El pueblo indígena de San Miguel El Progreso, ubicado en el municipio guerrerense de Malinaltepec, interpuso una demanda de amparo contra dos concesiones otorgadas por el Estado mexicano a la minera Hochschild Mining –de capital británico–, la cual pretende explotar yacimientos de oro y plata en dicha región sin cumplir con el derecho a la consulta previa e informada.

Además de rechazar las concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía en 2010, la comunidad señaló que varios artículos de la Ley Minera son contrarios a la Constitución y a los tratados internacionales firmados por México, lo cual podría sentar un precedente legal para casos similares.

Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, explicó en conferencia de prensa que los habitantes de San Miguel se enteraron por rumores de las licencias otorgadas a la minera, y fue hasta que elaboraron una solicitud ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) que lo pudieron confirmar.

Finalmente, supieron que se trataba de dos concesiones con una vigencia de 50 años para exploración y explotación de sus territorios, donde Hochschild pretende desarrollar un proyecto de minería a cielo abierto, en un lote de tierras llamado Corazón de Tinieblas, consistente en más de 43 mil 700 hectáreas en total, ubicadas en la Montaña Alta.

Al saber de las posibles afectaciones al medio ambiente y a la salud de los pobladores, debido a la utilización de mercurio y otros materiales tóxicos en el lixiviado de los metales –que además consume grandes cantidades de agua–, los habitantes de San Miguel rechazaron en asamblea la puesta en marcha de la mina.

En julio de este año interpusieron una demanda de amparo ante el juzgado primero de distrito del estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, para exigir que ambas concesiones sean retiradas, pues contravienen el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, la propiedad colectiva de la tierra y otras garantías básicas.

Además de lo anterior, señaló el abogado, la demanda puso en tela de juicio la constitucionalidad de la Ley Minera –en particular de los artículos 6, 10, 15 y 19–, por considerar que permite el despojo de las comunidades en favor de los intereses de empresas particulares.