México, Distrito Federal. La incompetencia y negligencia del gobierno estatal para controlar a los grupos de narcotraficantes que asolan a los pueblos indígenas, permitió que el dirigente Jaime López Hernández fuera asesinado, sostiene Alejandro Cruz López, dirigente de Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO).

El fallecido dirigente zapoteco molestó a un grupo de narcotraficantes que dominan su pueblo, San Andrés Lovene, pues promovió la construcción de una brecha que no conviene a los delincuentes “porque se rompería el aislamiento del lugar y ya no podrían sembrar estupefacientes”, abunda Alejandro Cruz. Estos grupos son continuidad de los viejos y también impunes cacicazgos, explica, y en lo que va del año, ya ultimaron a 10 personas más. .

El homicidio contra el recién electo secretario de OIDHO sucedió el lunes 22 de septiembre, cerca de las 10 de la mañana, cuando acudió al panteón a arreglar la tumba de su madre, asesinada por los mismos sicarios que le quitaron la vida a López Hernández de un balazo en la espalda. “Cuando sucedió lo de su madre no supimos bien de qué se trataba, pero ahora creemos que fue un mensaje para él”, aventura Cruz López.

López Hernández fue un promotor de mejoras para su pueblo: consiguió la intubación de agua potable, pues anteriormente había que caminar una hora para conseguir el líquido; gestionó la instalación de una clínica y de escuelas, y ahora trabajaba en la construcción de una brecha de 16 kilómetros para sacar a San Andrés del aislamiento.

El dirigente de OIDHO informa que en San Andrés Lovene la situación es de tensa calma, pues el asesino de López Hernández sigue en la comunidad, y las autoridades no hacen nada por detenerlo. “Lo que quieren es que la gente del pueblo vaya a declarar, pero ellos no van a señalar a nadie si no tienen respaldo”, explica a Desinformémonos. “La policía de Oaxaca no sirve para  investigar”, continúa. “Solamente hacen algo cuando se trata de alguien conocido, pero si son indígenas en la sierra, no le importa. La gente está a merced de los asesinos”.

Cruz López advierte que cuando las comunidades exigen justicia, el gobierno envía a la policía o al ejército en vez de detener a los agresores. “Lo que nosotros pedimos aquí es una verdadera investigación”, recalca.

OIDHO nació en 1990 para luchar por la libertad de los indígenas presos de conciencia, para promover el respeto a las autoridades legítimas de los pueblos, para defender el territorio y para luchar contra la impunidad, “que es lo más difícil”, finaliza Alejandro Cruz.