Ciudad de México | Desinformémonos. El gobierno mexicano en sus diferentes niveles fue el «primer responsable» de las 582 agresiones que en 2022 se cometieron contra defensores de la tierra y los derechos humanos ambientales, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

En su informe, el Cemda señala que la cifra de 582 agresiones documentadas en 2022 representa un aumento de 144.5 por ciento respecto al año anterior, y que de estos ataques 45 por ciento «fueron cometidos por el gobierno en sus distintos niveles».

De los 89 casos en los que las autoridades fueron responsables de las agresiones, 18 corresponden a ataques del gobierno federal, 15 del gobierno y una empresa involucrada en el despojo, explotación y destrucción territorial, 15 del gobierno estatal y 13 del gobierno municipal.

Del total de agresiones, 24 fueron asesinatos de defensores de la tierra y el territorio. A ello se suma que 54 por ciento de los ataques se cometieron contra integrantes de comunidades indígenas que defendían su territorio de proyectos extractivistas, especialmente del sector minero.

Los estados con mayor número de agresiones fueron Oaxaca, con 34 casos; la Ciudad de México, con 27; Chihuahua, con 21; Jalisco, con 20, y Chiapas, con 19.

«2022 fue el año más violento que nos ha tocado documentar desde el 2014. Es hora de repensar al Estado y su actuar con el fin de construir entornos más seguros para lxs guardianxs de la Tierra que resisten al despojo en nuestro país», señaló el Cemda al publicar su informe.