Las omisiones y actuaciones por fuera de la ley del personal de la Secretaría de Salud, de la Procuraduría y del Tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo condenaron a la muerte a Jessica González Mandujano, víctima de violencia de género por su pareja.

En julio de 2014 el capitán CMET (omitimos su nombre completo para respetar el principio de presunción de inocencia que establece el Nuevo Sistema de Justicia en México) asesinó a la que fue su pareja por más de 14 años. Hoy el victimario sigue en libertad.

Cuando Jessica conoció a CMET, él era teniente del Ejército mexicano y rondaba los 30 años mientras que ella, menor de edad en ese momento, aún no terminaba la secundaria. Ambos se veían sin el consentimiento de la familia de la joven. Después de pocos meses de noviazgo, Jessica se mudó a Chiapas para vivir con el militar. Allí tuvieron a sus tres hijos.

“Pues no, la verdad es que no tuvieron mucho noviazgo. Él venía y la buscaba y la buscaba. Me decía: ‘ahorita vengo, voy a la tienda’. Pero yo creo que lo veía porque una vecina me decía ‘vi a Jessica con ese señor que parece su papá’. Entonces le decía: ‘pero Jessica, mira que esa persona no te conviene, estás jovencita, ahorita estás para escoger no para arrebatar’; pero yo creo que ella estuvo siempre amenazada. Ella me dijo después que cuando la golpeaba, le decía: ‘Si tú le dices a tus padres, los mando a matar’”, aseguró en entrevista, la madre de la víctima.

Cuando la pareja y los tres hijos regresaron a Hidalgo, la familia González Mandujano fue testigo de numerosas situaciones de violencia y amenazas hacia Jessica. El 13 de octubre de 2013 inició la primera denuncia judicial sobre la situación que sufría a manos de CMET. Esta se hizo efectiva hasta el 30 de mayo de 2014.

“En ocasiones le ponía la pistola en la cabeza. Una vez fui a su casa y empezaron a discutir. Estaba mi hermano el fallecido, su esposa, los niños y yo. De momento empezaron a discutir, siempre por celos. Entonces ella le dijo ‘¿quieres que diga todo lo que eres?’ Él se molestó y dijo: ‘tú dices y sabes lo que pasa’ Y le puso la pistola en la cabeza. Ese día sentí que la sangre se me fue. Ella tenía una radiografía con una fisura en la cabeza que le había hecho con la pistola”, dijo en entrevista la hermana de la víctima.

Jessica rogó por secretismo en su denuncia ante los funcionarios del Ministerio Público de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, pues temía las represarías de CMET, quien fue notificado y posteriormente aprehendido en los primeros días de junio de 2014. Tras pagar fianza, fue puesto en libertad dos días después.

Posterior a ello, el Ministerio Público omitió notificar tanto al presunto asesino, como a Jessica sobre una orden de restricción emitida con el objetivo de salvaguardar a la víctima. Además la instancia no aseguró que las medidas de protección se hicieran efectivas.

En violación a esta medida, CMET irrumpió en la casa que había compartido con Jessica en Tulancingo. Allí la violó y torturó. Luego de lo sucedido, Jessica informó a un abogado asignado por pedido de un coronel de la 18 zona militar.

“CMET llegó en la madrugada, se metió como delincuente y me sentó en una silla y me amarró de pies y brazos en ella con cinta negra y a ponerme una bolsa en la cabeza. Eso me lo hizo de la una de la mañana hasta las cinco y media de la mañana. Xfa (sic) si les llegan estos mensajes no los deje sin darle importancia”, se lee en la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos estatal consultada, en la que destaca que este es uno de los mensajes de texto que Jessica envió a su abogado.

El abogado acudió al Ministerio Público para presentar las pruebas de la violación y la tortura y de esta manera reclasificaran la averiguación iniciada por violencia familiar a violación sexual. Los agentes públicos se rehusaron a hacerlo e iniciaron una averiguación por el primer delito con fecha del 19 de julio de 2014.
Posteriormente CMET volvió a irrumpir en la casa de la víctima. Esta vez la secuestró junto con sus tres hijos.

“¡La secuestró! También el día que lo agarren él tiene que decir dónde están esas personas, a dónde llevó a Jessica y a los niños. La violó ahí, estando los niños y estando la familia donde los llevó. Ella se escapó como pudo. Llegó con los niños espinados, arañados porque bajaron de un cerro, señorita yo no sé dónde fue esto. Y llegó a la carretera y pidió ayuda. Se fueron a levantar el acta, pero nunca procedía nada”, narró la madre de Jessica.

Todo lo relatado sucedió en presencia de los tres menores de edad: la violación, la tortura con choques eléctricos, los golpes y amenazas. Esta vez, cuando Jessica fue a levantar la denuncia, sí la clasificaron como violación. De acuerdo al testimonio de un agente público del Ministerio, volvieron a solicitar una orden de reaprehensión contra el acusado al Juez Segundo Penal de Tulancingo, Porfirio Austria Espinosa.

La familia González Mandujano, desesperada por protección, acudió a la 18 zona militar, antiguo lugar de trabajo del presunto feminicida para solicitar apoyo. Allí les explicaron que no podían hacer nada y los derivaron al DIF. En esta instancia los volvieron a canalizar a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual, que depende de la Secretaría de Salud estatal.

En dicha unidad realizaron una evaluación psicológica, la cual determinó que Jessica era víctima de una violencia extrema. Además padecía depresión, estrés postraumático y ansiedad. En línea con este diagnóstico le dieron ingreso el 25 de julio de 2014, junto con sus hijos, al único refugio para mujeres que hay en Pachuca, Hidalgo.

En Hidalgo a organización de Servicios de Inclusión Integral AC (Seiinac) documentó 70 casos de feminicidio del 2013 al 2016 en 15 municipios y ciudades de Hidalgo: Pachuca, San Bartolo Tutotepec, Omitlán, Cuautepec, Xochicoatlán, Apan, Emiliano Zapata, Mixquiahuala, Epazoyucan, San Agustín Tlaxiaca, la zona del Valle del Mezquital (Tula, Tepeji, Mixquiahuala, Ixmiquilpan, Progreso de Obregón, Tepatepec) seguido de Tulancingo y Tizayuca.

El estado tipificó el delito de feminicidio el 8 de marzo del 2013, con la modificación del Código de Procedimientos Penales del estado, que lo sanciona con una pena de 60 años de cárcel.

Artículo publicado originalmente en CIMAC