El modelo del sistema de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Montaña y Costa Chica de Guerrero –que está por cumplir 19 años– sufre una implosión porque algunas de sus autoridades se han alejado de los intereses de las comunidades y de los mandatos de las asambleas.

Así lo afirmó en entrevista el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien dijo que el Estado no es ajeno a esa crisis porque ha tratado dedomesticar a la organización y con dinero imponerle una agenda para que se empiece a deslindar de los temas más espinosos, que tienen que ver con la construcción de la autonomía, la disputa contra las mineras y otros asuntos de defensa del territorio, así como de sus integrantes detenidos.

El antropólogo urgió a retomar un proceso de negociación entre las diferentes fracciones de la CRAC-PC –que se ve difícil, porque están muy polarizados– para rescatar el proyecto histórico de este sistema de justicia indígena que opera en 147 comunidades, donde redujo hasta en 90 por ciento la comisión de delitos.

La confrontación tiene consecuencias, como ya pasó hace días, que entre el Ejército a poner orden y entonces se desmantele el sistema de justicia comunitaria… algo que desde su nacimiento han buscado las autoridades civiles y militares, alertó.

Barrera mencionó que la agenda de Eliseo Villar Castillo, coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán (CJSLA), ha acabado siendo muy pragmática y muy empatada con los intereses del Estado. Villar fue destituido el 30 de marzo en una asamblea a la cual él no da validez, afirmando que fueminoritaria.

Dicha agenda es apoyo a proyectos productivos, aumentar el recurso económico (un millón de pesos al mes) que les daba el gobierno estatal, el dinero para la construcción de las casas de justicia, armamento, uniformes y quedó desdibujado el tema más político de cómo fortalecer un modelo de seguridad de los pueblos desde la propia cosmovisión y autonomía. Villar empezó a manejar ese recurso sin transparencia ni rendición de cuentas, indicó.

Barrera mencionó que ahora la policía comunitaria se ha vuelto más elitista dentro de los mismos pueblos, pero no para defender los intereses de la comunidad, sino los intereses del grupo que está coordinando la CRAC.

Estimó que la fracción de la CRAC que recuperó la CJSLA el pasado 30 de marzo, que aglutina a consejeros, coordinadores, comisarios, ex comisarios –líderes históricos de la región de la Costa-Montaña–, tiene mayor claridad sobre el sentido original del proyecto, de que los coordinadores estén realmente supeditados a la decisión de las asambleas, de que son las comunidades las que nombran a sus policías, que hay un reglamento interno que debe cumplirse, un proceso de reeducación para quienes delinquen.

Explicó que la crisis detonó por diferencias internas entre las comunidades indígenas y sus dirigentes sobre lo que debe ser un sistema integral de justicia indígena con control de la comunidad, contra el actuar de las autodefensas, más policiaco, como el de la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero), creada por los hermanos Bruno y Cirino Plácido –que estuvieron entre los fundadores de la CRAC– y trataron de tomar el control de la CJSLA.

La fracción CRAC se defendió poniendo al frente al sector duro, como Eliseo Villar, que era parte del grupo de guardias especiales que fundó el anterior coordinador, Pablo Guzmán.

Cuando el Ejército y la Marina empiezan a detener y desarmar a los grupos comunitarios diciéndoles que ellos son CRAC en su propia comunidad, que no pueden trasladarse a otra comunidad, que tienen que pedir permiso, se da un acuerdo con el gobierno federal para que la Policía Comunitaria registre sus armas, registre quiénes son y que el gobierno les va a dar una credencial de policías comunitarios.

Frente a esto hay dos visiones: por un lado hay críticos que dicen que la CRAC ya cedió parte de su lucha autonómica al Estado, que hay una actitud entreguista, pero también otros dicen que más bien ha ganado terreno en términos de su movimiento y está ahora siendo reconocida por las autoridades, explicó Barrera.

Señaló que Villar además creó la Casa de Justicia de Cochoapa, con los grupos afromestizos en Ometepec, sin consultar a la asamblea, y su gente busca formar grupos de policía comunitaria paralelos que respondan más a los intereses de los coordinadores. Eso es lo más peligroso, porque están generando más clientelas en comunidades donde hay cierta influencia para que hagan contrapeso a los grupos de San Luis Acatlán, que son más críticos y donde no tienen consenso, afirmó.