Hace siete años, a mediados de 2007, los habitantes del poblado indígena San Francisco Xochicuautla (ubicada en el municipio de Lerma, Estado de México) detectaron a un grupo de personas, ajenas a la región, que excavaban zanjas y talaban los árboles de una zona del Bosque Otomí-Mexica, para realizar mediciones topográficas. Aún cuando estas personas carecían de autorización de los pobladores para operar en sus tierras, éstos los dejaron actuar con tal de no desatar una confrontación, pero tan pronto como los extraños se retiraron, los habitantes de Xochicuautla reforestaron la zona “aplanada” y retiraron todas las marcas que habían hecho en el suelo.

Sin saberlo aún, los indígenas otomíes que habitan este bosque (uno de los más importantes del centro del país, catalogado como “Santuario del Agua”, “Zona Natural Protegida” y “Patrimonio Ecológico del Estado de México”) veían así iniciar una lucha contra un proyecto carretero privado, la autopista Naucalpan-Toluca, en el que se invertirán 5 mil 110 millones de pesos, y que busca conectar la zona residencial de Santa Fe con el aeropuerto internacional de Toluca, partiendo por la mitad sus tierras ancestrales y sus recintos sagrados.

Según las autoridades del Estado de México, este proyecto carretero (lanzado durante la gubernatura del hoy presidente Enrique Peña Nieto) medirá 39 kilómetros de largo, que beneficiarán a 7 mil 400 vehículos diariamente.

La carretera, se informó, será de propiedad estatal, pero está concesionada (desde su construcción) a la empresa Autopistas de Vanguardia SA de CV, la cual obtendrá todas las ganancias que ésta genere, durante los 30 años que corran a partir de su puesta en funcionamiento.

No obstante, denunciaron los pobladores de la zona, esta obra implicará talar alrededor de un millón de árboles del bosque que genera la mitad del agua del Río Lerma, por lo que, con la afectación programada, se dejarán de producir 250 millones de litros de agua al año (en detrimento del abasto que reciben de este caudal tanto el Valle de Toluca como el Valle de México). Por otro lado, subrayaron, la carretera romperá el flujo natural de distintas especies animales, además de que pasa por encima de “la ruta de peregrinación tradicional indígena” que, cada año, desde la época prehispánica, realizan los otomíes hacia el cerro de La Campana, el cual, según su cosmovisión ancestral, es el punto donde se inició la vida.

Por ello, en 2011 (es decir, cuatro años después de que en los pueblos de la zona comenzó la presión de autoridades estatales, así como de la constructora Autopistas de Vanguardia, para que cedan sus tierras comunales para la realización de este proyecto), los habitantes de los cuatro poblados afectados por la autopista integraron el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, el cual ha promovido cinco amparos contra el arranque de la obra, todos los cuales resultaron en órdenes judiciales para que todo trabajo sea suspendido. Sin embargo,  denunciaron este 10 de marzo de 2014, las obras no sólo han seguido su curso, incluso con resguardo de la policía estatal, sino que se han intensificado.

Pueblos otomíes denunciaron que las obras de la autopista Naucalpan-Toluca continúan, pese a suspensiones decretadas por el Poder Judicial.

Ocupación previa

La estrategia empleada por las autoridades y por la empresa Autopistas de Vanguardia para concretar el proyecto carretero, explica Esther Goujón, abogada de los pueblos indígenas del Bosque Otomí-Mexica, ha sido la cooptación de los comités de bienes comunales de los pueblos afectados (San Francisco Xochicuautla, Santa Cruz Ayotuzco, San Mateo Atarasquillo y Santa María Atarasquillo), los cuales, “han establecido ‘acuerdos de ocupación previa’ de las tierras comunitarias por las que quieren pasar su carretera, mediante actas falsificadas de asambleas comunales”.

El 14 de agosto de 2011, ejemplificó la abogada, “un millar de policías sitió el pueblo de San Francisco Xochicuautla, para que se llevara a cabo una asamblea en la que no se permitió el acceso a la comunidad”. En esa asamblea, 74 comuneros (3% de los habitantes del lugar) aceptaron la cesión de las tierras para el proyecto carretero, mientras fuera, el resto de la población se manifestaba en contra.

Presencia policiaca durante asamblea comunal de San Francisco Xochicuautla en la que se aprobó la cesión de tierras, mientras a los pobladores opuestos a la obra se les impedía el acceso.

“Por esa asamblea irregular y los acuerdos suscritos, la comunidad de San Francisco Xochicuautla promovió un juicio agrario, exigiendo la nulidad del acta con la que supuestamente se aprobaba el convenio de ocupación previa de las tierras, y se obtuvo una suspensión que, no obstante, la empresa constructora no ha respetado, y las obras siguen, se han talado ya muchos árboles y destruido mantos acuíferos, incluso desapareció ya la cascada de La Canaleja, y las obras se realizan siempre con protección de la policía del Estado de México.”

La mayor de las irregularidades, destacó la abogada, es que “los convenios de ocupación previa están previstos en la Ley Agraria dentro del capítulo de expropiaciones, el cual establece que queda prohibido celebrar este tipo de convenios de ocupación previa, si no es determinado por la voluntad de la asamblea, dentro de un procedimiento de expropiación. Sin embargo, resulta que no existe ningún decreto de expropiación, ni siquiera se ha iniciado un procedimiento para expropiar las tierras de los núcleos agrarios donde se piensa construir la carretera, y las obras ya están en marcha”, y aún cuando se ha denunciado la violación a la suspensión decretada por el Tribunal Agrario, “resulta que los juzgados no hacen caso de estas denuncias, aún cuando se les demuestra con fotografías y actas de fedatarios públicos que la empresa sigue trabajando, y que sigue talando el bosque y destruyendo los cuerpos de agua.”

Epílogo: la solidaridad

Para apoyar la lucha de los pueblos del Bosque Otomí-Mexica, los próximos 22 y 23 de marzo sesionará en San Francisco Xochicuautla el Congreso Nacional Indígena, con el lema “Ya no dejaremos que nos quiten nuestra Madre Tierra”, y que contará con representantes de comunidades indígenas de Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Michoacán, Distrito Federal y el Estado de México.

Asimismo, el pasado 10 de marzo fue anunciada la conformación del Comité en Defensa del Bosque Otomí-Mexica, integrado por 34 agrupaciones comunitarias, comités juveniles, organizaciones civiles de derechos humanos y colectivos independientes de todo el país (así como dos grupos de solidaridad de España y uno de Colombia), que como primera acción convocó a la ciudadanía a suscribir la “Carta en Solidaridad con las comunidades Otomíes y afectadas por el proyecto carretero Toluca-Naucalpan”