Foto: Organizaciones marchantes desde el Suroccidente Colombiano. (Paz con Dignidad)

2020 está siendo un año complejo y enredado, en casi todos los lugares del planeta y con un montón de implicaciones diversas. Desde que llegó la COVID-19, en muchos países se ha vivido un brusco impacto y situaciones de marcada desigualdad. En Colombia, en cambio, esto no es nada nuevo. En un País, en el que a pesar de la firma de un acuerdo de Paz en noviembre de 2016 entre las FRAC-EP y el Gobierno Nacional, continúa vigente un conflicto armado, político y social, que coloca en el día a día estas desigualdades, violencias y asesinatos, sobre todo de aquellas personas que luchan por la defensa de la vida y el territorio.

Muchas han sido las medidas que se han tratado de implementar para garantizar la vida de las y los colombianos. Sin embargo, cuando hablamos de Derechos Humanos nos encontramos con realidades en las que la pandemia ha sido solamente uno más de los factores que incrementan, suman y acentúan las violencias que sufren en Colombia las personas que defienden el derecho a la vida y el territorio.

El Suroccidente colombiano, ha sido y continúa siendo, uno de los grandes focos de violencias en Colombia.  Solamente en el Cauca, desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinadas 57 personas líderes sociales y 37 excombatientes de las Farc.

Durante el 2019, Colombia vio apagar la vida de 124 defensoras y defensores de derechos humanos, quienes con entrega, sabiduría y carisma acompañaron a sus comunidades. Sus voces fueron silenciadas, pero su legado y enseñanzas nutren la vida de quienes les amaron, conocieron y reconocieron. [1]

Estas cifras, son solo un pequeño reflejo, de cómo es la lucha por la vida y la defensa del territorio en muchos lugares de la geografía colombiana.

Es en este marco y en la voz de José Milciades Sánchez, integrante de una de las organizaciones promotoras, surge la idea de marchar por la dignidad, porque como gritan las pancartas de Popayán a Bogotá: “Se hace camino al andar”. José Milciades Sánchez, premio Nacional de Derechos Humanos en 2016 ha sido desprotegido este año, por parte del Estado Colombiano, al retirarle el esquema de protección con el que contaba por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“NOS ESTÁN MATANDO”

El 25 de junio inició de forma oficial la Marcha por la Dignidad con más de 40 organizaciones sociales, populares, culturales y de comunicación del país, en la que, de forma articulada y coordinada, salen a tomar las carreteras y calles para exigir que pare la guerra, el cumplimiento del acuerdo de paz, reinicio de las negociaciones con ELN y la implementación de un “¡Acuerdo humanitario Ya!”.

Al grito de “Nos están Matando”, claman por justicia social, desde realidades de violación de derechos humanos que han visto agudizadas e incrementadas en los últimos 4 años. Denuncian que el gobierno nacional les impide el derecho a participar, expresarse y movilizarse, lo que dificulta e incrementa el riesgo para el trabajo que vienen haciendo desde los territorios, pero también a otros niveles más regionales y nacionales, de defensa de los territorios y la vida.

Organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Coordinador Nacional Agrario (CNA), Proceso de comunidades Negras (PCN), el Congreso de los Pueblos, el Consejo comunitario Afrorenacer, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), Economías Sociales del Común (Ecomun), NOMADESC y el Centro de Desarrollo Regional (CDR), entre otras conformaron el grupo inicial de la marcha, el cual ha ido creciendo y haciendo más fuerte con el pasar de los días.

NO ES LO MISMO VIVIR QUE HONRAR LA VIDA

En Colombia, una estrategia clásica en el marco de conflicto armado (el histórico y el que continúa en la actualidad) para desarticular las luchas sociales, ha sido atacar a las organizaciones a través de la ruptura le tejido social. Las amenazas, los asesinatos, y la violencia simbólica, son entre otras, algunas de las estrategias que han utilizado los diferentes actores para poder romper ese tejido, esa articulación histórica y paralizar movimientos de lucha y resistencia.

El miedo es una de las grandes armas utilizadas para ello. Sin embargo, la capacidad de resiliencia y la fuerza de las comunidades vuelve a florecer en mitad de la pandemia mundial que sufrimos por la COVID-19 y las organizaciones articuladas del Suroccidente Colombiano salen, a la calle de nuevo, porque resistir no es aguantar y porque como expresan en el documento político de la Marcha por la dignidad: “ Llamamos a la calle, porque la calle hoy más que nunca es el espacio de la lucha y la confrontación, el escenario de la lucha política y económica”. 

Entre los 152 días comprendidos de enero a mayo de 2020,115 líderes y lideresas fueron asesinados[2]. De estos casos, 46 se presentaron luego se ser emitido el decreto 457 del 22 de marzo del año 2020, con el cual se ordenaba el aislamiento preventivo por la aparición del Covid – 19. Los crímenes contra líderes y lideresas sociales aumentaron un 23.66%, frente al mismo periodo de tiempo en el 2019.

El día después que iniciara la ruta de aislamiento preventivo en Colombia, en la Cárcel Modelo de Bogotá 23 personas fueron masacradas y más de un centenar sufrieron heridas y torturas.

