Ciudad de México | Desinformémonos. El grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos calificó de “arbitraria” a la empresa Grupo México y recordó que no respeta las normas ambientales ni laborales, y acusó al gobierno federal de ser incapaz de cumplir la ley por su urgencia de atraer inversiones y estar sujeto a los intereses de las corporaciones.
Acusó que tanto Grupo México como el Estado se culpan entre ellos para eludir la responsabilidad de reparar los daños ocasionados por el derrame tóxico en el río Sonora, provocado por las actividades de la mina Buenavista del Cobre del río, el 6 de agosto de 2014. Recordó que fueron la empresa y las autoridades quienes violaron los derechos humanos al no vigilar el diseño y la operación de proyectos a gran escala.
Pavel Sulyandziga y Dante Pesce, quienes encabezaron el grupo de trabajo, señalaron que pidieron a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) interponer una querella contra la minera afiliada a Grupo México, pero la dependencia respondió que sólo podría asesorar o hacer recomendaciones.
Luego de una visita del grupo de trabajo en Sonora en septiembre del 2016, Sulyandziga y Pesce constataron que, a pesar de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Profepa detectaron 55 irregularidades en las actividades de Grupo México, ni el consorcio minero ni las autoridades federales se comprometieron a reparar los daños.
“El Estado está sujeto a los intereses de las empresas”, señalaron. “No se aplican políticas ni se cumplen compromisos de remediación”, agregaron.
Además, recordaron que Grupo México no ha cumplido su promesa de instalar 28 plantas de tratamiento del agua con tecnología de filtración de metales pesados y construir una clínica para atender a los afectados.
El 6 de agosto de 2014, 40 millones de litros de metales pesados fueron derramados en el río Sonora, lo que dejó alrededor de 22 mil personas afectadas y daños al agua y los recursos naturales.
