HLa Universidad Autónoma Metropolitana lleva varios años en crisis, en parte esto tiene su origen en su captura por parte de una generación de políticos y administradores neoliberales que la han orillado a la situación actual de huelga. El primer aviso de esa situación fue el conflicto con los estudiantes en 2016 por motivos que están vinculados: la distribución inequitativa del presupuesto y su uso patrimonialista. La actual huelga fue estallada el 1 de febrero. Mientras los trabajadores exigían un 20% de incremento salarial y diversas violaciones al contrato colectivo de trabajo, las autoridades universitarias, por su parte, les ofrecían un 3.35% al salario y 3% al tabulador, que —es importante insistir en ello— fue en parte lo que estalló la huelga y, en sana lógica negociadora, se esperaría que la universidad hiciera otro ofrecimiento para salir de ese impasse, pero se ha negado. Es claro que después de siete mesas de negociación entre las autoridades de UAM y SITUAM, no se ha avanzado en el tema de la demanda salarial. Tal y como están las cosas es previsible que continúen atoradas. Es necesario, entonces, explorar una solución alternativa que desplace el obstáculo en que se ha convertido la lógica de negociación de la representación de la universidad, sea por voluntad propia, por apego a una dudosa institucionalidad, por cálculo negociador o por órdenes de Rector General (el Secretaria General y su equipo, finalmente, son sus subordinados). Esa alternativa pasaría por llamar a sesionar al Colegio Académico.
En las mesas de negociación, la representación sindical ha planteado varias opciones para hacer posible otro ofrecimiento salarial: particularmente realizar un ajuste a los sobresueldos y privilegios de directivos, mandos altos y medios de confianza, propuesta que no afecta las actividades sustantivas de la universidad e introduce la posibilidad de una distribución más humana, equitativa y que ayudaría a contener la visión gerencial neoliberal que tienen los actuales rectores y directivos universitarios. La representación universitaria, encabezada por el Secretario General, ha mencionado que no tiene atribuciones, lo cual reglamentariamente es cierto, pues éste es el órgano interno encargado de la administración y de las relaciones laborales con los trabajadores; pero no hay que olvidar que estamos en una situación excepcional: una huelga; y que se encuentra no sólo en su calidad de “Secretario General”, sino como representante de la universidad para solucionarla. Frente a la negativa, SITUAM ha propuesto que se recurriera al artículo 15 del Reglamento del Presupuesto, que concede al Rector General y Rectores de Unidad la facultad de hacer transferencias. Con argumentos poco convincentes, tampoco lo aceptaron. Es como si los representantes de la universidad trajeran tatuado en la frente un NO sistemático y cacofónico. Es claro que el fondo de la negativa no es tanto legal o presupuestal: ni el Secretario General ni el Rector general o los de Unidad quieren cargar con el “costo político” de reducir los privilegios a exrectores, rectores de unidad, directores divisionales, secretarios y demás mandos altos y medios. Pero es sencillamente inaceptable que la universidad mantenga esos privilegios y les siga pagando a los exrectores y otros ex directivos y que apliquen una visión patrimonialista a la administración propia de los ex presidentes mexicanos, que también gozaban de sueldos jugosos después de dejar su cargo.
La representación de la universidad ha insistido en que únicamente el Colegio Académico puede reducir los sobresueldos y privilegios que los trabajadores han denunciado de forma puntual y proceder a realizar una redistribución del presupuesto, pero, han afirmado varias veces y en la última reunión del jueves 28 de febrero volvieron a insistir, que ese órgano colegiado sólo se puede reunir cuando la huelga sea levantada, sosteniendo que las autoridades universitarias también están sometida al régimen de suspensión de la huelga. ¿En verdad está impedido el Colegio Académico para sesionar? Por supuesto que no. Desenmascaremos esa argucia.
El artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo caracteriza la huelga como una “suspensión temporal del trabajo”. ¿Qué significa? Que lo que la huelga suspende son las relaciones de trabajo entre la universidad (en su condición de “patronal”) y sus trabajadores, en tanto éstos prestan “servicios de docencia [e] investigación” o en tareas administrativas; es decir, en la medida en que realizan trabajos de personal subordinado como profesores, administrativos y empleados mediante el pago de un salario. Por si hubiera dudas sobre el sentido restringido de la huelga a la relación laboral y sus efectos, el artículo 443 estipula que la huelga “debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo”. De lo anterior se sigue que la universidad, por conducto de su máximo órgano colegiado de gobierno (Colegio Académico) y su Presidente y representante legal de la institución (Rector General), quedan excluidos de esa suspensión porque su funcionamiento no es en tanto una relación laboral, sino como máxima autoridad colegiada universitaria. Hay que remarcar este despliegue en dos figuras jurídicas: la universidad funciona como “patronal” y como organismo descentralizado del Estado. En el primer caso es en las relaciones laborales con sus trabajadores y en el segundo como autoridad descentralizada y autónoma. Lo que la huelga suspenda es la primera figura jurídica y deja intacta la segunda. A esto habría que agregar que tampoco es óbice que las instalaciones estén cerradas (como efecto laboral de la huelga), pues la misma legislación prevé que en caso de fuerza mayor puede sesionar en otro lugar. Argüir que las autoridades de la universidad, particularmente el Colegio Académico, están suspendidas por la huelga es sencillamente falaz y es más una argucia irresponsable porque lo que está en juego es la posibilidad de reabrir la universidad y de que miles de estudiantes y profesores regresen al aula; por ello ninguna opción debe dejar de ser explorada y el Consejo Académico como máximo órgano colegiado debe tomar cartas en el asunto y evitar que se siga deteriorando la vida universitaria, las instalaciones y se perjudique a miles de estudiantes, profesores y trabajadores.
Entonces, reiteremos: la suspensión de las relaciones laborales con motivo de la huelga: I) Aplica para las relaciones laborales entre universidad y sus trabajadores; II) No aplica para el Colegio Académico (ni para su presidente, el rector general) porque su funcionamiento es en tanto máxima autoridad colegiada; por ende, no están impedidos para sesionar y ejercer las atribuciones presupuestales que señala la Ley Orgánica y su reglamento (y los mismo aplica para el patronato).
Si los representantes de la universidad ha insistido en que el presupuesto y su redistribución es competencia del Colegio Académico, por el bien de la universidad, de los estudiantes, trabajadores y profesores, la comunidad universitaria y la representación sindical deben exigir la presencia del rector general y que éste convoque a sesión al Colegio Académico para que se discuta y realice una nueva propuesta salarial a las y los trabajadores Vale decir que la convocatoria también la podrían hacer la cuarta parte de los miembros del Colegio Académico; y me pregunto, si el Rector General se negará a convocarlo, ¿en algún lado existirá ese mínimo de integrantes valientes y lo suficientemente comprometidos con una universidad pública, democrática, responsable y que esté a la altura de las circunstancias para tratar de convocar al Colegio Académico y sentar las bases para reabrir la universidad en el corto plazo?
No se debe olvidar la legitimidad y justicia de la demanda de aumento salarial. Si ponemos las cosas en perspectiva histórica, el asunto adquiere un cariz dramático para la clase trabajadora. Sólo menciono dos datos que dan cuenta de esto. De acuerdo al Reporte de Investigación 126 del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, entre 1982 y el 2018 existe una caída del poder adquisitivo del salario del 88%. El precio de la denominada Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) para el 2018 fue de 264.84 pesos, lo que representa un aumento del 7.9% con respecto al 2017. Nada más para comprar esa canasta se requieren de casi $8,000 pesos al mes y trabajar cerca de 24 horas. No es casualidad que México sea un país mal alimentado. A eso hay que agregar gastos de vestimenta, vivienda, educación y transporte. No puede existir una universidad cuya generación de conocimiento y formación de estudiantes descanse sobre los huesos de los trabajadores y profesores de tiempos parciales o contratos temporales mal pagados y explotados. No debemos olvidar que en ese arreglo precarizante, los estudiantes de hoy son los trabajadores del mañana. Y el Colegio Académico y el Rector General (como su presidente y representante legal de la universidad) deben asumir una función político-universitaria acorde con las actuales circunstancias históricas. No pueden seguir escudándose en argumentos de abogados de cuarta categoría y pretextos frívolos. No es difícil prever que vienen tiempos difíciles para las universidades públicas y que hacer frente a esta crisis es hacerse cargo de la singularidad histórica que vivimos y trazar un correcto derrotero de la función social y critica de la universidad.
*Profesor, UAM-C
