Ciudad de México | Desinformémonos. La impunidad en la Masacre de Acteal «trajo consigo una continuidad de la violencia armada» en Chiapas, ejecutada «por actores que son tolerados y cómplices del gobierno tanto federal como del estado», denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
A 13 años de la liberación de los autores materiales de la masacre, perpetuada en 1997, el Frayba precisó que la ausencia de justicia y reconocimiento de la verdad «es una prolongada forma de violencia» contra los sobrevivientes, «así como de laceración a la dignidad de las 45 víctimas asesinadas», entre las que había cuatro embarazadas.
Rechazó que el gobierno mexicano continúe con el mensaje de impunidad que ha sido «un factor determinante para la reproducción de la espiral de violencia armada actual en la región de los Altos, y en todo Chiapas», la cual se ha profundizado y traducido en enfrentamientos, asesinatos, desplazamientos forzados y desapariciones en las comunidad indígenas y autónomas en la entidad.
Aseguró que para lograr la paz en Chiapas las diferentes instancias de gobierno deben reconocer la crisis de derechos humanos en el estado, así como atender los factores sociopolíticos y legales que la obstaculizan, juzgar a los funcionarios responsables de acción u omisión y desarticular el tráfico y comercio ilícito de armas en la región.
«El Estado mexicano debe reconocer la contrainsurgencia y su continuidad actual, y llegar a la verdad y la justicia en los crímenes de lesa humanidad -como la Masacre de Acteal-, lo cual representaría un paso para la reparación integral de los daños y avanzar en la construcción de la paz en el estado», concluyó el Frayba.
A continuación el comunicado completo:
A 13 años de la liberación de los responsables materiales de la Masacre de Acteal en 1997, la ausencia de justicia y reconocimiento de la verdad es una prolongada forma de violencia contra las personas sobrevivientes, así como de laceración a la dignidad de las 45 víctimas asesinadas más cuatro no nacidos. La impunidad trajo consigo una continuidad de la violencia armada, utilizada en la actualidad como recurso para el control político, económico y territorial, ejecutada por actores que son tolerados y cómplices, del gobierno tanto Federal como del estado de Chiapas.
El empeño de las autoridades es hacer pasar esta Masacre como producto de un conflicto intercomunitario, reproduciendo la discriminación y racismo estructural contra los Pueblos Indígenas, a quienes se señala de violentos y subdesarrollados.
Como Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas somos testigos de los impactos psicosociales de las y los sobrevivientes ante “la verdad histórica” del Estado mexicano que niega y desprecia la verdad que las víctimas defienden a partir de su propia vivencia, lo cual incrementa el dolor y sufrimiento psicoemocional que menoscaba su salud y calidad de vida.
El mensaje de impunidad que emite el gobierno mexicano ha sido un factor determinante para la reproducción de la espiral de violencia armada actual en la región de los Altos, y en todo Chiapas, que lejos de cesar, se ha mantenido y profundizado, como sucede con los enfrentamientos, asesinatos, desplazamientos forzados y desapariciones ocurridas en la franja fronteriza con Guatemala, o en los municipios de Aldama, Chalchihuitán, Pantelhó, Oxchuc o Venustiano Carranza; así como las agresiones en contra la autonomía zapatista en diferentes regiones del estado.
Antiguos y actuales poderes fácticos locales utilizan las armas como recurso para el control político, económico y territorial inserto en dinámicas geoestratégicas regionales, en medio de un discurso oficial que niega la gravedad de la situación e impulsa tensiones y conflictos comunitarios.
Insistimos que, para garantizar la paz en Chiapas, las diferentes instancias de gobierno deben reconocer la crisis de derechos humanos en el estado, atender los factores sociopolíticos y legales que la obstaculizan y juzgar a los funcionarios responsables de acción u omisión, así como desarticular el tráfico y comercio ilícito de armas en la región. El Estado mexicano debe reconocer la contrainsurgencia y su continuidad actual, y llegar a la verdad y la justicia en los crímenes de lesa humanidad -como la Masacre de Acteal- lo cual representaría un paso para la reparación integral de los daños y avanzar en la construcción de la paz en el estado.
Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a sumarse a las acciones de verdad, memoria y justicia que persistentemente mantiene la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y en el marco de 25 años de lucha contra la impunidad.
