Ciudad de México | Desinformémonos. Los gobiernos federal y estatal de Guerrero incumplen los acuerdos a los que se comprometieron el 7 y 8 de junio de este año para garantizar el derecho a la alimentación, salud, educación y vivienda digna de las familias damnificadas tras el desastre natural sucedido en septiembre de 2013 por las tormentas Ingrid y Manuel, denunció el Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña de Guerrero.
“No han entregado maíz y frijol en esta tercera etapa con el argumento de que los recursos son insuficientes”, señaló el Consejo. De acuerdo con el gobierno, no existen los recursos suficientes y por ello no puede garantizarse el compromiso asumido en junio en la Secretaría de Gobernación.
Explicó que con Manuel e Ingrid inhabilitaron sus tierras de cultivo y varias comunidades aún viven en lugares de alto riesgo ante la desatención de las autoridades para cumplir con los planes de reubicación de acuerdo a los dictámenes de Protección Civil del Estado.
Por otra parte, denunció que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se han desentendido de la población damnificada y se han hecho cómplices de las empresas que recibieron sumas millonarias para construir las viviendas, además de que “dejaron a medio construir varias casas y otra gran parte sólo dejaron algunos carros de arena y una centena de blocs”.
El Consejo de Comunidades Damnificadas tiene un censo de 4 miñ 600 viviendas que sufrieron daños totales y parciales y que la misma SEDATU registró en su base de datos para programar su construcción, sin embargo, los funcionarios de esta dependencia han evadido su responsabilidad dando un trato discriminatorio a las familias indígenas damnificadas, señaló.
Ante este panorama adverso, el Consejo ha emplazado al gobierno federal y estatal para que cumpla a cabalidad con la entrega de granos básicos a más 16 mil familias indígenas de la Montaña. Además, demandan a la SEDATU que atienda de manera prioritaria a las familias que siguen viviendo en casas semiderruidas para que se cumpla con el compromiso de construir las viviendas que desde septiembre de 2013 están inhabilitadas. Las familias no cuentan con una vivienda digna a causa del fraude descomunal causado por las empresas constructoras que siguen gozando de impunidad, concluyó.
