Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México | Desinformémonos. La empresa Grupo México entregó sólo tres de las 36 plantas potabilizadoras que se comprometió a instalar tras el derrame de 40 millones de litros de ácidos tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, por las operaciones de la mina Buena Vista del Cobre en Cananea, sucedido el 6 de agosto de 2014

“En el caso del río Sonora, me hizo mucho ruido que la empresa se comprometió a dar un remedio efectivo a estas comunidades, pero durante cuatro años, éstas no han tenido acceso a una fuente de agua confiable, y durante todos esos meses no han accedido al hospital o la clínica que también se les prometió y se encuentra a medio construir”, expresó Baskut Tuncak, de Naciones Unidas.

La población de ocho municipios en Sonora desde hace cuatro años sufre de problemas de acceso a agua potable, pues además las tres potabilizadoras que entregó Grupo México no están activas. Una de ellas, instalada en Bacanuchi, dejó de funcionar a los dos meses porque la empresa se negó a cubrir los costos de operación y el gobierno municipal se deslindó y no la incluyó en su presupuesto, mientras que los pobladores no pudieron pagar los 800 pesos diarios necesarios para comprar el diésel que utiliza la purificadora.

Las otras dos purificadoras fueron instaladas en los municipios de San Felipe y Mazocahui, pero nadie se responsabilizó de los costos de operación y ambas permanecen sin uso.

En la sangre de los pobladores se detectaron metales como cobre aluminio, arsénico, magnesio, plomo, manganeso y cadmio, debido al consumo del agua contaminada por el derrame tóxico.

“Nuestros recursos no nos permiten comprar agua purificada, nos bañamos con agua de la llave, no tenemos estudios que nos garanticen que nuestros organismos no están contaminados. El 6 de agosto de 2014 se nos juntó el cielo con la tierra, no hay conciencia de lo que pasó”, señaló Panchita Siqueiros, una de las afectadas.

A pesar de que en enero de 2015 fue anunciada la construcción de 36 potabilizadoras, el 1 de abril de 2017 el delegado de la Secretaría de Gobernación, Wenceslao Cota Montoya, aseguró que con sólo nueve plantas sería suficiente para la población afectada y que la construcción de las 36 purificadoras quedaba cancelada.

Por lo menos 25 mil personas fueron afectadas por el derrame tóxico, el cual además provocó la desaparición de especies animales y vegetales endémicas de la región.