Las exigencias de justicia continúan para las madres y padres de los 43. Como cada mes, familiares, organizaciones y estudiantes se concentraron en las estelas de Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, estudiantes asesinados la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, para recordar que sus muertes siguen en la impunidad.

Con palabras llenas de tristeza manifestaron el dolor en el que han vivido desde hace ocho años y un mes, mismo tiempo en que se han mantenido exigiendo al gobierno federal que resuelva el caso cuanto antes.

“No es justo lo que les hicieron a los muchachos, no es justo que se llevaran a nuestros 43 jóvenes y que aún no tenemos justicia, aún no sabemos nada de ellos”, dijo doña María Martínez al recordar que en su casa hace falta su hijo.

El dolor ha aumentado desde que en el informe de la CoVAJ, presentado por Alejandro Encinas, dijeran que los jóvenes ya no viven. “Como madres no tenemos que aceptar que nos digan eso. Que nos digan qué pasó realmente porque no nos han dicho la verdad. A mí cuando me digan que mi hijo ya no está yo quiero todos sus restos, no que me entreguen un pedacito o un documento que me diga que mi hijo ya no está. Pero yo siento que por ahí los tienen, y precisamente eso es lo que nos da fuerzas como madres para seguir exigiendo”, mencionó la madre de familia.

María Martínez también declaró que ha habido ataques contra el abogado que los representa para dividirlos, e incitó a continuar un movimiento unido y no permitir la criminalización. Manifestó que en lugar de que se investiguen a los verdaderos responsables, ataquen a quienes los apoyan y buscan la justicia.

Las madres y padres de familia recordaron que el presidente de la república se comprometió a resolver el caso. Tienen esperanza, pero también mostraron preocupación porque la cuarta transformación concluya en la impunidad, violando sus derechos humanos.

Otra de las madres de familia, María de Jesús, narró los momentos aciagos que vivieron cuando recibieron la noticia de que sus hijos habían sido detenidos. “Estábamos esperando a nuestros hijos en la escuela. Nos dijeron que pronto iban a ser liberados, pero no llegaron todos. Las madres y padres buscábamos a nuestros hijos, pero ellos no estaban”.

“Miré a mi esposo con la preocupación de volver a ver a su hijo. Me sentí muy mal de ver a los padres que buscaban a su familiar. No los pudimos ver y hasta el día de hoy seguimos esperando a nuestros hijos. Seguimos llorando, sufriendo por tener un gobierno indolente. Eso es lo que pedimos, un gobierno humano, democrático, que vea por el pueblo, que nos ayude a resolver nuestros problemas, que no solamente abuse del poder y la autoridad”, dijo la madre de familia.

Doña María de Jesús contó que en una ocasión acudió sola al lugar donde los estudiantes fueron agredidos, “me dijo una persona que vio cómo el ejército hizo limpieza para que se perdieran todas las evidencias. En la pared que está detrás de mí estaba la evidencia de los casquillos fabricados por la Sedena”, continuó narrando doña María de Jesús.

97 meses después continúa la espera de las madres y padres, quienes se mantienen de pie con el coraje encendido cada vez que recuerdan el ataque hacia sus hijos por parte de las fuerzas policiacas y los militares. A partir de esto, han responsabilizado al ejército y pedido que se abran los archivos que tiene la Sedena para esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre. Reclamaron que hasta el día de hoy no haya sido castigado ningún militar responsable.

Las madres y padres también hicieron un recordatorio de la responsabilidad que tiene Enrique Peña Nieto, Osorio Chong, Tomás Zerón de Lucio a quien no han extraditado desde Israel, Ángel Aguirre, Iñaki Blanco y cualquier persona involucrada en la agresión.

Mientras tanto, Vidulfo Rosales, abogado las madres y padres de los 43, habló del discurso de descalificación que se construye desde las esferas del poder para justificar la agresión contra los estudiantes hace 8 años y un mes, pues incluso si “se estuviera cometiendo un delito o su conducta hubiera sido contra la ley, una policía que actúa en el marco de la ley, en el marco del derecho, un presidente municipal que se ajusta a las leyes, la noche del día 26 debió instruir a su policía que los jóvenes hubieran sido detenidos y puestos a disposición del juez para que ahí se abriera un proceso y se verificara la responsabilidad. Pero no se hizo así, se dio la orden de asesinarlos. Se dio la orden de desaparecerlos”.

Declaró que hace unos días Ángel Aguirre Rivero realizó una visita a la ciudad de Iguala bajo el argumento de ser inocente, pero que en realidad él exacerbó el discurso de odio que provocó que actores armados y no armados agredieran, desapareciendo a 43 y asesinando a otros tres más.

“Fueron lastimados por las balas de los policías municipales y eso vamos a seguir denunciando. Es nuestra obligación ética, política, humana de venir aquí, y con el corazón y el puño en todo lo alto decirles que aquí estamos presentes y que la sangre de ellos no fue en vano, que vamos a seguir pidiendo justicia, vamos a seguir gritando que su muerte es injusta por donde lo queramos ver, que no aceptamos el discurso desde el gobierno y replicado por los grupos delictivos y por gente del pueblo desinformada”, mencionó el abogado.

Vidulfo Rosales lamentó la situación de inseguridad a la que ha estado sometida Iguala, no solamente por el crimen organizado, sino por las mismas autoridades municipales. “Las balas de la policía que los igualtecos pagaban con sus impuestos desaparecían y mataban gente. Un presidente municipal que cobraba del erario público sentado en una silla dirigiendo al grupo delictivo. Y todavía en Iguala marchan por él. No vamos a cerrar los ojos a que él estuvo al frente y dio las órdenes para asesinar a los estudiantes. Él supo desde el primer momento lo que estaba ocurriendo”.

97 meses han pasado desde esa trágica noche y los familiares de los desaparecidos y asesinados muestran su indignación porque las autoridades no protegieron, sino que ordenaron matar y desaparecer. La incertidumbre se ha quedado a vivir al lado de las madres y padres, pero aseguran seguir luchando hasta saber qué pasó con los estudiantes y dónde están. Las madres y padres continuarán caminando hasta obtener verdad y justicia.

Publicado originalmente en Tlachinollan