Guatemala I Si bien consideramos que la lucha contra la corrupción no resuelve por sí sola los problemas de fondo del país, creemos que en estos momentos es importante reflexionar sobre la coyuntura que Guatemala atraviesa por la lucha contra la impunidad, que ha hecho que políticos, militares en retiro y en activo, y grandes empresarios sean llevados a juicio por evasión de impuestos y corrupción.
¿Cómo se origina la corrupción como sistema en Guatemala?
Más allá de la visión legalista de la corrupción, nos interesa hablar del fenómeno como un rasgo histórico y sociológico -fundacional- del Estado: Guatemala se diseñó sobre relaciones e instituciones funcionales a los intereses de una élite. Con varias mutaciones y también complejas adaptaciones de nuevos actores y relaciones en el tiempo, esta lógica instrumental cuya razón de Estado no radica en el bien común o el interés nacional, sino en intereses económicos particulares, sigue vigente.
La historia del país está llena de ejemplos (traducidos generalmente en legislación y políticas públicas) de cómo esa instrumentalización se ha basado en la desposesión y explotación de seres humanos, de la naturaleza y de los recursos del gobierno. La encomienda y el reparto en la colonia, la reforma liberal y la expropiación de tierras indígenas para su concentración en latifundios y el proceso contrarrevolucionario a partir de 1954, son apenas algunos antecedentes de una lógica que desde la construcción de la era del neoliberalismo (mal llamada democrática) hasta hoy, se preserva de forma más visible en la explotación indígena y campesina en las fincas de monocultivos como el azúcar, el café y la palma africana, y en la desposesión para el “desarrollo” extractivista.
Para reflexionar sobre la coyuntura que el país está viviendo deben tenerse en mente dos recientes etapas históricas: la primera apunta a la manera en que durante la guerra interna el ejército –defensor de los intereses de la oligarquía local- con el pretexto de controlar el ingreso de armas y apoyos a las organizaciones guerrilleras, tomó el control y administración de las aduanas y puertos. Ahí descubrieron que una buena forma de agenciarse de “recursos extras” era por medio del contrabando de productos y posteriormente el tráfico de drogas y de personas, dando origen a “La Línea” como mecanismo de defraudación aduanera.
La segunda etapa es la conocida como transición al periodo democrático, cuando se traslada el ejercicio del gobierno de los militares a los civiles. En esa fase la élite económica debe asegurar el mecanismo para mantener el esquema de beneficios y privilegios sostenido hasta entonces por su tradicional alianza con el ejército. Es entonces cuando surge el financiamiento electoral de las élites económicas a los partidos para que, una vez en el cargo, los políticos devolvieran los favores a través de contratos con el estado, otorgamiento de licencias y concesiones, y aprobación de legislación que les garantizara prácticas monopólicas u oligopólicas (como cuotas de importación favorables y aranceles) y otras, que limitan la competencia en igualdad de condiciones para los pequeños y medianos empresarios. En esta nueva etapa de relación entre la élite económica y los políticos, que coincide con la instalación del neoliberalismo en el país, es cuando se arraiga la corrupción como forma de mantenimiento de los beneficios y privilegios estatales en favor de la élite económica y una buena parte del sector empresarial.
La ambición desmedida de enriquecimiento de los políticos hizo que la corrupción fuera creciendo y también complejizándose con la participación de grupos mafiosos y criminales en el escenario posterior a la guerra, alcanzando sus niveles de máxima evidencia durante el gobierno del partido patriota. Para ese entonces ya existía la CICIG, que fue creada porque la práctica había demostrado que era imposible que las mafias incrustadas en el Estado se investigaran y castigaran a sí mismas, pues parte de la forma en la que la corrupción operaba era nombrando como cabezas del sistema de justicia a personas que entorpecieran las investigaciones contra aquellos que se beneficiaban del sistema. El último ejemplo fue la integración de la actual Corte Suprema de Justicia, de la que hay ya tres magistrados enfrentando procesos penales al demostrarse que pertenecían a redes de corrupción y tráfico de influencias, y de la Fiscal General, nombrada como parte del pacto de impunidad entre el Partido Patriota y el Partido Líder, quienes se daban por ganadores de las elecciones de 2015.
