“No tenemos nada que celebrar. Hoy estamos siendo perseguidos y judicializados. Hay un plan de genocidio contra el pueblo garífuna por el Estado hondureño. Estamos viviendo el tercer destierro”, señala Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), al lanzar la Mega Marcha hacia Tergucigalpa para este 12 de abril.

Aunque es convocada por la organización garífuna, acompañan la movilización pueblos originarios como pech, tolupan, maya chorti, aglutinados en la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas Hondureñas (CONAMINH).

La causa inmediata de la masiva concentración en la capital, deviene del decreto del Poder Ejecutivo del 26 de marzo, por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para ejecutar “el cumplimiento de las Sentencias Internacionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras y Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros vs. Honduras”.

Miriam sostiene que esa Comisión no debe sentarse a negociar, porque llevan 22 años haciéndolo sin resultados, sino apenas ejecutar las decisiones que afectan a ambas comunidades, que fueron despojadas por empresarios del turismo. La Comisión está integrada por diversas instituciones estatales y pueblos originarios, pero reclaman que tome decisiones por consenso y no por mayorías, ya que los pueblos son minoría en esa instancia.

“Queremos un fin definitivo de la persecución contra líderes y lideresas que luchan por el territorio”, señala la coordinadora de OFRANEH.

La movilización se produce en el marco de la celebración de los 227 años de presencia garífuna en Honduras y por la ejecución de las resoluciones de la CIDH que están pendientes desde el anterior y no ha habido avances durante el actual gobierno que se reclama progresista. Además exigen que la Comisión investigue la desaparición de cuatro personas en la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz.

Melissa Cardoza, de la Red de Defensoras, forma parte del campamento que han levantado dentro del edificio del Congreso, con más de cien miembros de comunidades garífunas, medios de prensa alternativos como Radio Progreso y organizaciones solidarias, a la espera de la llegada masiva de las comunidades.

“Las cuatro sentencias de la Corte Interamericana exigen la devolución de los territorios usurpados a las comunidades garífunas, por parte de empresarios del turismo que en sus tierras han levantado hoteles y restaurantes con grandes inversiones que no ahora quieren perderlas. Por eso actúan de manera muy agresiva con las comunidades, amenazan directamente en sus casas a los líderes y han promovido asesinatos. Mientras no se cumpla la sentencia la vida del pueblo garífuna estará amenazada”, destaca Melissa.

Tanto la OFRANEH como los pueblos indígenas y la Red de Defensoras, tenían la esperanza de que con la llegada de un gobierno progresista se iba a agilizar la ejecución de las sentencias. “Pero los empresarios son las mismas familias que sostienen los proyectos extractivos y tienen excelentes relaciones con el gobierno actual”, concluyen voceras de las acampantes.