Culiacán, Sin., 9 de abril. El juez séptimo de primera instancia del ramo penal en Culiacán negó la libertad bajo caución a cuatro comuneros afectados por la construcción de la presa Picachos, que fueron detenidos el pasado 1º de abril cuando marchaban por la Maxipista Culiacán-Mazatlán y la México-Nogales 15.

El procurador de justicia en Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez, dijo que la dependencia a su cargo solicitó al juez negar el derecho al pago de fianza, debido a que se les imputa el delito de ataque a las vías generales de comunicación; además, a los detenidos se les podría juzgar por otras faltas al integrarse más averiguaciones, que el funcionario no precisó.

El primero de abril, policías ministeriales desalojaron a comuneros desplazados por la presa Picachos que marchaban en forma simultánea por las carreteras Maxipista y México-Nogales 15, con saldo de 45 manifestantes detenidos.

Cuatro campesinos –el líder Atilano Román, además de Hortensia Gutiérrez Zamora, Óscar René Osuna Díaz y José Isabel Osuna Lizárraga– permanecen presos por obstruir las vías de comunicación y fueron catalogados por la Procuraduría General de Justicia del Estado como peligro para la sociedad. El resto de los arrestados fueron liberados tras el pago de fianzas.

El abogado de los implicados, Julio Lozano Bailón, denunció que existen irregularidades en la averiguación que se integró con el número de expediente 64/2012, al acusarlos de pandillerismo, llevar palos y atacar con piedras a los policías.

Precisó que este martes vence el plazo establecido para que el juez séptimo emita la resolución de auto de liberación o formal prisión contra los acusados, quienes podrían recibir condena de tres meses a tres años de prisión.

Los cuatro indiciados fueron declarados formalmente presos a pesar del alegato de la defensa de que no debieron ser tratados en forma diferente al resto de los detenidos.

Decenas de comuneros mantienen en el malecón de Mazatlán un plantón indefinido, en demanda de la liberación de los presos y del pago de indemnizaciones justas por las viviendas y tierras despojadas.

En este caso, el gobernador Mario López Valdez incumplió las propuestas a las que se comprometió por escrito cuando era candidato. El mandatario reprimió y encarceló a los comuneros afectados por la construcción de la presa Picachos, a pesar de que uno de sus compromisos de campaña era apoyar y resolver los problemas de estas comunidades y estar en las buenas y en las malas con los pueblos desplazados.

El acuerdo fue suscrito cuando era candidato a gobernador, pocos días antes de los comicios de julio de 2010. En el documento se establece retomar todos los convenios anteriormente firmados por las autoridades, instalar una mesa de diálogo para incorporar a estas comunidades al desarrollo, e impulsar programas de vivienda y de carácter productivo.

El compromiso por escrito, cuya copia posee La Jornada, fue firmado el 27 de junio de 2010 por López Valdez y los candidatos a presidentes municipales de Mazatlán y Concordia, Alejandro Higuera Osuna y Alejandro Osuna Millán, ambos alcaldes en funciones.

En la parte inicial del texto se reconoce que los habitantes de las seis comunidades afectadas por esta obra hidráulica –cuyo conflicto tiene alrededor de 10 años– fueron víctimas de desalojo e ilegalidad, pues no se respetaron la Ley Agraria, la Ley de Expropiación ni la Constitución General de la República; además se violaron los derechos de los habitantes de San Marcos, Copales, El Placer, La puerta de San Marcos, Las Iguanas y Casas Viejas.

Se reconoce que la política seguida por los gobiernos del estado y municipales de Concordia y Mazatlán han agraviado a estos pueblos al no dar cumplimiento a sus demandas, señala.

Expresa que tras años de lucha, movilizaciones, desalojos violentos y firmas de convenios, las autoridades estatales y municipales están comprometidas a otorgarles atención expedita y justa para solucionar sus demandas.