Las autoridades mexicanas han tratado de minimizar los crímenes del narcotráfico –el cual opera prácticamente con total impunidad– y la responsabilidad que tienen en el esclarecimiento y resolución de los mismos, señala información desclasificada del Departamento de Estado, que fue difundida por la organización no gubernamental National Security Archive.

En los documentos se acusa a la administración del presidente Felipe Calderón de ocultar información sobre las matanzas sistemáticas de migrantes centroamericanos, y se denuncia la complicidad de funcionarios gubernamentales con el crimen organizado, así como el secreto con que se llevan a cabo los juicios contra delincuentes detenidos. Se menciona que las investigaciones sobre la masacre de San Fernando, Tamaulipas (72 migrantes muertos), se mantiene en confidencialidad.

La dependencia estadunidense también expone el crecimiento de Los Zetas, la relación de éstos con los kaibiles, ex soldados de élite del ejército de Guatemala, y señala que su enfrentamiento con el cártel del Golfo y otras organizaciones criminales produjeron ‘‘inimaginables escenarios de carnicería’’.

San Fernando, caso emblemático

El Departamento de Estado considera la matanza de 72 migrantes centroamericanos en Tamaulipas en 2010, como un caso emblemático de la ‘‘total impunidad’’ con la que operan los cárteles de la droga en varias regiones del país.

La información desclasificada consta de 30 cables fechados entre el 25 de agosto de 2007 y el 22 de mayo de 2012. Se trata de reportes emitidos por la embajada de Estados Unidos en México, los consulados en Monterrey y Matamoros, la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Interna.

En los documentos, las autoridades estadunidenses refieren que el gobierno del presidente Felipe Calderón ocultó información sobre las matanzas sistemáticas de migrantes centroamericanos. ‘‘Pese a que no es publicitado, el Ejército y la Marina han continuado hallando fosas con cadáveres. La cuenta se eleva a 196’’, subrayan.

También destacan que a partir de la masacre de San Fernando, los empresarios y comerciantes empezaron a hablar públicamente sobre la violencia y que a pesar de la inseguridad, las autoridades locales insistían en que Tamaulipas era un lugar seguro para invertir.

Se señala el intento de algunas autoridades de eludir su responsabilidad en la persecución de los crímenes cometidos por los traficantes. El gobierno (de Tamaulipas) promete que va a colaborar con el Ejército, pero enseguida puntualiza que ‘‘los cárteles son un problema del gobierno federal, que no tiene recursos para detenerlos’’, se afirma.

Otro tema que se aborda es el secreto que impera en los procesos judiciales contra los delincuentes detenidos. Por ejemplo, se señala la aprehensión de 16 policías de San Fernando, Tamaulipas, acusados de proteger a Los Zetas y que no se ha difundido la evolución de los cargos que se presentaron en su contra.

En 2010, el gobierno estadunidense atribuye ‘‘a la corrupción generalizada’’ la incapacidad del Estado mexicano para resolver los crímenes y detener la violencia de los cárteles. Destaca que tres gobernadores de Tamaulipas han sido investigados por vínculos con la delincuencia organizada.

En los cables se menciona que los agentes de migración y autoridades locales ‘‘miran hacia otro lado y en ocasiones colaboran con los criminales’’. Ello hace que el crimen campee a sus anchas.

También se afirma que los narcotraficantes operan con total libertad en Durango, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Obstruyen los caminos, toman el control de pueblos y acorralan a los soldados y fuerzas federales que están en sus territorios. Un ejemplo de su actuación es el asesinato de 10 jóvenes, siete de ellos menores, que regresaban a su pueblo, Los Naranjos, Durango, después de recoger ayuda gubernamental para educación. Un hombre vestido de soldado los obligó a parar y después un comando los mató a tiros.

Los reportes de los funcionarios estadunidense refieren que el abandono de las autoridades mexicanas es tal que el ‘‘impuesto’’ que cobra el crimen se ha generalizado en las ciudades más peligrosas. Ocho de cada 10 empresarios de Tijuana, Reynosa y Ciudad Juárez pagan extorsiones. Solamente en la última urbe, más de 6 mil comercios cerraron entre 2008 y 2010.

En uno de los documentos, titulado Reporte de Los Zetas, Evolución y Expansión 2001-2009, fechado en julio de 2009, la DEA señala la peligrosidad del grupo.

‘‘La fuerza de Los Zetas recae en su habilidad de corromper, asesinar e intimidar, lo que les ha otorgado el poder de conducir estas actividades a través de México’’, refiere el texto.

En otro cable, el consulado de Estados Unidos en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, advierte en marzo de 2010 sobre la expansión del conflicto entre Los Zetas y el grupo rival del cártel del Golfo por el control de las lucrativas rutas de la droga y predicen que esa ciudad fronteriza podría ser escenario de una confrontación en el futuro cercano.

La embajada estadunidense estima que en 2010 el gobierno mexicano falló en predecir la ofensiva del grupo de Los Zetas y no estuvo preparado para enfrentar la violencia que se aproximaba.