Acontecimientos clave 2015
Durante los primeros meses de 2015, los máximos líderes del PP, que tenían conocimiento de que la CICIG se encontraba investigándolos por varios casos de corrupción, manifestaban públicamente que no le renovarían el mandato. Sin embargo, el mandato se renueva y CICIG presenta el caso de defraudación aduanera conocido como “La Línea”, en el que resultaron involucrados el presidente y la vicepresidenta. Además, presentó los casos de “Cooptación del Estado”, “Negociantes de la Salud”, que involucra a Gustavo Alejos, personaje clave del gobierno de la UNE, y “Política y Lavado”, por el que se condenó al candidato vicepresidencial de LÍDER, afectando sus posibilidades de ser electo.
La crisis obligó a la conformación de un gobierno de transición para finalizar el período gubernamental y reactivó en la apática población un interés por la lucha contra la corrupción, que unió a sectores tradicionalmente divididos.
Luego de la presentación del informe de CICIG sobre financiamiento electoral, se planteó la necesidad de posponer las elecciones de septiembre de 2015, pues era evidente que los candidatos que ya estaban inscritos representaban a las tradicionales estructuras de cooptación del Estado. Sin embargo, como la transición estaba siendo tutelada por la Embajada de Estados Unidos, no se permitió la suspensión de las elecciones y se apostó por un candidato considerado un outsider de la política, aunque estuviera rodeado de militares de la más dura ala del ejército, encabezados por Edgar Ovalle, hoy prófugo de la justicia. Estos militares habían decidido organizarse políticamente con miras a defenderse de los diversos procesos judiciales por crímenes cometidos durante la guerra, entre los que destaca el caso de genocidio contra Efraín Ríos Montt.
Acontecimientos clave en 2016
Unos días antes de la toma de posesión de Jimmy Morales, el MP impulsó el caso CREOMPAZ en el que uno de los principales implicados es Edgar Ovalle, diputado por el partido oficial y cara visible del grupo militar del FCN. En esa época fueron detenidos más militares por el caso Molina Thiessen. Los partidos políticos que más diputados consiguieron fueron Líder, Patriota y UNE. FCN llevó solo 11 diputados al Congreso. Sin embargo, en las primeras negociaciones parlamentarias y debido a unas reformas a la Ley Orgánica del Congreso se dio una reorganización de bancadas a través del transfuguismo y FCN consiguió 37 diputados, la mayoría reelecta y proveniente de Líder y PP. Así pasó a ser la bancada mayoritaria.
Durante el primer año de gobierno de Morales, aprovechando la ola de la lucha contra la corrupción, las bancadas contrarias al FCN y lo que quedaba de Líder reunido en AC, ganaron la presidencia del Congreso y como oposición apoyaron varias leyes impulsadas por CICIG-MP, lo que causó la inconformidad de las bancadas excluidas y que por tener fuertes vínculos con políticos perseguidos por corrupción eran opuestos a MP-CICIG.
En el marco del apoyo recibido por el gobierno de EEUU, Jimmy Morales nombra como Jefe de la SAT a un fiscal del Ministerio Público cercano a la lucha contra la corrupción, quien tenía como principal cometido la desarticulación de “La Línea”. La SAT inicia la fiscalización de varias empresas por evasión de impuestos, las que sin mayor opción por lo bien fundamentado de los procesos pagan los adeudos al Estado. Con ello surgen las primeras voces de cierto grupo del sector empresarial y de la derecha pro-militar, afirmando que la justicia se estaba parcializando e incluso que la lucha contra la corrupción afectaba la economía del país, dando lugar así al discurso de polarización e ideologización de la lucha contra la impunidad.
Además, hubo un intento por reformar la Constitución encabezado por CICIG y MP, con el respaldo del PDH, que buscaba el fortalecimiento de la independencia judicial para evitar la cooptación por grupos afines a la impunidad, así como el reconocimiento de la jurisdicción indígena. Estas propuestas fueron mal recibidas por el sector económico que temía que el reconocimiento de la jurisdicción indígena tuviera un impacto bloqueador en la operación de cementeras, hidroeléctricas, minas y otras formas de explotación de recursos naturales en zonas indígenas. El sector político, grupos pro-militares y grupos mafiosos enquistados en las instituciones, también las recibieron de mala forma porque veían una amenaza de pérdida de poder y control sobre la justicia.
En octubre, en medio de procesos contra militares, empresarios evasores de impuestos y políticos corruptos (incluidos el hijo y el hermano del presidente) se eligió como presidenta de la CSJ a Silvia Valdez, una persona declarada a favor del presidente y del FCN y muy cercana al sector empresarial, depuesta un mes después por la CC al establecer vicios de forma en su elección.
En noviembre se detiene la reforma constitucional y, en una fuerte lucha por la presidencia del Congreso, se elige una junta directiva señalada de haber sido negociada desde el ejecutivo con influencia del FCN y de tener como objetivo impedir reformas o leyes impulsadas por MP-CICIG que fortalecieran la lucha contra la corrupción.
