Foto: Acción de denuncia durante la junta de accionistas de Siemens Gamesa. (Western Sahara is not for sale)
El término greenwashing fue acuñado en la década de 1980 por el activista medioambiental estadounidense Jay Westerveld. Desde entonces, el concepto ha ido evolucionando y ampliándose para incluir una amplia variedad de tácticas de marketing y comunicación que buscan transmitir una imagen positiva y sostenible de una empresa o producto, a pesar de que su verdadero impacto en el medio ambiente puede ser muy diferente.
El greenwashing se puede aplicar de varias maneras, como la exageración de las credenciales ecológicas de un producto, la tergiversación de la cadena de suministro, la utilización de certificaciones y etiquetas ecológicas sin fundamento o el enfoque en iniciativas medioambientales menores mientras se ignoran problemas más importantes.
En el Sáhara Occidental, esta práctica ha ido en aumento debido al interés global en la sostenibilidad y al atractivo que el territorio ocupado por Marruecos ofrece a las empresas extranjeras en términos de recursos naturales y mano de obra. El Sáhara Occidental es un territorio rico en recursos naturales, como fosfatos o pesca entre otros, y con un gran potencial para la producción de energías renovables. La explotación de estos recursos por parte de empresas internacionales en el territorio ocupado, y cuando éstas lo promocionan cómo políticas verdes y para mostrar ecologismo en las empresas, es una clara política de Greenwashing de las mismas.
Aunque existe un acuerdo del Parlamento Europeo en 2019 que exige garantías de que los productos procedentes del Sáhara Occidental están claramente rastreados, varias empresas han construido plantas de energía eólica y solar en el Sáhara Occidental ocupado
Aunque existe un acuerdo del Parlamento Europeo en 2019 que exige garantías de que los productos procedentes del Sáhara Occidental están claramente rastreados, varias empresas han construido plantas de energía eólica y solar en el Sáhara Occidental ocupado en ciudades como Bojador, El Aaiún y Dajla. Éstas se conectan gradualmente a la red principal y esto hace muy difícil rastrear cuánta de la energía que puede llegar a Europa desde Marruecos procede de estas infraestructuras.
De esta manera, las energéticas y sus suministradoras han entrado en el Sáhara Occidental ocupado en el contexto de un mercado caracterizado por el enmascaramiento de las vulneraciones de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de la población saharaui mediante la extracción de sus recursos renovables, que alimentan otros sectores beneficiarios de la ocupación por parte de Marruecos, como la minería de fosfato o la exportación de áridos. Se calcula que, una vez se complete la ampliación de las dos plantas fotovoltaicas de Bojador y El Aaiún, más de la cuarta parte de la energía “limpia” producida por Marruecos, y un 40% de su capacidad solar, procederá del Sáhara Occidental.
¿Cómo afecta el greenwashing al blanqueamiento de la ocupación?
Las vulneraciones de derechos que las empresas responsables de éstas infraestructuras estarían ejecutando en el territorio se dan en torno al derecho de los pueblos a gestionar sus propios recursos, debido a la falta de consulta sobre operaciones extractivas, pero también en otros ámbitos, como el derecho al agua o a la propiedad de la tierra.
Éstas vulneraciones se han denunciado desde varias organizaciones internacionales y también desde la plataforma Western Sahara is not for Sale (WSNS) nacida en 2021 y formada por más de 120 organizaciones de la sociedad civil saharaui para denunciar el expolio de recursos naturales del Sáhara Occidental.
Las empresas que operan en el Sahara Occidental, o que importan productos de este territorio, son cómplices de la sistemática vulneración de derechos fundamentales que sufren las saharauis
Desde WSNS, el activista Mahfud Bechri, denuncia que: “La legalidad internacional considera a Marruecos una potencia ocupante y, por lo tanto, cualquier actividad en este territorio sin el consentimiento de su pueblo (el pueblo saharaui) es ilegal”. Tal y como afirman las propias activistas saharauis, de esta forma las empresas contribuyen a normalizar y a blanquear un régimen autoritario y dictatorial y una ocupación militar que asesina, mete en la cárcel, tortura y viola a una población que vive bajo ocupación. Con todo, las empresas que operan en el Sahara Occidental, o que importan productos de este territorio, son cómplices de la sistemática vulneración de derechos fundamentales que sufren las saharauis, porque con su actividad en un territorio bajo ocupación ilegal solamente ayudan a reforzar la impunidad de la que goza el régimen de ocupación marroquí.
