Foto: Juan Calles
Este 6 de enero dio inicio la primera audiencia del juicio en contra de un grupo de patrulleros de autodefnsa civil (PAC), en el caso de las 36 mujeres Achi que sufrieron violencia y esclavitud sexual, son cinco ex patrulleros Civiles que son acusados de delitos de lesa humanidad. La audiencia debía iniciar el 4 de enero, pero ante la ausencia de uno de los abogados de la defensa se reprogramó para el día siguiente, una acción calificada como litigio malicioso para retrasar el debate.
Eran las 8 y media de la mañana, la sala de audiencias lucía tétrica y fría, solo los micrófonos y los paneles de plástico transparente para supuestamente evitar contagios de Covid-19 hacían real la escena, afuera haciendo cola, diez mujeres indígenas Achi esperaban que les permitieran entrar. Cubrían sus cabezas con toallas y chales de colores, “no tenemos vergüenza, tenemos miedo de las represalias” dijo una de las mujeres Achi, cuando la agente de seguridad le pidió que se descubriera la cabeza. Debajo de las telas las canas pintan de color blanco y gris su cabello.
Una a una eran registradas por una mujer policía, parecía una afrenta más, parecía que las mujeres que estaban allí para pedir justicia eran sospechosas de algún delito; al entrar a la sala las ubicaban una lejos de la otra para guardar una sana distancia, cada una se quedaba sentada en donde les indicaba la seguridad del organismo judicial y se veían las manos o las puntas de sus zapatos viejos y gastados.
Empezaron las pruebas de sonido y de conexión, los cinco acusados estarían en videoconferencia desde el centro militar Mariscal Zavala, que hoy hace la función de cárcel para prisioneros VIP acusados de corrupción y delitos contra el erario nacional; desde allí cinco viejos expatrulleros, escucharían los delitos de los que se les acusa. Entre ellos tortura y esclavitud sexual.
Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino, Damián Cuxum Alvarado, Gabriel Cuxum Alvarado, Francisco Cuxum Alvarado, desde una pantalla lejana y de baja resolución asomaban sus rostros cubiertos con mascarillas, reaccionaban ante las intervenciones de sus abogados de la defensa, movían los brazos y manos aprobando o desaprobando lo que se decía en la sala. Una imagen irreal para un juicio dolorosamente verdadero.
Todos ellos decidieron que no declararían ante el tribunal.
La jueza presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, Jazmín Barrios, dio inicio a la audiencia verificando la presencia de los sujetos procesales, representantes del Ministerio Público, abogadas representantes de las 36 mujeres Achi, y las abogadas de la defensa técnica de los cinco acusados, incluido Julio César Colindres quien no se presentó ayer, por esa razón la audiencia se atrasó hasta el día de hoy 5 de enero.
Colindres al presentarse informó que no se presentó por que tuvo que hacerse exámenes cardiológicos, su corazón está enfermo, afirmó, por la misma razón solicitó al tribunal una semana de aplazamiento para buscar un abogado que se haga cargo de la defensa, ya que su salud no le permite estar todo el tiempo en el tribunal. La jueza Barrios después de deliberar con sus jueces auxiliares Patricia Bustamante y Gerber Sical decidió que la audiencia continuaría este día y que Colindres debería estar en la misma, le daba 24 horas para encontrar a un abogado que lo auxiliara en el caso.
La defensa de los patrulleros afirma que los delitos ya caducaron
Por su parte la abogada representante de la Procuraduría General de la Nación, PGN, pidió que se desligue al Estado de Guatemala del caso que se juzga, pues los acusados, según su opinión, nunca fueron funcionarios públicos o miembros de alguna institución estatal, por lo que no debería incluirse al Estado guatemalteco en el presente caso.
Julio Colindres por su lado pidió que los delitos por los que son juzgados sus defendidos ya prescribieron, es decir, que son delitos que por el tiempo que ha pasado ya no pueden ser juzgados. Además, invocó la ley de reconciliación nacional.
La jueza Barrios después de deliberar con sus auxiliares declaró que en el caso de la prescripción de delitos invocada por los abogados de la defensa, por unanimidad se declara no ha lugar, ya que en el derecho nacional e internacional las graves violaciones a Derechos Humanos no prescriben. Y en el caso de lo planteado por la representante de la PGN se resolverá al dictar sentencia, es decir, al concluir el debate oral y público.
