En el marco del “Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres” (25 de noviembre) reiteramos nuestra indignación ante la violencia que las mujeres viven en el Estado. El nivel y la agudización de la violencia contra las mujeres guerrerenses es cada vez más alarmante, según a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a nivel nacional Guerrero ocupa el primer lugar de la tasa más alta de muertes violentas de mujeres con presunción de feminicidio.
La información proporcionada por el Secretariado y actualizada al 30 de septiembre de 2018, refiere que la media nacional de feminicidios se estima en 0.95 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que en Guerrero es de 2.3 por cada 100 mil habitantes; es decir, más del doble que la media nacional. Por otra parte, el Secretariado ha señalado que en los primeros diez meses del año, se registraron 213 asesinatos de mujeres de los cuales sólo en 45 inició investigaciones como feminicidio, es decir, solo un 20% de los casos se siguen bajo la tipificación correcta del delito.
En este sentido, las cifras oficiales, ubican a Guerrero en el cuarto lugar a nivel nacional tan solo después del Estado de México, Nuevo León y Veracruz, siendo Acapulco, Chilpancingo, Malinaltepec, Ometepec, Taxco, Tlacoachistlahuaca y Tlapa, los municipios con el mayor índice de feminicidios. Al igual que en el municipio de Chilapa, donde aún no ha sido declarada la alerta de género.
Asimismo, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), también perteneciente a la SEGOB, en el 2017 hubo 316 personas desaparecidas en Guerrero, mientras que en 2018 la Fiscalía General del Estado ha documentado la desaparición de 113 personas de las cuales 34 son mujeres, ubicando a Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Chilapa, como los municipios con el mayor número de personas desaparecidas a nivel estatal.
Los datos federales registran también que en 2018 en Guerrero, mil 35 mujeres han sido víctimas de lesiones dolosas, mientras que 3 mil 277 denuncias telefónicas fueron relacionadas con incidentes de violencia hacia mujeres. Si bien el Estado de Guerrero fue la primera entidad en tipificar el feminicidio a nivel nacional, actualmente es el estado que menos acredita el delito, a pesar de que ONU Mujeres lo ubicó en el segundo lugar de mayor asesinatos de mujeres en el 2016. Ante estas cifras alarmantes se emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) el 22 de junio de 2017 en 8 municipios: Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.
No obstante, no se registran avances en cuanto las acciones necesarias para erradicar la violencia de género y por el contrario, ésta sigue en aumento tal como lo señaló el colectivo que impulsó la propia Declaratoria en julio de este año en donde se indicó sobre todo la falta de fortalecimiento de los espacios que atienden la violencia en contra de la mujer e incluso la falta de funcionamiento sobre el banco estatal de datos e información sobre caso de violencia contra las mujeres.
Como Centro de Derechos Humanos se tiene el registro de un monitoreo realizado de 2015 a la fecha, de 32 muertes violentas de mujeres de diversas comunidades de la Región de la Montaña, de los cuales estamos acompañando 4 procesos que se están investigando y procesando por el delito de feminicidio.
Pese a este contexto las autoridades minimizan la problemática y la desatienden sobre todo en las comunidades indígenas, desde donde las mujeres enfrentan mayores obstáculos para buscar acceder a la justicia, ya sea por el idioma, falta de peritos intérpretes, la falta de personal especializado, la falta de recursos económicos y/o por el desconocimiento de la existencia de las instancias gubernamentales creadas específicamente para atender esta problemática. Las autoridades buscan desentenderse de la investigación de los feminicidios justificando que “muchos de los asesinatos de mujeres están vinculados con el crimen organizado o el narcotráfico”, por lo que desde la sociedad civil se continúa insistiendo en que las investigaciones sean fortalecidas para que se identifiquen los diversos modus operandi, patrones y situación de criminalidad en los que están inmersos los feminicidios en el estado y estos sean sancionados.
En este mar de impunidad, la sentencia ganada por Valentina Rosendo Cantú, mujer Me’phaa que en julio de este año logró la primera sentencia en el fuero civil por violación y tortura sexual contra los militares que la agredieron en el año 2002, es un aliciente que impulsa a continuar trabajando para erradicar la violencia contra las mujeres en Guerrero y en México, así como una esperanza de justicia para las mujeres que lleguen a sufrir este tipo de violencia
Preocupa de manera considerable que los Jueces de Paz, Secretarios de Acuerdo, Jueces de Primera Instancia y Magistrados de las Salas Penales, dependientes del Poder Judicial continúen dando un trato desigual a las mujeres, con estereotipos misóginos sin perspectiva de género, en los casos que han resuelto procesos judiciales en primera y segunda instancia donde han estado involucradas mujeres indígenas como víctimas o acusadas, las revictimizan, las juzgan y hasta se han atrevido a señalar que las mujeres indígenas de la Montaña son más fuertes y contra un ataque sexual tienen las fuerzas suficientes para defenderse por lo que no pueden ser objeto de delitos de carácter sexual, al igual que en casos donde las mujeres se han defendido de la violencia ejercida por sus agresores no toman en consideración las excluyentes de responsabilidad y todo un contexto de vulnerabilidad en que se encontraban por el hecho de ser mujeres, sino más bien las señalan y las condenan, ejemplo de ello son los casos de Juana Ramírez Marcos y Elvia Méndez Castillo, mujeres indígenas nahuas que en segunda instancia, los magistrados confirmaron absolver al agresor de Juana a quien acusó por violación y a Elvia la condenaron con una pena menor por protegerse en su integridad física por la violencia que ejerció su pareja.
Por otra parte, desde el 22 de junio de 2017 a la fecha, en el municipio de Tlapa, se desconoce cuáles son las acciones que se están implementando con la Declaratoria de la Alerta de de Violencia de Género.
La cerrazón de las autoridades estatales debe concluir para garantizar la vida y seguridad física de más de la mitad de la población. Es intolerable que la seguridad de las mujeres no sea una prioridad de Estado y que contrario a ello, estos delitos se invisibilicen, toleren y fomenten a través de la impunidad.
Es necesario que de manera urgente, las autoridades estatales y municipales generen las políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres tanto en el ámbito público como privado y se dé una importancia real a la Alerta de Género que existe en el Estado, trabajando de la mano con los colectivos y la sociedad civil.
Como Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan no cejaremos la labor hasta que la violencia de género rompa el muro de la impunidad y sirva como recordatorio de que los derechos de las mujeres son también derechos humanos y tienen que ser garantizados a cabalidad.
Atentamente,
