Ciudad de México | Desinformémonos. Las recientes revelaciones del uso del software Pegasus para prácticas de espionaje en México evidencian el “entorno hostil y de desprotección que enfrentan defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas”, por lo que el gobierno de Enrique Peña Nieto debe cesar “las intervenciones y el monitoreo”, señalaron expertos y relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Exigieron que las víctimas del espionaje participen en la presunta investigación que la Procuraduría General de la República (PGR) inició a partir del reportaje publicado por el diario The New York Times, en donde se reveló el uso del “malware” en los dispositivos de los periodistas y defensores, pues fue la misma dependencia la que compró el sistema Pegasus.

Los expertos agregaron que la investigación debe llevarse a cabo con transparencia, imparcialidad e independencia, además de que el gobierno debe implementar “controles efectivos sobre los servicios de seguridad e inteligencia”.

El pasado 19 de junio, Citizen Lab reveló que entre 2015 y 2016 una agencia del gobierno intentó infectar los dispositivos de reporteros y activistas de derechos humanos con el sistema Pegasus, el cual funciona para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular y así tener acceso a llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios.

Hasta el momento, se tiene evidencia de que la PGR, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) compraron el software. Sin embargo, a pesar de las exigencias de las víctimas y la denuncia interpuesta por organizaciones para determinar a los funcionarios que utilizaron el sistema de manera ilegal, el gobierno no ha emitido ninguna respuesta.

Ante ello, los expertos de Naciones Unidas demandaron que un panel de especialistas internacionales coadyuven en la investigación para que las autoridades mexicanas no cierren el caso, y exigieron que el gobierno federal transparente los contratos de compra de programas para espionaje.