“En la Península de Yucatán se vulneran derechos humanos de comunidades indígenas y campesinas de forma sistemática, a través de la imposición de proyectos extractivos y de infraestructura”, así señala informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil (OSC), en el Examen Periódico Universal, al que es sometido el Estado mexicano en la ONU.
En este informe, preparado por organizaciones territoriales y de sociedad civil, se documentan diversos casos de vulneración de derechos humanos vinculados al territorio en la Península de Yucatán.
El informe señala: “Desde 2019 se hostiga a quienes se oponen a la construcción del Tren Maya; en 2022 se conoció de 11 eventos de agresión contra estas personas y organizaciones. Se están usando los aparatos estatales para criminalizar las protestas. En el caso Granja Porcícola de Homún las autoridades ambientales intentaron clausurar cinco centros ecoturísticos comunitarios para intimidar a la gente que rechazaba las autorizaciones dadas a la granja. En otras comunidades se ha recurrido al uso excesivo de la fuerza y se ha ampliado la presencia policial, además de que se ha denunciado penalmente a personas defensoras”.
Como resultado del informe presentado por organizaciones mexicanas, 115 países de todo el mundo emitieron recomendaciones a México para garantizar los derechos humanos y en particular de los pueblos originarios.
Entre las recomendaciones formuladas destacan: 1.- Velar por que se consulte cabalmente a los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones, de forma horizontal e intercultural, antes de adoptar y aplicar medidas que puedan afectarlos. 2.- Aumentar la participación efectiva de las comunidades afectadas y la transparencia en las evaluaciones del impacto en los derechos humanos y el medio ambiente antes de la toma de decisiones. 3.- Garantizar la plena participación de los pueblos indígenas y afromexicanos en la elaboración y aplicación de las políticas públicas y poner en marcha iniciativas para evitar la discriminación institucional y estructural.
Este informe fue presentado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Kanan Derechos Humanos, Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, entre otras organizaciones civiles y territoriales.
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