En comunidades, agencias municipales y municipios, tales como La Mata, El Espinal, Juchitán, La Ventosa, La Venta, Unión Hidalgo, Ingenio Santo Domingo, La blanca y Niltepec, se han instalado masiva impositivamente parques eólicos, no excentas de conflictos, sin que mediara la mínima consulta a las comunidades directamente afectadas por la instalación de los mismos, tal como se recomienda por convenios internacionales como el 169 de la OIT y por la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas y originarios de la ONU.
Oaxaca y particularmente el municipio de Juchitán, cuenta actualmente con gobernantes como el secretario de asuntos indígenas del estado y el presidente municipal, respectivamente, quienes, en el tiempo anterior a los cargos públicos que hoy detentan, figuraron como expertos en materia de derechos indígenas, dada su participación en diversas sesiones de discusión y consulta en grupos de trabajo sobre derechos indígenas de la ONU. El IITC [3], Consejo Internacional de Tratados Indios, por sus siglas en inglés, con estatus consultivo ante la ONU, y con una amplia experiencia en la materia y en el litigio y loby internacional dentro de ese sistema, acogió en su seno en los diálogos y negociaciones con los estados miembros a personalidades como Saúl Vicente Vásquez, actual presidente municipal de Juchitán. No obstante dicha experiencia, los funcionarios no han mostrado la suficiente oposición a las violaciones que de hecho realizan sistemática y cotidianamente las empresas eólicas en la región, de tal forma que por omisión se han llegado a convertir en cómplices de la imposición del megaproyecto en las tierras comunales y ejidales de las comunidades indígenas.
En un intento por resarcir este hecho, en la cabecera municipal de Juchitán, se ensaya desde octubre pasado un simulacro de consulta, supuestamente en los términos estipulados por el propio Convenio 169, a fin de no imponer otro megaproyecto eólico en Juchitán, ahora denominado Eólica del Sur y que, sin embargo, hemos visto también las reiteradas quejas de las comunidades, autoridades agrarias y organizaciones de la región, en el sentido de que dicha consulta es amañada, realizada con acarreados de la nomina del municipio, resaltada y basada en filiaciones político partidistas, sin observar el carácter de una consulta libre, previa e informada, como se contempla en el Convenio 169 e instrumentos internacionales.
Hoy, en el marco de la visita de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, una fracción de la vieja guardia de la COCEI, pretende reivindicar parte de su legado histórico de tiempos idos, bajo el argumento de que olvidar puede implicar repetir el ominoso hecho de la masacre estudiantil de los 70s, en Juchitán. El Comité de Solidaridad con Ayotzinapa en el Istmo de Tehuantepec, ha retomado en este contexto la necesidad de reivindicar la demanda de la presentación de Víctor Yodo, una desaparición que marcó la historia de la pérdida de los bienes comunales de Juchitán, que hoy viene a redituar excelentes dividendos al atraco territorial cometido permanentemente por las empresas eólicas transnacionales.
Por supuesto que se hace necesaria la memoria y no olvidar, pero también resulta harto denunciable la injusticia latente y presente que representa la sarta de atrocidades y el atraco prefigurado en los últimos quince años por el despojo que las empresas eólicas transnacionales realizan, desde el modelo neoliberal de acumulación por despojo, en el actual conflicto socioambiental que se vive en el Istmo de Tehuantepec y diversas regiones indígenas de Centro y Sudamérica.
Los renovados esfuerzos de la nueva y a la vez vieja COCEI, por limpiar su imagen y legitimar dicho despojo, desde la actual presidencia municipal de Juchitán, con el apoyo de la secretaria de asuntos indígenas del gobierno del estado, solo viene a mostrar con bríos neocoloniales la inauguración de un indigenismo posmoderno de Estado en el nuevo laboratorio binnizá, el otrora primer bastión municipal de la izquierda comunista de México.
A las víctimas del Concejo Ciudadano Unihidalguense, en un aniversario más, a doce años de injusticia e impunidad (1).
A los padres de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, a propósito de su próxima visita a la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México(2).
pero no cambia mi amor
Por más lejos que me encuentre
Ni el recuerdo ni el dolor
De mi pueblo y de mi gente
PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS
Nunca más un México sin nosotros
Santa Helena, Petén, Guatemala C.A. 13 de febrero de 2015.
[1] EL 13 de febrero de 2003, se dio la represión contra una manifestación pacífica en la plaza central de Unión Hidalgo, Oaxaca, Istmo de Tehuantepec; el saldo un muerto y diez heridos, a partir de ahí se inició una ola represiva desde los gobiernos de José Murat en el gobierno del estado y Armando Sánchez, en el gobierno municipal; más de cinco asesinatos, en su mayoría políticos, tres presos políticos, 40 ordenes de aprehensión, marcaron esa difícil etapa en la historia reciente de Unión Hidalgo; los autores intelectuales y materiales de estos homicidios e injusticia, siguen libres y en plena impunidad. Para que estos hechos no se repitan, Unión Hidalgo no debe olvidar ni perdonar.
[2] De acuerdo con el Comité de Solidaridad con Ayotzinapa, los días 20, 21 y 22 de febrero tendremos en el Istmo la visita, hay un programa de actividades en que se espera participen distintas comunidades y organizaciones de la región.
[3] EL International Indian Treaty Council, surge y es parte del American Indian Mouvement, desde los años 70s, surgen en el contexto de Wondood Knee, victoria de los pueblos indios de Norteamérica contra el Estado Yanquee por el reconocimiento de sus derechos territoriales y como pueblos originarios; desde entonces, pero sobre todo en la década de los 90s se convirtieron en expertos en las discusiones en materia de derechos de los pueblos indígenas al seno de la Asamblea de la ONU sobre el tema.