Los abogados defensores parecían acorralados y sin muchos argumentos, se dedicaron a repetir sin mucha convicción, pero con mucha bilis que tal vez sus defendidos están siendo confundidos con otras personas, que no nunca fueron miembros del ejército, que quienes ejercían violencia en la región era la guerrilla, que las mujeres Achi ya fueron indemnizadas económicamente, entre otros argumentos que hacen ver a la defensa técnica poco preparada y sin ánimos de defender a los acusados.
El Tribunal escuchó los primeros peritajes
La primera experta en declarar frente al tribunal fue Aura Estela Cumez, Antropóloga especialista en el tema de género quien presenta el Peritaje sobre Violencia Sexual, durante su presentación afirmó que su investigación evidencia que los hechos cometidos contra las mujeres del pueblo Achi, tienen claros elementos de racismo y tácticas de guerra contrasubversiva.
“Durante el Conflicto Armado Interno, CAI, las comunidades Maya Achi fueron ocupadas y controladas por el ejército que operaba desde un destacamento y campamentos militares en coordinación con comisionados y Patrullas de Autodefensa Civil, organizadas para reprimir, eliminar y destruir a las comunidades consideradas enemigo interno” declaró Cumez.
Mientras la antropóloga leía las conclusiones de su estudio, un silencio pesado se sentía en la sala de audiencias, mientras en la pantalla los acusados bebían jugos en lata, “Los cuerpos de las mujeres fueron profanados y humillados al máximo desde la lógica estructural del racismo, clasismo y sexismo; esto te pasa por ser guerrillera, por mujer, por india y por ser gente del monte” decía la licenciada Cumez.
La forma de actuar de los patrulleros en contra de las mujeres Achi demuestra planificación militar concluye la experta, las mujeres luego de perder a sus esposos, padres hermanos, tíos, eran violadas durante día y noche en el campamento militar de la Aldea Xocop, mientras las interrogaban, fueron sometidas a tratos crueles, humillantes y degradantes mediante tormento emocional extremo, incertidumbre y torturas físicas frente a miembros de las fuerzas armadas y sus hijos.
Para finalizar la jornada, es llamada a declarar la Doctora Irma Alicia Nimatuj, quien presenta un peritaje basado en las historias de vida de 35 mujeres Achi.
En la realización de su investigación Nimatuj encuentra cuatro esferas en las que se produjeron los delitos que hoy están siendo juzgados 1. Profanación 2. violencia sexual Irracional 3. Explotación sexual 4. Violencia sexual verbal.
En este estudio la Doctora Nimatuj encuentra que la represión contra las mujeres Achi inicia con la construcción de la represa en Río Chixoy, para lograr construir este proyecto, las comunidades fueron violentamente desplazadas, la mayoría de hombres fueron asesinados por el Ejército de Guatemala acusados de pertenecer a la guerrilla, para luego reprimir a las mujeres sobrevivientes, allí inician los tratos crueles y la violencia sexual contra niñas y ancianas.
“En las historias de vida se evidencia que la violencia adoptó patrones comunes: llegada violenta de ejército, patrulleros y judiciales, luego persiguieron a los líderes comunitarios, después asesinaron o desaparecieron a los hombres adultos para después torturar y violar a las mujeres sin importar su edad o estatus. Arrasaron y quemaron sus casas junto a sus pertenencias e instrumentos de trabajo y bienes espirituales, cuando capturaban a las mujeres quienes buscaban comida, medicinas o agua las recluían en destacamentos militares para interrogarlas y violarlas masivamente” afirmó Nimatuj.
Al concluir la primera jornada de audiencias, la sala va quedando vacía, pero lo que aquí se narró hoy deja llena de una sensación de muerte y dolor, de una historia nacional muchas veces repetida y que sin embargo, no deja de doler, no deja de sorprender la capacidad de provocar muerte y violencia contra las comunidades que cometieron el único delito de ser indígenas.
Cada una de las mujeres Achí, viajaron más de 100 kilómetros desde sus hogares para estar presentes en este juicio, la audiencia duró todo el día, para este momento esperaron casi cuatro décadas para que la justicia alcanzará a los perpetradores de todo este horror, de momento son los autores materiales, algunos de ellos.
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