Ciudad de México | Desinformémonos. Las autoridades de Guadalajara están obligadas a reinstalar de manera inmediata el Antimonumento 5J, a vigilar su permanencia y a rendir informes semanales, por orden del juez segundo de distrito en materias administrativa, civil y de trabajo, cuya resolución restituye los derechos de asociación y de manifestación pacífica de ideas de las víctimas, colectivos y activistas que instalaron el antimonumento el pasado 5 de junio para exigir justicia a tres años de la ejecución extrajudicial de Giovanni López y de la represión a las manifestaciones en Guadalajara tras conocerse el caso los días 4, 5 y 6 de junio de 2020.

La decisión del juez retomó los criterios del Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa de Jalisco que el pasado 6 de julio calificó el retiro del antimonumento “como un acto de censura constante”, explicaron el Colectivo #5deJunioMemoria, el Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

Indicaron que aunque aún hay posibilidad de que la decisión sea revertida a partir de diversos recursos jurídicos y que está pendiente que el juez resuelva sobre la suspensión definitiva, desde el 19 de julio “de manera urgente y obligatoria las autoridades involucradas deben instalar ya el #Antimonumento5J”.

La orden del juez está dirigida a la Dirección de Inspección y Vigilancia del gobierno de Guadalajara, cuyos trabajadores deberán garantizar durante la reinstalación el derecho de las víctimas a la participación conjunta, por lo cual los colectivos exigieron que se cumpla de manera inmediata la resolución judicial y que las autoridades del estado aseguren que los sobrevivientes de los hechos y familiares estén presentes y colaboren en la coordinación y reinstalación del antimonumento.