Al blanqueamiento de la ocupación por parte de la actividad ilegal de empresas en el Sáhara Occidental ocupado, se suma también el impacto medioambiental que tiene el expolio ilegal de los recursos naturales saharauis. En este sentido, Mohsen Babeit, presidente de AREN, organización saharaui que trabaja en las zonas ocupadas para monitorear el expolio de recursos naturales y el impacto sobre el medioambiente y los derechos humanos, destaca que el “saqueo” por parte de empresas marroquíes e internacionales “amenaza el equilibrio del entorno natural, ya que las empresas extraen rocas al azar que destruyen la cubierta vegetal natural, lo que obliga a los ganaderos a buscar nuevos pastos lejos de las principales ciudades, y las empresas dedicadas al saqueo de peces agotan la riqueza piscícola y amenazan la diversidad natural, ya que utilizan equipos que no cumplen con los estándares internacionales, ni respetan el confort biológico, ni respetan las especies especificadas en las licencias de caza”, y añade que “todo esto se hace con la complicidad del Ministerio de Pesca de Marruecos”.
Empresas españolas como Siemens Gamesa y otras europeas como la suiza ABB group y la italiana Enel Green Power están implicadas en hacer greenwashing a la ocupación militar marroquí
Empresas españolas como Siemens Gamesa y otras europeas como la suiza ABB group y la italiana Enel Green Power están implicadas en hacer greenwashing a la ocupación militar marroquí del Sahara Occidental a través de proyectos de energía renovable. De esta manera, las energías renovables se convierten en un mecanismo de extracción de riqueza que fomenta el dominio sobre el pueblo indígena del territorio y sus sistemas naturales, generando situaciones de desigualdad e injusticia.
El impacto de Siemens Gamesa en los territorios ocupados del Sáhara Occidental se ve agravado por su complicidad en la extracción de recursos no renovables, como la roca fosfórica extraída de las minas de BouCraa explotadas por el OCP marroquí. Actualmente tiene una cuota de mercado del 62% en el Estado marroquí.
Siemens Gamesa tiene una presencia sólida y rentable en el Sáhara Occidental desde 2013, cuando suministró 22 aerogeneradores al parque eólico de Foum el Oued, cerca de El Aaiún, la capital del Sahara Occidental. En 2016, en pleno proceso de fusión con Gamesa, Siemens ganó un concurso junto con la multinacional italiana Enel Green Power y Nareva Holding (propiedad de la familia real marroquí) para la construcción y mantenimiento para el desarrollo y operación de cinco parques eólicos, dos de ellos en los Territorios Ocupados. Una planta está en Tiskrad (El Aaiún), y otra en Bojador, que empezó a construirse en 2021.
El 2021, la organización saharaui AREN, aseguró haber interceptado un barco con carga de turbinas de Siemens Gamesa desde los territorios ocupados que se dirigía a España, así como tres barcos con bandera de diferentes nacionalidades que pretendían transportar más de 175.000 toneladas de fosfato saharaui.
En 2017 ABB Group ganó un contrato de 16 millones de dólares para la construcción de una subestación híbrida para el parque eólico de Aftissat, Bojador (en los territorios ocupados del Sáhara Occidental) que se puso en funcionamiento el 2019 y que es operado también por una filial de Nareva Holdings.
Se calcula que para 2030, la mitad de la producción de energía eólica de Marruecos podría generarse ilegalmente en el Sáhara Occidental ocupado
Se calcula que para 2030, la mitad de la producción de energía eólica de Marruecos podría generarse ilegalmente en el Sáhara Occidental ocupado. Sin embargo, Marruecos se presenta como el mejor de su clase en la transición energética.
Es fundamental que consumidores, gobiernos e inversores estén informados sobre estas prácticas y se exija transparencia y responsabilidad por parte de las empresas que operan en el Sáhara Occidental ocupado. Las instituciones internacionales y los gobiernos tienen la responsabilidad y la capacidad de adoptar medidas que garanticen el respeto al derecho internacional y los derechos humanos en el Sáhara Occidental.
El conflicto del Sáhara Occidental seguirá mientras no se garantice el derecho de autodeterminación que el pueblo saharaui lleva esperando desde 1991 y mientras grandes multinacionales expolien ilegalmente los recursos naturales del territorio contradiciendo el derecho internacional y las resoluciones de las naciones unidas, al no contar con el consentimiento explícito del pueblo saharaui y su representante legítimo, el Frente Polisario.
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