Dos mujeres con sus hijos intentan huir de un hombre con uniforme militar y otro hombre con logos del Instituto Nacional de Migración (INM). Ellas gritan y lloran mientras se aferran, con mochilas al hombro, al niño y la niña que las acompañan. El más pequeño se cubre los ojos con una mano mientras los elementos de seguridad los alcanzan.
Esta es una de las tantas imágenes que circuló la prensa nacional sobre el nuevo éxodo de personas migrantes que desde el pasado 18 de enero está llegando a la frontera sur de nuestro país desde Centroamérica.
Las imágenes constatan que, a pesar de la obligación de dar protección a las mujeres migrantes en México, el gobierno federal desplegó elementos de la Guardia Nacional — creada para combatir el narcotráfico y la inseguridad– para la persecución, detención y privación de la libertad en Estaciones Migratorias de las personas migrantes que, ante el cierre de los pasos fronterizos, intentaron cruzar a México por las aguas del Río Suchiate.
Estas persecuciones están causando separación familiar, estrés, angustia, lesiones y más riesgos de violencia sexual para las migrantes y sus familias.
Pero a pesar de estas imágenes, el gobierno mexicano aseguró en diferentes comunicados que atiende de manera ordenada, segura y regular a la población migrante; afirmó que les brinda atenciones humanitarias como albergue, alimentación y cuidados sanitarios; y también dijo que revisa uno a uno su situación migratoria.
Criminalización, caos, separación familiar y violencia
De cara a estas nuevas caravanas, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (integrado por una decena de organizaciones civiles) documentó que el aumento de cuerpos de seguridad en la zona sur del país y la persecución de personas migrantes derivó en casos de separación familiar.
Por ejemplo, el Colectivo observó a una mujer que caminaba “angustiada” junto a un agente de la Guardia Nacional y otro del INM. De acuerdo con lo que declaró la migrante a las organizaciones civiles, ella pidió a las autoridades que su hija de cinco años permaneciera con ella pero ellos se lo impidieron, lo que provocó que la niña desapareciera en medio del caos.
La coordinadora del Módulo de Mujeres para el Albergue Refugio la 72 en Tenosique, Tabasco, Alejandra Cosme, explicó en entrevista a Cimacnoticias que la presencia de elementos de seguridad está obligando a las mujeres y sus familias a transitar por nuevas vías. Esto impidió, por ejemplo, que las personas migrantes de esta nueva caravana pudieran llegar directamente al albergue en Tenosique.
Esto también ha puesto a las mujeres, a diferencia de los hombres, en mayor riesgo de violencia y agresiones sexuales, por parte de cualquier hombre (sin importar si pertenece a los agentes de migración, al crimen organizado o a la población), dijo Cosme.
La defensora detalló que en los meses recientes han llegado al albergue más mujeres que viajan con niñas y niños, cuando anteriormente lo más frecuente era que llegaran solas o acompañadas de una parienta también mujer.
La entrevistada explicó que las mujeres están llegando al albergue con embarazos de hasta ocho meses de gestación, o enfermedades que van desde ampollas, infecciones, ataques de ansiedad (adquiridas durante su tránsito) hasta diabetes o enfermedades crónicas que deben ser atendidas con urgencia, pero para ello la población migrante sólo cuenta con los servicios de la organización Médicos sin Frontera, la Cruz Roja en la región y el hospital comunitario, que padece desabasto de medicamentos para la población en general.
En estas condiciones, las mujeres avanzan más lento que los hombres que migran solos, lo que también propicia que sean detenidas con mayor frecuencia por la autoridad migratoria.
Cosme aseguró que México no está brindando una atención humanitaria adecuada, ya que en los albergues hay una sobrepoblación de hasta 300 personas.
También dijo que la mayoría de las migrantes huyen de pandillas, de la pobreza y de violencia en sus lugares de origen, pero al llegar a México las autoridades las rechazan y las hacen esperar en las entidades fronterizas hasta ocho meses por una respuesta a su solicitud de asilo.
Lejos de garantizar la ayuda humanitaria, en tan sólo una semana el INM devolvió a sus países a más de tres mil personas migrantes, la mayoría hondureñas, y detuvo a otras tantas en la Estación Migratoria Siglo XXI, de acuerdo con lo que ha reportado oficialmente. Aunque es su obligación, el INM omitió decir en sus comunicaciones públicas cuántas de las personas que detuvo y deportó son mujeres, adolescentes y niñas.
A esto se suma que tampoco es posible saber el estado de salud y bienestar de las migrantes alojadas en las Estaciones Migratorias porque, como denunció judicialmente el Centro de DH Fray Matías de Córdova, que desde hace 20 años hace verificaciones en estas estancias, el INM está negando el ingreso a las organizaciones de la sociedad civil que acompaña a las y los migrantes.
Publicado originalmente en CIMAC Noticias