Acontecimientos clave en 2017
En los primeros meses de 2017 continúa una fuerte polarización y lucha entre el statu quo y los impulsores de la reforma constitucional hasta que al final del primer ciclo legislativo, en mayo, se da por perdida la reforma. Las pugnas de fondo se caracterizaron por la ideologización y una vuelta a los discursos de la guerra fría y los fantasmas del inicio de la posguerra. En medio del debate se apuntó a la ideología de género y LGBTIQ, que puso del lado de la mayoría de los políticos al sector más conservador de las iglesias, que impulsaron la iniciativa de “Ley Homofóbica”. La estrategia contó con el apoyo de la derecha pro-militar y el sector empresarial, que utilizaron a sus diputados, sus ong’s (como la Fundación Contra el Terrorismo) y a los medios de comunicación oficial para desprestigiar la lucha contra la corrupción bajo excusas como la injerencia extranjera o la vuelta dela amenaza del comunismo.
Durante este periodo hay lobby de empresarios y políticos guatemaltecos ante congresistas y senadores estadounidenses para solicitar la salida del embajador Todd Robinson, así como la contratación de una firma de lobistas para el mismo efecto, tanto por el ejecutivo como por diputados representantes de la derecha empresarial y del crimen organizado.
En julio 2017 el MP y CICIG llevan a las cortes el caso “Construcción y Corrupción”, que dejó al descubierto el sistema de adjudicación de contratos públicos a cambio de pagos corruptos, involucrando a varios empresarios de la construcción y al exministro Alejandro Sinibaldi, a quien se le considera parte de la cúpula económica del país.
Uno de los efectos más importantes de este caso fue el involucramiento del Movimiento Cívico Nacional (MCN) dentro de la trama de corrupción: según varios acusados, el ministro Sinibaldi les pidió hacer aportes al MCN, conocido por ser un instrumento de reproducción discursiva de una parte de la derecha empresarial, ahora evidenciada como corrupta.
A principios de agosto se conocen los rumores de un nuevo caso contra el presidente por financiamiento ilícito a FCN-Nación mientras él era el secretario general y representante legal. Jimmy Morales solicita, sin éxito, la remoción del Comisionado de CICIG ante el Secretario General de las Naciones Unidas y posteriormente lo declara non grato, decisión que fue suspendida por la CC. A finales de agosto, el MP y CICIG presentan el caso “financiamiento ilícito”, que involucra a los secretarios generales de UNE, LÍDER y FCN (Jimmy Morales) durante la campaña 2015.
Las opiniones y comunicados publicados al respecto por diferentes representantes del sector empresarial y la derecha pro militar dejan ver una aparente pugna entre quienes están a favor de la lucha contra la corrupción y quienes están en contra, que disfraza entre otras una de las tradicionales pugnas entre élites por acaparar los jugosos beneficios del estado, principalmente por las bandas telefónicas y de internet.
En los primeros días de septiembre varias bancadas del Congreso evitan que se declare con lugar el antejuicio contra el presidente y deciden aprobar dos reformas al Código Penal: una que eliminaba la responsabilidad de los secretarios generales de los partidos por el manejo de fondos ilícitos, y otra que permitía que cualquier persona condenada hasta un máximo de diez años, conmutara la pena (pagar una suma de dinero por no estar en la cárcel). Ambas reformas (que aplican retroactivamente a los ya condenados) estaban claramente dirigidas a beneficiar a personas perseguidas por delitos sobre corrupción y crimen organizado. Ante la inminente persecución penal de la que podían ser objeto por la aprobación -a todas luces fraudulenta e ilegítima- de dichas leyes, dieron marcha atrás.
La relación simbiótica entre el ejército y el presidente se evidencia en estos días con el traslado de Q125 millones al ejército, el homenaje público al presidente en los momentos más duros de la crisis y la posterior publicación de los bonos que dicha institución trasladaba mensualmente al presidente.
¿Qué conclusiones preliminares proponemos ante los acontecimientos recientes?
Esta no es una crisis de gobierno sino de sistema. Los tres sectores (buena parte de la élite económica, militares retirados y algunos militares en activo, y la mayoría de los políticos) que han mantenido privilegios a costa de los recursos públicos y por ende de la población en general, se sienten acorralados -o al menos amenazados- por la lucha contra la corrupción y están dispuestos a dar la batalla necesaria para deshacerse del enemigo común que identifican en el MP y la CICIG.
El caso “Construcción y corrupción” confirmó que la corrupción es un sistema en el que políticos y empresarios mantienen una estrecha relación de obtención de beneficios ilegales a costa del Estado y de la población en general.
El desenmascaramiento de un grupo de la élite empresarial como parte de la corrupción, y la evidencia de financiamiento de este sistema al MCN, fue la clave para que la élite empresarial que aún no había dado su apoyo lo hiciera, para debilitar en el corto plazo -y eliminar en el mediano- la lucha contra la corrupción que, de seguirse profundizando, llegará a tocar a los más grandes empresarios del país que viven de este sistema de privilegios.
La reestructuración de la alianza por la impunidad puede llevar a la movilización de las piezas necesarias para profundizar la polarización existente, buscando cooptar en el corto plazo la presidencia de la CSJ (octubre 2017), el nuevo fiscal general (mayo 2018) y las elecciones (2019), en las que las expresiones políticas de cierta derecha corrupta, empresarial o pro-militar, podrían ser las grandes vencedoras y revertir los avances en la lucha contra la impunidad.
Las manifestaciones ciudadanas son indispensables como actos de denuncia, resistencia, desobediencia civil y generación de una conciencia colectiva que cuestione la defensa de una legalidad vacía de contenidos democráticos, como la que se antepuso al celebrar sin condiciones adecuadas las pasadas elecciones. Es necesario sostenernos en la crítica de la criminalización de una protesta que hasta hoy, más que atentar contra el orden constitucional, está defendiendo firmemente su vigencia cuando exige las condiciones de una democracia mínima. Las manifestaciones deben aprovecharse desde el encuentro entre distintos actores y sectores que convergen en las calles y los espacios públicos en todo el país, pero no son suficientes sin pasos concretos en el corto y mediano plazo.
¿Qué pasos y acciones creemos que pueden tomarse?
En el corto plazo vemos importante:
Apoyar a que la lucha contra la impunidad y la corrupción continúe, y sumarse desde una articulación de los movimientos y actores del campo y la ciudad, para que se pueda seguir profundizando en las raíces de sus causas, desde un intercambio y diálogo crítico que incluya las visiones sobre el Estado en un largo plazo.
Impulsar una profunda reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para romper el monopolio -no solo del esquema sino de la lógica- de los partidos como forma exclusiva de articulación política, y permitir que otras expresiones de organización local hagan contrapeso a las maquinarias nacionales que son parte del financiamiento electoral ilícito, de sus representaciones, sus orígenes y sus consecuencias.
Discutir posibles fórmulas, como los partidos políticos distritales y otras, para propiciar vehículos electorales legítimos que lleven al congreso representantes con respaldo y fiscalización ciudadana. Propiciar el establecimiento de herramientas que promuevan ecuanimidad en las campañas políticas en los medios de comunicación masiva, que democratice los partidos políticos nacionales y que brinde herramientas legales al Tribunal Supremo Electoral para que actúe como verdadero juez en las contiendas electorales. Abrir la necesaria discusión sobre el financiamiento de los partidos.
Fiscalizar el fortalecimiento de órganos de justicia y exigir independencia para hacer más eficiente su rol en la reducción de la impunidad. Recordar que ningún debate sobre fortalecimiento e independencia, no solo del poder judicial, sino de cualquier poder e institución –y esto incluye a los partidos políticos- puede ser legítimo si no parte del pluralismo jurídico, como elemento vivo e histórico de nuestra realidad.
Estar vigilantes a las próximas elecciones y nombramientos de funcionarios que son clave en la lucha contra la impunidad, como el presidente de la Corte Suprema de Justicia en octubre, la junta directiva del Congreso en noviembre y el Fiscal General en el primer semestre del próximo año.
Apoyar las acciones que promuevan y fortalezcan a las expresiones sociales y políticas de base que buscan una transformación estructural del Estado, y que con sus acciones y propuestas impulsan desde ya un debate intersectorial e intercultural sobre los entendimientos de ideas colectivas clave como “refundación”, “desarrollo”, “bien común” e “interés nacional”, para que puedan participar en las elecciones de 2019, desde una LEPP reformada.
En el mediano plazo:
Cuando existan condiciones mínimas para un mayor equilibrio en la participación, y canales legítimos de representación política, convocar a una asamblea nacional constituyente, como pieza clave en el ya iniciado proceso de imaginar, construir y dar vida a un nuevo pacto social.
Guatemala, septiembre 2017.
Texto publicado originalmente en Prensa Comunitaria
