A pesar de que un juez ordenó no juzgar al líder tlahuica y defensor de los bosques Ildefonso Zamora, pues no hay ninguna prueba en su contra, éste prácticamente cumplió siete meses en la prisión de Tenancingo, Estado de México. Está acusado de un delito grave y si los acusadores deciden impugnar la decisión del juez de amparo, Ildefonso deberá permanecer más tiempo en la cárcel. La familia y las organizaciones que lo acompañan (Greenpeace México, Amnistía Internacional y el Centro Prodh) han insistido en que su encarcelamiento es parte de la criminalización que viven los defensores del ambiente en México.
“Haber logrado el reconocimiento de tierras comunales de San Juan Atzingo y combatir la tala ilegal me ha costado muy caro, pero no estoy acabado, porque lo que ya realicé quedó en los libros de la historia, son y serán huellas imborrables. Sigo firme y con dignidad”, aseguró Ildefonso Zamora durante la visita que le hicieron esta semana los directivos de las tres organizaciones.
La comunidad de San Juan Atzingo, ubicada en el municipio de Ocuilán de Artega, Estado de México, comenzó la defensa de sus bosques en 1998 ante el embate de la tala ilegal. Su territorio es parte del Gran Bosque de Agua, que abarca 120 mil hectáreas que albergan casi el 2 por ciento de la biodiversidad mundial, ayuda a regular el clima y la calidad del aire de la región, proporciona tres cuartas partes del agua que se consume en la Ciudad de México, el total de la que se consume en Cuernavaca, parte del agua de Toluca y abastece a dos de los ríos más importantes del país: el Lerma y el Balsas.
Como comisariado de Bienes Comunales, Ildefonso Zamora impulsó el reconocimiento de las tierras de San Juan y denunció a los taladores de bosques, presentando como pruebas videos y fotografías. De acuerdo con el Instituto de Geografía de la UNAM se estima que unas 38 mil 400 hectáreas del Gran Bosque del Agua han sido destruidas por los talamontes clandestinos. Su familia también colaboró con Greenpeace en la colecta de datos para hacer un estudio sobre los impactos de la tala ilegal en los bosques de San Juan Atzingo. Esto trajo amenazas a la familia, que se concretaron el 15 de mayo de 2007. Aldo y Misael, hijos de Ildefonso, fueron emboscados al volver de una inspección en la zona; Aldo murió y Misael fue herido en un pulmón. Misael y otros familiares que los acompañaban identificaron a los atacantes como conocidos talamontes de la zona.
Unas semanas después, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, le otorgó a Ildefonso y a su comunidad la mención honorífica del Premio al Mérito Ecológico; al igual que el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, prometió hacer justicia y defender los bosques. Tuvieron que pasar más de tres años para que las autoridades detuvieran a dos de los cuatro agresores.
El 20 de noviembre de 2015, Ildefonso fue detenido con violencia y sin mediar orden de aprehensión, acusado de un delito que no cometió; además, nunca fue notificado de que había una averiguación en su contra. A pesar de las pruebas de que Ildefonso estaba en otro lugar el día de los hechos, fue recluido en el Centro de Readaptación Social de Tenancingo, Estado de México, en un primer momento junto a los homicidas de su hijo.
La familia nunca ha tenido duda de que detrás de la acusación están personajes políticos ligados a los talamontes.
Ante la evidente criminalización del ambientalista, Greenpeace, el Centro Prodh y Amnistía Internacional lanzaron la campaña #IldefonsoLibre, a la que se han unido 34 mil personas. Este mismo mes, Amnistía Internacional lo reconoció como preso de conciencia, lo que significa que está encarcelado por su lucha y que ésta es pacífica. Las firmas de decenas de miles de ciudadanos exigiendo su libertad, el reconocimiento de su labor por parte de los habitantes de San Juan y, ahora, el amparo otorgado por un juez hacen posible pensar que su libertad está cerca.
