Ciudad de México | Desinformémonos. La Jornada Civil por la Paz documentó la situación de vulnerabilidad de las familias de Santa Tulita, en el municipio chihuahuense de Guadalupe y Calvo, ante las amenazas de desplazamiento forzado por la violencia provocada por grupos armados, la tala clandestina de los bosques, la falta de agua y alimentos y el abandono gubernamental.

Del 20 al 23 de agosto, la Jornada Civil, integrada por cinco organizaciones de la sociedad civil y periodistas, constataron “las graves violaciones a los derechos humanos que padece esta comunidad, que tiene más de 40 años solicitando el reconocimiento legal de su territorio”.

El reclamo de la comunidad está detenido por la Secretaría de Desarrollo Agraria, Territorial y Urbano (Sedatu), aun con el amparo que obtuvo en contra de esta instancia “debido al retardo injustificado en emitir la declaración de terreno nacional para la posterior entrega a la comunidad”.

Las organizaciones, entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y la Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), señalaron que desde enero de este año se ha denunciado la situación de inseguridad y violencia en la región, donde se tala ilegalmente el bosque y se vive “la presencia permanente de personas armadas recorriendo los caminos, la escucha frecuente de detonaciones de armas de fuego y el desplazamiento forzado de familiares y jóvenes que se ven amenazados de ser reclutados de manera forzada por grupos de la delincuencia organizada”.

Añadieron que mientras se registró por tiempo limitado la presencia de las fuerzas armadas y las dependencias gubernamentales en la comunidad, “los talamontes se escondieron”, pero volvieron en cuanto se retiraron los funcionarios. Además, la violencia provocó que la brigada médica de la Secretaría de Salud dejó de ir por tres meses y que se ofrecieran consultas por algunos días sólo durante cuatro horas, “por lo que muchas personas no alcanzaron a ser atendidas”.

A la situación de violencia se suma la escasez de agua y el desabasto de alimentos, pues las lluvias llegaron tarde y se perdieron las cosechas de maíz y frijol, así como cerraron las tiendas de abasto.

“Quienes integramos la Jornada Civil por la Paz manifestamos nuestra preocupación por la situación de vulnerabilidad que viven las familias, tanto en lo relacionado con la falta de seguridad, la falta de acceso al agua potable, como en la falta de alimentos y la salud precaria de mujeres, hombres, personas jóvenes y niñez”, destacaron las organizaciones.

Por ello, exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno la instalación de un resguardo permanente para las familias, detener la tala ilegal en la región, brindar atención médica “constante y de calidad” para la población, instalar un sistema de agua potable, entre otras medidas.

A continuación el comunicado completo: