Una batalla fundamental para que la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas de México no se quede atrapada en el papel en que están impresas la Constitución, las leyes y reglamentos y empiecen a ser realmente vigentes, está dando la comunidad indígena San Miguel del Progreso – Júba Wajiín en su lengua Me’phaa o tlapaneca– municipio de Malinaltepec, en la Montaña de Guerrero, que logró, mediante un amparo, la cancelación de dos concesiones mineras en su territorio, un triunfo inédito para una comunidad indígena, pero sigue luchando para que la Suprema Corte de Justicia declare que le Ley Minera es inconstitucional e incompatible con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) que protege las derechos colectivos de los pueblos indios.
Representantes de San Miguel del Progreso y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que los asesora, informaron que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto busca impedir que el máximo tribunal del país examine el fondo del asunto, es decir, que la Ley Minera viola sus derechos como comunidad indígena, al pedir, a través de la Secretaría de Economía (SE) el sobreseimiento del amparo en revisión 393/2015, argumentando que las concesiones fueron canceladas porque las empresas que las tenían renunciaron a ellas y por lo tanto el amparo debe ser sobreseído, es decir, que se suspenda ese proceso. Frente a esta maniobra del gobierno federal, los indígenas Me’phaa llamaron a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, al analizar el citado amparo el próximo 25 de mayo, garantice los derechos al territorio y a la consulta de los pueblos indígenas y declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera.
Taurino Carrasco, del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), Valerio Amado Solano, presidente de Bienes Comunales y Maribel González, abogada de Tlachinollan, entre otras personas, explicaron que San Miguel del Progreso interpuso un amparo contra las dos concesiones que había otorgado la Secretaría de Economía, sin consultarle al pueblo, lo que afectaría a once núcleos agrarios de seis municipios, con unas 240 comunidades asentadas en 168 mil 346 hectáreas, integrantes del CRAADT. En febrero de 2014 el Juez Primero de Distrito de Guerrero emitió una sentencia inédita a favor de la comunidad, dentro de la cual consideró que habían sido violados sus derechos al haberse entregado sin consulta las concesiones mineras.
Esta sentencia fue impugnada por el Gobierno Federal mediante un recurso de revisión pero San Miguel del Progreso, acompañado por Tlachinollan, solicitó a la SCJN que atrajera el caso para que analizará, por primera vez, si la Ley Minera en vigor es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos. En febrero de 2015, el Pleno de la Primera Sala de la SCJN acordó por unanimidad la reasunción de competencia del expediente del amparo en revisión 393/2015.
En ese marco, cuando la demanda de San Miguel del Progreso estaba próxima a ser analizada, en octubre del 2015, la comunidad fue notificada por la SCJN de que las empresas Hochschild y Zalamera, propietarias de las concesiones “Corazón de Tinieblas” y “Reducción Norte de Corazón de Tinieblas”, se habían desistido simultáneamente de sus títulos, por lo que las concesiones habían sido canceladas.
Para San Miguel del Progreso no cabe duda, señalaron los declarantes, que las compañías transnacionales, la Cámara Minera y la Secretaría de Economía buscaron con dichas cancelaciones evitar el análisis de la Ley Minera por la SCJN, pues es evidente que viola la Constitución y los Tratados Internacionales y si se declara que es anticonstitucional, eso beneficiaría no sólo a San Miguel del Progreso sino a cientos de comunidades indígenas cuyos territorios están siendo perjudicados por megaproyectos como los de la minería a cielo abierto que los amenaza a ellos, pero también eólicos, hidráulicos, gasoductos y de otro tipo que están afectando sus tierras, aguas, bosques, su cultura y poniendo en riesgo su existencia misma como pueblos indígenas.
Pero hay además otro riesgo para San Miguel del Progreso: El 24 de noviembre de 2015, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación que quedaron libres los lotes mineros que amparaban las concesiones a las que renunciaron las transnacionales mencionadas, por lo que su territorio indígena comunal se ofertaría de nuevo al mejor postor. Ante eso la comunidad interpuso otra demanda de amparo, admitida en diciembre de 2015 por el Juzgado Séptimo de Distrito del estado de Guerrero, que otorgó a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano, con el fin de que las declaratorias de libertad no surtan efectos, lo que imposibilita a la SE para admitir solicitudes de concesiones mineras a particulares que deseen los lotes liberados hasta que se resuelva el fondo del juicio.
Pero la SCJN aún debe pronunciarse sobre el amparo en revisión interpuesto por San Miguel del Progreso. Frente a la insistencia del Gobierno Federal en que el amparo debe sobreseerse porque las concesiones han sido canceladas, la comunidad solicitó a la Primera Sala que continúe el análisis del caso, ya que el acto reclamado no ha cesado cabalmente todos sus efectos y sobreseer el amparo la dejaría en total desprotección, pues con la declaratoria de libertad de terreno como consecuencia de la cancelación de las concesiones, otros particulares pueden solicitar nuevas concesiones sobre su territorio.
Es de esperar que la SCJN declare anticonstitucional esa Ley Minera que sólo beneficia a los particulares frente a los derechos de los pueblos indígenas que por siglos han conservado su territorio y recursos naturales contra la depredación que sólo busca grandes ganancias, y que lo han defendido, como lo está haciendo los pueblos indígenas de Tepoztlán, Morelos, los yaquis de Sonora, los nahuas de Ostula, Michoacán y en la Sierra Norte de Puebla y tantos cientos más, tanto con recursos legales como con movilizaciones sociales cuando ha hecho falta.