El domingo 21 de junio, una niña de 11 años desapareció del Resguardo Embera Chami, ubicado en el corregimiento de Santa Cecilia del Municipio de Pueblo Rico en el Departamento de Risaralda. El 24 de junio de 2020 se supo que la pequeña fue violada por 7 soldados adscritos al batallón San Mateo de la Quinta División del Ejército Nacional. A finales del mismo mes, se denunciaba la violación de otra niña indígena de 15 años y perteneciente a la comunidad indígena Nukak Makú, la cual había sido secuestrada y abusada sexualmente el 8 de septiembre de 2019 por un grupo de militares del Batallón Joaquín París en el Guaviare. La niña se había reportado como desaparecida el 8 de septiembre de 2019 y apareció el 13 de septiembre, luego de que la niña pudiera escapar de su secuestro.[3]

Es clave que estas agresiones sean denunciadas y visibilizadas, puesto que según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto y el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el marco del conflicto armado hasta 2017, se han registrado al menos, 15.076 personas víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual, siendo de ese total el 91,6% niñas, adolescentes y mujeres adultas.

Por estas violencias sistemáticas e impunes, es que la Marcha agarra fuerza y fuego para seguir. La articulación, es ahora más importante que nunca. El contexto de la COVID-19 no hace sino recrudecer, lo que ya estaba pasando. Lo agudiza y agrava. Por eso, es fundamental que estas situaciones no queden camufladas en la realidad de la pandemia. Queremos poner el foco en las violaciones sistemáticas de derechos humanos, en la falta de cumplimiento de los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc EP y los riesgos que sufren las personas que defienden la vida y el territorio en Colombia.

El 7 de Julio, mientras la marcha seguía su camino, El Ejército de Liberación Nacional -ELN- emitió un comunicado en el que le proponía al Gobierno Nacional un cese al fuego bilateral por 90 días. Esta propuesta respondió al llamado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que ha pedido cesar las hostilidades en medio de la pandemia. Sin embargo, el Presidente Iván Duque rechazó este ofrecimiento mediante un mensaje publicado en la red social Twitter. Para el Gobierno sigue de espaldas a los gritos y peticiones del pueblo. Esto genera, mayor riesgo para los territorios y mayor exposición a situaciones de violencia para líderes y lideresas sociales. Pero estas son peticiones que siguen siendo desoídas por el Gobierno de Iván Duque.

SE HACE CAMINO AL ANDAR

Durante la Marcha distintas organizaciones se han ido sumando, acogiendo a las personas marchantes en los distintos departamentos que recorrían, caminando o difundiendo la iniciativa en distintas redes para alzar el grito y la fuerza de la marcha. Desde el 25 de junio que salieron de Popayán, caminaron más de 600 kilómetros hasta llegar el 10 de Julio a Bogotá.

Durante el recorrido, la Marcha fue articulando, conversando y tejiendo de nuevo fortaleciendo los procesos a su caminar. Han realizado distintos encuentros e intercambios durante la Marcha, poniendo en común vivencias, estrategias de lucha y resistencia y acuerpando el proceso al caminar. Volviendo a poner el valor del colectivo en el centro: El cuidado como estrategia política y la juntanza como forma de resistencia y visibilización.

Y así, después de más de 15 días de marcha, lograron que su voz de amplificara, que llegara lejos y sobre todo que se multiplicara. La Marcha ha sido un altavoz de las demandas que tienen en Colombia las personas que ponen su vida al servicio de los Derechos Humanos.

“Marchamos porque nos están matando” es el mensaje central de la marcha. En su documento político que contiene las demandas del paro Cívico Nacional de Noviembre de 2019, así como en las distintas intervenciones que han tenido durante los quince días caminados, ha especificado, como les matan, de forma literal, pero también con invisibilización, estigmatización del trabajo que realizan y con las políticas neoliberales, capitalistas y patriarcales que ponen en peligro el territorio en Colombia y la vida de quienes lo defienden.

Han pedido acompañamiento, apoyo y respaldo a organismos y organizaciones internacionales, para acuerpar esas exigencias al Estado, para visibilizar y alzar la voz frente a las violaciones de derechos humanos y poder construir de forma colectiva, lo que los pueblos indígenas y afrodescendientes en Colombia articulan en torno al concepto del buen vivir en sus comunidades.

De esta semilla y su caminar nace la propuesta de continuar marchando en dos nuevos recorridos que iniciaron el 13 de Julio, uno desde Gibraltar (Toledo, Norte de Santander) y el otro desde Barrancabermeja (en Santander). El primero, recorrerá la ruta libertadora por el piedemonte llanero y subirá por la cordillera oriental buscando Tunja, donde se encontrará con el segundo, que recorrerá el camino de la marcha comunera.  Este caminar colectivo, pretende llegar el 20 de Julio a Bogotá, día en el que se conmemora la independencia del país, para amplificar las voces de la marcha y continuar con el proceso de exigibilidad de derechos al estado colombiano. Continua la marcha para seguir pidiendo, derecho a la vida, al territorio y a la soberanía. El camino no acaba, esta semilla es solo el inicio de lo que se avecina en el país como respuesta a la guerra, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y la crisis humanitaria, sumada a la crisis socioeconómica y sanitaria y  del COVID-19. 

[1] Somos defensores La cegera [2] Carta enviada por la “Minga por la defensa de la vida, el Territorio, la democracia y la paz”, a la señora Michele Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el señor Alberto Brunori como Delegado, el pasado 4 de junio del año, 2020.
[3] Noticia “Otra niña indígena habría sido abusada por soldados”

Este material se comparte con autorización de El Salto