«Somos un pueblo vivo que proyecta al futuro. Cada vez son más las personas que reivindican su identidad o que están volviendo a hacer sus ceremonias y entendemos que este conflicto elevó el grado de resistencia y de dignidad de nuestro pueblo», afirma Daniel Loncon, integrante de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Daniel es mapuche oriundo de Cushamen, en el noroeste chubutense, a pocos kilómetros del escenario del principal conflicto actual por el territorio donde desapareció Santiago Maldonado.
El pueblo mapuche, cuenta a Tiempo, es preexistente a la constitución de los Estados nación y por tanto, quedó dividido en dos jurisdicciones políticas: Chile y Argentina. Si bien es muy difícil de establecer cifras exactas, se considera que hay alrededor de dos millones de mapuches entre ambos países. La mayoría quedó del lado chileno.
–¿Cómo es la relación de la comunidad con el Estado argentino?
–A partir del reconocimiento que marcó la reforma constitucional del ’94, que plantea la preexistencia étnica y cultural, el pueblo mapuche ha ido proponiendo una agenda de prioridades. En esa agenda el tema excluyente es el territorial. Aquí en Chubut la conflictividad es por la posesión y la propiedad de la tierra. Son conflictos con terratenientes, empresas extractivas de corte minero o petrolero y, en menor medida, con el Estado.
–¿Y qué es la reafirmación territorial de derechos en la que se enmarca el conflicto del Pu Lof de Cushamen?
–Esto empieza en 2015 y, en el caso de Cushamen se dice Pu Lof porque Pu es plural y son varias las comunidades que recuperaron ese espacio territorial que esgrime como propio la multinacional Benetton. El conflicto tuvo sus idas y vueltas pero se profundizó en 2016. Hubo un quiebre que consistió en una agudización de la criminalización en la parte judicial. Eso se ve no solo con el lonko (cacique) Facundo Jones Huala, que estuvo preso tres meses, sino también con el armado de causas por delitos que son tipificados como no excarcelables. Lo que advertimos es que la forma de sacar a las personas de su territorio es judicializando su caso. Y también con la represión y el hostigamiento de las fuerzas de seguridad que llegó al punto máximo con la desaparición de Santiago Maldonado.
–¿Cómo interpretan el discurso del gobierno sobre los mapuches?
–Creemos que el gobierno está buscando un enemigo interno y la ministra Patricia Bullrich lo dijo claramente. Para ella, el pueblo mapuche es un problema para la seguridad nacional. Si se analizan los once principios de propaganda de Goebbels vemos que se cumplen a la perfección, alineando a los grupos hegemónicos de comunicación. Lo entendemos como una alineación de la corporación mediática con el poder económico. Porque Benetton no es una empresa cualquiera, maneja mucho capital e influencia política. El fiscal de Chubut le dijo en una de las audiencias del año pasado al representante de Benetton que su empresa tenía más de diez patrulleros en su estancia protegiendo sus bienes, que los sacaban de atender las ciudades aledañas.
–¿Qué es la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)?
–Como lo explicó Jones Huala, en nuestra comunidad hay muchas expresiones de resistencia. Algunos prefieren la vía diplomática, pero también hemos sido testigos de nuestros abuelos que se han muerto yendo de oficina en oficina buscando la legitimación de sus tierras. El RAM en ese sentido es una expresión del pueblo mapuche cansado de esta injusticia histórica, pero consciente de dónde está el poderío económico que maneja todo esto. Porque la recuperación no se hizo a un vecino, sino a una multinacional. Benetton tiene casi un millón de hectáreas en la Patagonia. Entonces, al que le preocupe la soberanía argentina en Malvinas, que también lo haga en la Patagonia, que está fuertemente extranjerizada.
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