Ciudad de México | Desinformémonos. El incumplimiento de los acuerdos de paz entre el gobierno mexicano y los pueblos indígenas «está relacionado con la ofensiva continuada de guerra hacia los pueblos organizados», aseguró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) en el marco del 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de San Andrés.
El Frayba señaló que «los signos de guerra y de desgaste a los pueblos continúan», pues las reformas constitucionales del Estado se han enfocado en beneficiar «al gran capital que alimenta la maquinaria de muerte».
«Los derechos a la libre determinación y la autonomía, son violados de manera sistemática para continuar con la ejecución de megaproyectos como el Proyecto Integral Morelos, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México-Parque Ecológico Lago de Texcoco», denunció el Frayba en un comunicado.
Destacó que a 25 años de la firma de los Acuerdos, los pueblos indígenas continúan con la construcción de «horizontes de vida digna en autonomía» a través de la defensa de sus territorios y la libre determinación, «en un contexto de constante militarización, despojo y amenazas por parte del Estado mexicano».
Finalmente, señaló que los Acuerdos de San Andrés, firmados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno mexicano en 1996, continúan como un «referente desde abajo» para los pueblos organizados en su lucha contra el despojo de sus territorios y su cultura.
«Los Acuerdos de San Andrés recogieron en gran medida el sueño de los Pueblos Originarios de México», resume el Frayba, «sin embargo, el espíritu plasmado en dicho documento, crear un marco jurídico que permitiera una NUEVA RELACIÓN entre los Pueblos Originarios y el Estado, que reconozca y respete el derecho a la libre determinación y autonomía de los mismos, fue incumplido por el Estado mexicano», subrayó.
A continuación el comunicado completo:
A 25 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres, los Pueblos Originarios en Chiapas construyen horizontes de vida digna en autonomía, por la defensa de sus territorios y la libre determinación. En un contexto de constante militarización, despojo y amenazas por parte del Estado mexicano.
Ocho meses después de la firma de los Acuerdos de San Andrés, en octubre de 1996, nació el Congreso Nacional Indígena(CNI) con la presencia de la Comandanta Ramona, en el auditorio del Hospital Siglo XXI en la ciudad de México. 20 años después, en octubre de 2016, los pueblos originarios reunidos en el CNI, llevaron a cabo el Quinto Congreso Nacional Indígena en CIDECI-UNITIERRA, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Luego de que decidieran instalar la asamblea permanente para consultar a mujeres y hombres de todas las tribus, comunidades, pueblos y naciones que conforman el país y nombrar a un Consejo Indígena de Gobierno, que tendría como vocera una “mujer indígena”. Uno de los aspectos importantes fue llamar a la sociedad en general a organizarse y luchar para detener la destrucción que está ocasionando el poder y el capitalismo y fortalecer las “resistencias y rebeldías”, a defender “la vida de cada persona, cada familia, colectivo, comunidad o barrio. De construir la paz y la justicia rehilándonos desde abajo, desde donde somos lo que somos. Es el tiempo de la dignidad rebelde, de construir una nueva nación por y para todas y todos, de fortalecer el poder de abajo y a la izquierda anticapitalista, de que paguen los culpables por el dolor de los pueblos de este México multicolor”.1
Muchos de los pueblos hermanados en el actual CNI participaron en el proceso de los diálogos de paz y en la construcción de los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres, firmados el 16 de febrero de 1996. Los Acuerdos de San Andrés recogieron en gran medida el sueño de los Pueblos Originarios de México. Sin embargo, el espíritu plasmado en dicho documento, crear un marco jurídico que permitiera una NUEVA RELACIÓN entre los Pueblos Originarios y el Estado, que reconozca y respete el derecho a la libre determinación y autonomía de los mismos, fue incumplido por el Estado mexicano.
El no respeto constante a los pactos de paz, está relacionado con la ofensiva continuada de guerra hacia los pueblos organizados, así como a los ataques a las personas y organizaciones que estaban coadyuvando en el proceso, como la misma Comisión Nacional de Intermediación precedida por Don Samuel Ruiz García, quien en junio de 1998 renunció junto con su equipo a continuar la mediación entre el Estado y el EZLN en desacuerdo por la guerra abierta en contra de los pueblos y la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.
Ante la guerra de desgaste y las acciones unilaterales del Estado, los pueblos en lucha y resistencia comenzaron a concretar sus sueños y utopías para germinar esperanzas de vida digna. Frente a las posibilidades de sembrar y cultivar vida digna, el Estado mexicano continuó con la perpetración de diversas violaciones a derechos humanos como la Masacre de Acte’al, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, las constantes incursiones militares a los territorios autónomos, la creación de los grupos paramilitares en la zona de conflicto ocasionando masacres, violaciones a mujeres, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que siguen en la impunidad.
Los signos de guerra y de desgaste a los pueblos continúan. Las reformas constitucionales que el Estado mexicano ha efectuado, están enfocadas a beneficiar al gran capital que alimenta la maquinaria de muerte. Actualmente, integrantes de pueblos originarios son silenciados con la muerte o privados arbitraria e ilegalmente de la libertad cuando defienden sus territorios. Los derechos a la libre determinación y la autonomía, son violados de manera sistemática para continuar con la ejecución de megaproyectos como el Proyecto Integral Morelos, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México-Parque Ecológico Lago de Texcoco. A decir del CNI en su Quinta Asamblea efectuada a finales de enero de 2021, el actual gobierno implementa los megaproyectos “por encima de la legalidad, desconociendo y violando recursos de amparo, ocupando la Guardia Nacional que violentan nuestros derechos fundamentales”.2
Como consecuencia a la imposición, surge el derecho a la protesta. Y como respuesta el Estado intensifica la represión y la militarización. Para el caso de Chiapas, además de los cuarteles militares que se establecieron en territorios indígenas a partir de 1994, actualmente se construyen 24 instalaciones de la Guardia Nacional. Por lo que la presencia militar aumentará mimetizándose en la sociedad con acciones civiles. La Guardia Nacional se desplegó hacia la frontera sur, es decir a Chiapas, para contener el paso de migrantes a Estados Unidos y frenar la oposición al actual gobierno.
En plena pandemia el 11 de mayo de 2020, se publicó el acuerdo3 en donde el Ejército y la Marina salen a las calles para realizar tareas de seguridad pública, en respaldo a la Guardia Nacional. Son 5 años que tendremos al Ejército otra vez en las calles para apoyar las tareas de seguridad pública.
Sin embargo los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres persisten como referente desde abajo. Los pueblos que luchan seguirán atizando el fuego de la esperanza y la historia dará cuenta de ello, porque a pesar de la guerra de exterminio, la construcción de autonomía otorga luz y fuego a mujeres y hombres en todo el mundo.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
17 de febrero de 2021
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