Defender los derechos humanos les costó la vida al menos a 27 mexicanos entre 2011 y 2013. En sólo tres casos se identificó a los responsables. Pero por ahora, sólo un menor de edad fue sentenciado a tres años de reclusión por el homicidio de Agnes Torres, psicóloga y activista transgénero en Puebla. Los dos presuntos asesinos del ambientalista veracruzano Noé Vázquez están en proceso judicial y el homicida del activista gay Quetzalcóatl Leijia está prófugo. Los responsables de las otras 24 muertes ni siquiera se han identificado.
¿Cómo confiar en quién te agrede? se pregunta Vidulfo Rosales, coordinador del Área Jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Rosales tuvo que salir del país después de recibir varias amenazas de muerte y un ataque armado cuando defendía a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, quienes durante un bloqueo carretero fueron desalojados por la policía que mató a dos jóvenes y detuvo y torturó a otros en diciembre de 2011. Rosales interpuso una querella por el asunto, los casos de tortura involucraban a policías ministeriales de Chilpancingo. En febrero de 2012, un funcionario de la Policía Estatal de Guerrero le citó en un restaurante para advertirle que ya le seguían y que si no se desistía del caso su vida y la del Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría estatal corrían peligro. Rosales y Tlachinollan decidieron continuar con la demanda pero a las pocas semanas, el responsable de la averiguación previa sufrió un atentado, donde murieron dos de sus escoltas. Ese mismo día, al salir del Ministerio Público, hombres armados balacearon el taxi en el que Rosales que se regresaba a la oficina. Cuando quiso volver a salir del trabajo, la misma camioneta estaba fuera. Tuvo que pedir a los estudiantes que acudieran al Centro de Derechos Humanos y poder salir cobijado por la multitud. El 4 de mayo le mandaron una amenaza mecanografiada:
¿Crees que eres la gran cosa? Licenciadito de mierda, deja de difamar a las autoridades, ya nos debes varias, en todo te metes la parota, las disque mujeres violadas, y ahora con los vándalos ayotzinapos cállate o vete juntando tus flores porque lla t stamos siguiendo, sabemos lo que aces y donde andas. Te va s a morir, te vas a morir j aja ja. Atte. La Ley (sic) Es un fragmento del mensaje que le dejaron en la oficina.
Con el respaldo del Centro de Derechos Humanos, decidió salir del país y mudar a su familia de ciudad. Después de seis meses exigió garantías a las autoridades guerrerenses para volver a su trabajo que suponían el compromiso de avanzar en el caso de los estudiantes. Un año y medio después las investigaciones están detenidas.
El pasado diciembre, cuando llevaba el caso de 13 policías comunitarios detenidos, volvió a recibir amenazas telefónicas. Interpuso una denuncia penal por ello pero tampoco ha obtenido respuesta. Sigue haciendo su trabajo, pero no vive con su familia por seguridad. Hay impunidad total, las denuncias de derechos humanos no se investigan, las agresiones a defensores están invisibilizadas pero paradójicamente el sistema sí se activa para detener a líderes sociales. Por ejemplo, hay 13 policías comunitarios detenidos y tres de ellos están en penales de altas seguridad aunque no se prueba su acusación, asevera Rosales.
El perfil de los agredidos
Las 409 agresiones responden a la defensa de 104 causas que ya atentan contra los derechos humanos en 24 estados. Los siete que más agresiones registran son Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Chiapas, Distrito Federal, Coahuila y Puebla. Las 409 agresiones cayeron contra 171 personas y 37 colectivos.
Más de la mitad de estas 171 personas agredidas pertenecen a un centro de derechos humanos o son activistas sociales, algo que les dota de cierta protección frente a defensores indígenas o comunitarios que están más vulnerables. Por ejemplo, se identifican 42 tipos de agresiones, aunque las más frecuente, en 55 ocasiones son las amenazas de muerte. Ante ellas, la gente que tiene más redes tiene más recursos para moverse como fue el caso de Rosales y evitar así engrosar la lista de los 27 defensores asesinados.
Casi la mitad de los 37 colectivos agredidos son centros de derechos humanos multidisciplinares, pero llama la atención la gran cantidad de albergues de migrantes que denuncian hostigamiento. Alberto Xicoténcatl, de la Casa del Migrante de Saltillo, denuncia que desde que ellos empezaron a reportar agresiones ante las autoridades en 2009 la situación ha empeorado y no reciben respuesta del estado. Somos un foco de agresión por parte de la delincuencia organizada porque la asistencia humanitaria está haciendo mella en los carteles que controlan las extorsiones a migrantes y la trata de personas, resume.
Para la directora de la Red TDT, Agnieszka Raczynska, hay una escasa o nula preocupación del Estado por investigar y sancionar a los perpetradores y aunque en algunos casos se denuncia al perpetrador, no se investiga la agresión y por ende no se le sanciona, contribuyendo así, a la reproducción del ciclo de la impunidad e injusticia.
Responsabilidad del Estado
Desde la Red TDT recalcan que el Estado tiene la obligación de proteger a la ciudadanía y tratándose de defensores tiene una obligación mayor por el papel que juegan en el fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Pero a la luz de las cifras, sus palabras suenan huecas. La Reforma de Derechos Humanos en 2011 elevó a rango constitucional todos los tratados internacionales ratificados en esta materia y reconoce el derecho a defenderlos que tiene que estar velado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones Estatales, quienes pueden otorgar medidas cautelares. Sin embargo, ante la ineficacia de este recurso, se impulsó en 2012 un Mecanismo de Protección de los Defensores que depende de la Secretaría de Gobernación.
A 20 meses de su implementación no se observa voluntad política real y los compromisos no pasan del discurso, reclamó Raczynska. A finales de marzo el mecanismo, que había atraído 130 casos, tenía 88 rezagados, algunos con un año o más de espera, aseguró Edgar Cortez, Consejero ciudadano del Mecanismo. Vemos un equipo de trabajo con poca profesionalización y maltrato de los responsables, una falta de recursos, porque de los 330 millones otorgados se subejercieron porque no se podían disponer por toda una serie de problemas. Tiene una falta de efectividad tremenda y no contribuye en realidad en nada a la protección de los defensores, explicó Cortez.
La Red TDT señaló además que no se ha realizado ninguna medida que pueda ser considerada como medidas de prevención, que ni siquiera contestan al teléfono y que aún cuando un caso ingresa al Mecanismo, existe falta de información, seguimiento y comunicación con los beneficiarios. También señalan la incapacidad o falta de poder político del mecanismo para relacionarse con otras dependencias gubernamentales o el propio Instituto Nacional de Migración.
Xicotencatl, calificó de teatro la política nacional para proteger a los defensores. Pese a la Reforma y el Mecanismo, la directora de la Red TDT no ve ningún cambio de tendencia y las cifras anuales se mantuvieron y repitieron entre 2011 y 2013, donde cada año se reportaron nueve asesinatos. Para los defensores que presentaron los datos la administración de Enrique Peña no favorece las cosas. Se asumió un discurso que habla de respeto pero que no concuerda, continúan restringiendo derechos en un entorno cada vez más adverso, de hecho hay un contexto más limitado para la defensa de los derechos humanos, porque las reformas estructurales explicitan el despojo de tierras y se crearon leyes que reprimen más la libertad de expresión de defensores y periodistas, critica Raczynska. Y concluye que faltan políticas públicas adecuadas, pertinentes y efectivas para garantizar derechos humanos para toda la población, y persiste la impunidad sistemática.
