Foto: Jesús Robles Maloof
Ciudad de México | Desinformémonos. “Denunciamos que funcionarios del CAICE (Centro de Atención Inmediata a Casos Especiales) del IMSS (Instituo Mexicano de Seguro Social), al saber de quejas de corrupción que hemos realizado algunas familias, están tomando represalias, restringiendo o suspendiendo servicios médicos”, señalaron los padres de los menores víctimas del incendio en la Guardería ABC que dejó 49 niños muertos y más de 70 heridos en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009.
De acuerdo con las familias y su representante legal, ni el gobierno del estado, ni el municipio de Hermosillo ni el IMSS han atendido la queja emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el pasado 30 de junio de 2009.
“Las autoridades quisieron enterrar el asunto, no está hecha la reparación integral del daño, y no me refiero a un pago. Hay complicidad entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF)”, señaló el abogado Miguel Nava, representante legal de las familias de las víctimas.
El abogado y los padres agregaron que tampoco hay ningún detenido ni sentenciado a prisión y que “hay un concierto de arbitrariedad” que ha permitido que el caso siga impune, a nueve años de la tragedia.
“¿Qué se le exige a las autoridades? Que cumplan con su mandato legal, que dejen de darle la espalda a las niñas y niños de nuestro país”, expresaron.
A pesar de que en 2015 la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un juez de Sonora detener a 22 trabajadoras de la Guardería ABC y en 2016 el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora impuso condenas que van desde los 20 hasta los 29 años de prisión a 19 de los 22 implicados, hoy todos los sentenciados están libres y además interpusieron amparos para llevar su proceso en libertad.
En junio de 2009, 49 bebés murieron por un incendio en la Guardería ABC y por lo menos 70 resultaron gravemente heridos, pero las autoridades aún no actúan de manera eficaz para otorgar justicia a los padres y la atención médica debida a los sobrevivientes, aunque se hayan cumplido ya nueve años desde la tragedia.