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Iniciativa de ley agraria es una estrategia de despojo contra los pueblos indígenas: CNI

Redacción Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. La iniciativa de ley agraria propuesta por Morena el pasado 23 de octubre es una “estrategia” para continuar el despojo contra los pueblos indígenas y busca armonizar las disposiciones legales a través de las reformas estructurales en materia energética y de hidrocarburos, al igual que con los regímenes privatizadores de concesiones mineras, de aguas y de bienes nacionales, aseguró el Congreso Nacional Indígena (CNI) junto con organizaciones campesinas.

“Con esta iniciativa olvidan que las tierras las han obtenido los ejidatarios y comuneros después de una lucha armada, hace ya cien años, y que no sólo se usan para producir y explotar los recursos naturales que ahí existen”, sino también para recrear su cultura y la convivencia con las otras comunidades, indicaron.

Señalaron que la propuesta facilita a las empresas transnacionales apoderarse de las tierras de uso agropecuario y forestal y, de acuerdo con el integrante del CNI, Carlos González García, la iniciativa “da continuidad” a la contrarreforma salinista de 1992 y forma parte de una estrategia para despojar a los pueblos.

Por su parte, las organizaciones manifestaron su preocupación ante los títulos que incluye la propuesta, pues algunos plantean que los pueblos aporten sus tierras en asociaciones con inversionistas privados, que las transformen en acciones tipo T y que celebren contratos que impliquen el usufructo de la tierra ejidal por terceras personas, así como disponer de las tierras de uso y aprovechamiento común “sobre todo para ser cedidas a terceros”.

Indicaron que estas determinaciones legales “pueden tener la finalidad de facilitar que inversionistas y personas ajenas a los ejidos y comunidades se apropien de estos recursos, se lleven las ganancias tan sólo por invertir en ellos y las abandonen cuando ya estén inutilizadas”, tal como ha sucedido “en otros tiempos”.

Ante ello, criticaron que las autoridades busquen beneficiar a los empresarios en lugar de promover que los ejidatarios y comuneros sean quienes sean capacitados y decidan sobre la preservación y explotación de los recursos en sus territorios.

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