. Aramburu.

Organizaciones de derechos humanos han manifestado que la medida profundiza la discriminación policial y que complica más el contralor ciudadano sobre una policía que ya está desbocada.

Tanto el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) como la CORREPI (Coordinadora Antirrepresiva) se opusieron al fallo: es “regresivo porque convalida y habilita prácticas arbitrarias y discriminatorias, ignorando toda jurisprudencia que pudo límites a ese accionar», según publicó la Agencia Télam.

“Es muy larga la historia de las detenciones sin orden judicial en la Ciudad de Buenos Aires. Durante los años que siguieron a la dictadura, la pelea por denunciar y visibilizar las prácticas cotidianas y arraigadas de detenciones arbitrarias, hostigamiento y violencia de la Policía Federal fue muy fuerte.”

Luego de que la policía asesinara a Walter Bulacio, un joven que se dirigía a un recital de la banda Los Redonditos de Ricota, en 1991, y la sentencia condenatoria que por ese caso se obtuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las fuerzs sociales que se han concentrado en denunciar la cotidiana (y por tanto invisible) violencia policial, lograron un antecedente al respecto.

“El fallo retrocede en esas discusiones que llevan años, sobre las facultades policiales de detención y averiguación de identidad, sin tomar en cuenta el fallo de la CIDH por el caso Bulacio ni la jurisprudencia” advirtieron desde el CELS.

Desde CORREPI, María del Carmen Verdú sostuvo que “este es un fallo más que se suma a muchos anteriores, incluso de la Corte Suprema de Justicia. Sistemáticamente el PJ vino avalando lo que es una costumbre en todo el país, que habilita a la Policía a detener a cualquiera por actitud sospechosa”

“El fallo es el peor mensaje posible para el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires”, sentenciaron desde el CELS.