Fotos: Gerardo Magallón | Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa criticaron las «reticencias» del gobierno para investigar de manera exhaustiva a los elementos del ejército adscritos al 27 batallón de infantería, señalados de participar en la desaparición de los estudiantes el 26 de septiembre de 2014.

En el séptimo aniversario de la desaparición de los normalistas, los padres recordaron que «existen pruebas objetivas» contra el ejército que establecen que los militares dieron seguimiento a los estudiantes desde su llegada a Iguala, Guerrero, y patrullaron los lugares donde los agredieron e hicieron contacto con ellos.

Además, señalaron, «existen vínculos orgánicos de militares del 27 Batallón con el grupo delictivo Guerreros Unidos y un testigo declaró formalmente en sede ministerial y judicial que al menos 25 estudiantes fueron ingresados al 27 batallón de infantería, interrogados, algunos asesinados y posteriormente entregados a un grupo delictivo».

«Sin embargo, estos elementos parecen ser insuficientes a los ojos del gobierno, que vacila en investigar a esta institución armada», criticó el Comité de Madres y Padres de los 43.

Los padres agregaron que la Fiscalía General de la República «camina con lentitud» en la investigación y desde hace seis meses no ha podido ejecutar 40 órdenes de aprehensión. En dos años, además, no ha logrado traer al extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón de Lucio de Israel para procesarlo «y varios funcionarios de la pasada administración que avalaron y defendieron la verdad histórica siguen estando en la FGR en puestos del más alto nivel, obstaculizado los trabajos de investigación», denunciaron.

Por ello, los familiares de los normalistas indicaron que mientras «para el gobierno hay avances», para ellos «los avances son mínimos» y cada vez el camino hacia la verdad «se vuelve más empinado, escarpado y lleno de espinas y piedras».

Aseguraron que pese a las adversidades, con el «dolor a cuestas, en medio de la adversidad de la pandemia del Covid-19, y entre los laberintos de una justicia aletargada» continuarán en su lucha por encontrar a sus hijos.

«Por ningún motivo claudicaremos, aun cuando el camino sea difícil de transitar, el amor por nuestros jóvenes es inmenso por ello venceremos cualquier adversidad por difícil que esta sea», subrayaron.

A continuación el comunicado completo:

El día 27 de septiembre por la madrugada nos despertó el timbre del teléfono, a través del auricular nos daban noticias funestas: en Iguala había una masacre de estudiantes de Ayotzinapa. De inmediato partimos a la escuela Normal para pedir respuestas, pero cuando llegamos allí no había nadie. Nos informaron que todos estaban en Iguala. Nos fuimos para allá y al llegar todo era desolación y se respiraba un ambiente de miedo y terror. No había autoridades ni fuerzas de seguridad, todo era una calma siniestra.  Con alegría vimos que ahí estaban varios estudiantes que habían sobrevivido a los infames ataques y buscamos entre ellos a nuestros hijos: no estaban. Uno a uno les preguntamos por nuestros jóvenes y nos dijeron que ellos habían sido llevados por la policía.

Los buscamos por todos lados, pero no los encontramos. Después los buscó el gobierno y tampoco encontró nada. Se hicieron las investigaciones y en lugar de que esta se encaminara a dar con su paradero y los responsables, fabricaron pruebas y ensuciaron las pesquisas para ocultar el paradero de nuestros hijos y así nos presentaron una conclusión que le llamaron “verdad histórica”. Esto lastimó más nuestro corazón puesto que dijeron que nuestros hijos estaban muertos sin darnos una prueba científica.

Después quisieron cerrar el caso. Cinco años tuvimos que luchar a brazo partido para que no lo hicieran, logrando mantenerlo abierto hasta que llegó este gobierno e inició una nueva investigación.

En el actual gobierno hay más voluntad política. Nos tratan mejor y hay avances en el caso, pero ya llevamos tres años y no sabemos el paradero de nuestros hijos, se ha logrado identificar a dos jóvenes y hay varias ordenes de aprehensión libradas, algunas contra altos funcionarios que hicieron mal su trabajo. ¿Pero qué pasa con los demás jóvenes? ¿dónde están? ¿qué pasó con ellos? ¿quiénes se los llevaron y por qué? Son preguntas que este gobierno no ha podido responder, por lo tanto, seguimos en la incertidumbre y con un dolor insoportable que cala nuestra alma. A menudo pasa por nuestra mente como estarán nuestros hijos: estarán bien, no lo están, se alimentan o no, los estarán torturando o que pasó con ellos, solo de imaginar lo peor que les haya pasado nos aterra y nos llena el alma de coraje, angustia e impotencia por no haber podido defenderlos en el momento que nos necesitaban.

El tiempo pasa y nuestros corazones se marchitan, nuestro cuerpo y salud empeoran, perdemos fuerzas físicas. Nuestra compañera Minerva Bello y nuestros compañeros Tomás Ramírez, Saúl Bruno y Bernardo Campos se nos adelantaron sin poder saber de sus hijos. Otros más estamos enfermos con pocas fuerzas físicas para continuar en esta lucha.

Para el gobierno hay avances, pero para nosotros como padres y madres que no sabemos de nuestros hijos y que sufrimos su ausencia día a día los avances son mínimos, por ejemplo, la Fiscalía general de la República camina con lentitud en la investigación. Desde hace seis meses no ha podido ejecutar 40 órdenes de aprehensión, dos años que no logra traer a Tomás Zeron de Lucio de Israel para procesarlo y varios funcionarios de la pasada administración que avalaron y defendieron la verdad histórica, siguen estando en la FGR en puestos del más alto nivel, obstaculizado los trabajos de investigación.

De igual forma hay reticencias para profundizar una investigación exhaustiva contra elementos del ejército mexicano adscritos al 27 batallón de infantería, pese a que en el expediente existen pruebas objetivas que establecen que: a) dieron seguimiento a los estudiantes desde su llegada a Iguala, b) patrullaron los lugares donde los agredieron e hicieron contacto con ellos, c)  existen vínculos orgánicos de militares del 27 Batallón con el grupo delictivo Guerreros Unidos y d) un testigo declaró formalmente en sede ministerial y judicial que al menos 25 estudiantes fueron ingresados al 27 batallón de infantería, interrogados, algunos asesinados y posteriormente entregados a un grupo delictivo. Sin embargo, estos elementos parecen ser insuficientes a los ojos del gobierno que vacila en investigar a esta institución armada, cuando se pone el tema en la mesa de dialogo a menudo incomoda al gobierno.

De continuar, así las cosas, pasará el tiempo, seguiremos enfermando y muriendo y este gobierno terminará su mandato sin lograr saber con claridad que pasó el día 26 de septiembre y donde están nuestros hijos.

Con este gobierno parecía que el camino hacia la verdad era más claro y despejado, pero a medida que pasa el tiempo se vuelve más empinado, escarpado, y lleno de espinas y piedras que intentan impedir que lleguemos a nuestro objetivo que es saber el paradero de nuestros amados hijos.

Con este dolor acuestas, en medio de la adversidad de la pandemia del Covid-19, y entre los laberintos de una justicia aletargada continuaremos con nuestra lucha hasta encontrar nuestros hijos. Por ningún motivo claudicaremos, aún cuando el camino sea difícil de transitar, el amor por nuestros jóvenes es inmenso por ello venceremos cualquier adversidad por difícil que esta sea.

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Ayotzinapa, Guerrero a 26 de septiembre de 2021